La industria biomédica es uno de los sectores económicos más boyantes e influyentes en las decisiones que los gobiernos toman en Política Sanitaria, marcando las directrices de lo que se investiga, se produce y se vende con criterios mercantilistas. Crece a dos dígitos.

 Mientras buena parte de las bolsas del mundo se desplomaban en marzo, firmas como Gilead con su fármaco Remdesivir, o Moderna Inc. con la vacuna experimental, ven cómo el valor de sus acciones crece como la espuma. Vivimos una guerra “fría” donde las cabezas nucleares son vacunas.

La pandemia de la Covid-19 se ha convertido en la primera causa de mortalidad en el mundo, por encima del cáncer y otras infecciosas como la malaria, además de paralizar la economía mundial. Agencias y gobiernos, industria farmacéutica y capital riesgo, están invirtiendo cifras astronómicas en encontrar una cura. Por ejemplo, una agencia de investigación estadounidense está invirtiendo mil millones de $ en encontrar una vacuna; solo la farmacéutica J&J invertirá 500 millones.

J&J y GSK, las dos grandes, aseguran que las vacunas se venderán a precio de coste “esperando beneficios” más adelante por las probables vacunaciones estacionales. No dicen lo que ganarán en bolsa y en “prestigio” por ser los primeros, pero tampoco restan a ese “precio de coste” las ingentes inversiones públicas que reciben.

En el centro de esto están las patentes, el mecanismo legal por el que los estados privilegian a sus dueños para que exploten en monopolio el “invento” durante una o dos décadas. Siempre que no hagan como con la insulina, pequeñas modificaciones que alargan la patente y el monopolio. No hace falta extenderse en las consecuencias: precios abusivos que dejan a poblaciones sin acceso a los mismos y esquilman los sistemas sanitarios; escasez de medicamentos esenciales sin patente; fraude científico y sanitario (por ej. El tamiflú) y escándalos como el de la talidomida.

Las patentes no tienen nada que ver con la propiedad intelectual ni incentivan la innovación. Las patentes son una mercancía y como tal, tratadas por el sistema capitalista neoliberal. Ejemplo de esto es el famoso medicamento contra la Hepatitis C, el sofosbuvir, que cuesta mil dólares por pastilla pero que se produce por 0.9 €. Pues la empresa propietaria de la patente, Gilead, no desarrolló el medicamento ni invirtió un solo euro en su investigación, sino que compró la patente a otra empresa.

 Las patentes son la forma por la que se privatiza y mercantiliza el conocimiento social. Ningún fármaco se desarrolla sin inversión pública, directa a través de subvenciones, o indirecta a través de los saberes y las tecnologías necesarias. Porque el saber tiene inevitablemente un origen social, colectivo e histórico.

Existe en el imaginario de la izquierda social una división entre lo público y lo privado que en realidad hace décadas que viene desapareciendo. Universidades, centros de investigación y farmacéuticas trabajan codo con codo, a menudo en forma de conglomerados físicos, donde los trabajadores pueden estar legalmente contratados por la empresa trabajando en la universidad con recursos públicos y al revés. Los centros de investigación, paradigmáticos los vascos en el Estado español, funcionan como productores de patentes que, una vez cribadas aquellas con menos riesgo, serán comercializadas por unas pocas multinacionales. Inversión pública y precariedad local, beneficios privados, formula de “colaboración público-privada” impulsada por la ideología neoliberal que lo único que hace es financiar con dinero público el beneficio privado.

Desde la izquierda social se exige que, especialmente en esta crisis, se suspendan las patentes, se controlen los precios, se cree una farmacia pública para garantizar el suministro y la universalidad de los medicamentos y los diagnósticos contra la COVID-19. Estas medidas son un parche, aunque necesario, porque el problema está en la base de la producción científica y la mercantilización del saber en todos sus niveles.

ESK defiende la creación de una Industria Farmacéutica Pública que, mediante planificación democrática, controle la investigación, desarrollo, producción y distribución de los productos farmacéuticos socialmente necesarios.

Para ello, es imprescindible intervenir la actual Industria, realizar auditorías que arrojen luz de en qué y cómo se invierte dinero público en I+D+i, eliminando el sistema de incentivos en investigación biosanitaria, así como el sistema de patentes.

 Es necesaria una profunda reconversión de nuestra manera de abordar la Salud Pública, impulsando y fortaleciendo a la Atención Primaria en su labor de Prevención de la Enfermedad y Promoción de la Salud, abordando con decisión los condicionantes sociales de la enfermedad, invirtiendo en tecnologías y tratamientos socialmente aceptados; donde los intereses privados y los beneficios empresariales de las firmas farmacéuticas no tengan cabida.

Alfredo Caro Maldonado @cienciamundana, militante de ESK

 

Os dejamos también un video que ha realizado tras esta reflexión.

Ayer me hicieron una entrevista fallida sobre las vacunas. No les gustó lo que estaba diciendo, me cortaron y decidieron que no se emitiría. Lo comenté en Twitter y bastantes personas me pidieron que reprodujera lo que había dicho. Y así he hecho.

Seguramente lo he podido hacer más corto, seguro que he metido la pata alguna vez, seguro que me he dejado algo en el tintero, seguro que molestará a alguien... Pero esto es lo que me ha salido.

"Las #vacunas, la vaca esférica de la biomedicina"