El Gobierno Vasco pretende extender a todos los trabajadores y trabajadoras públicas (cerca de 100.000) un Código Ético y de Conducta que ya aplica a sus miembros del gobierno y altos cargos de la administración.
Pretende aplicarnos un Código Ético sin que hayamos participado en su redacción. Un Código, que entre otros muchos aspectos, en el apartado de Conductas y Comportamientos, incluye un punto que nos impide discrepar públicamente de sus decisiones políticas. Un Código que quieren implantar en noviembre, al incluirlo en el proyecto de Ley del Empleo Público.
Después de comunicar la próxima aplicación del código en rueda de prensa, el consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, Josu Erkoreka, agobiado por las críticas ha tenido que salir a dar explicaciones y ha terminado aclarando que no quiere imponer la totalidad del Código a los funcionarios.
EN ESTE MOMENTO, a falta de conocer cuál será la redacción final que se llevará a la Ley del Empleo Público, ESK considera que las intenciones manifestadas por el consejero Josu Erkoreka de aplicar un Código Ético no consensuado, son antidemocráticas ya que ponen en peligro la libertad de expresión de los empleados públicos que representa un pilar en el que se apoya el estado de derecho.
Y queremos dejar claro que ESK se opone frontalmente a la extensión a todo el personal de la Administración Pública Vasca de este Código Ético.
Creemos que con la implantación del Código en estos términos el Gobierno Vasco persigue eliminar cualquier posibilidad de crítica a su actuación, imponer un modelo de gestión de lo público en el que sus criterios sean los únicos posibles. ¿Un modelo de pensamiento único similar al descrito magistralmente en la novela titulada “1984”de George Orwell donde describía un estado policial, asfixiante y dictatorial?
Los jinetes del apocalipsis (gobierno vasco y cinco miembros del comité ético) confunden, interesadamente, la lealtad y defensa de lo público con la defensa de sus ideas y criterios particulares sobre su gestión. Olvidan que la pluralidad, el sano debate sobre actuaciones concretas, además, de contribuir al buen estado de salud del sistema público ayudan eficazmente a su mejora, base esencial de toda conducta ética.
Sin libertad de expresión garantizada, los opositores no podrían haber denunciado irregularidades en la OPE 2015-16, las cuales dejan dudas serias y razonables sobre la igualdad en el acceso a un puesto de trabajo público. Ni se podría criticar abiertamente las decisiones de privatizar servicios aunque ésta opción sea económicamente más cara y le obligue a incumplir sus propios acuerdos… Con este decreto ¿No estará el gobierno vasco condicionando la denuncia y la respuesta laboral y sindical? El año pasado ESK denunció un grabe ataque a la libertad sindical, cuando obstruyeron la comunicación electrónica con la plantilla ¿sería un ensayo de lo de ahora? ¿Es esa una postura ética?
Por todo ello, ESK exige al gobierno vasco la retirada inmediata de este proyecto contrario a los principios democráticos y a las libertades individuales de cualquier persona y deja al descubierto las actitudes impositivas y dictatoriales de este ejecutivo.
ESK animará desde la unidad sindical a la participación de los trabajadores y trabajadoras en cuantas acciones y movilizaciones sean necesarias para defender la pluralidad y la libertad de expresión en nuestra administración.