Los sindicatos con representación en el sector de Intervención Social de Araba nos hemos movilizado para apoyar a las compañeras y los compañeros de Sansoheta y denunciar el abandono de los servicios por parte de la Diputación Foral de Álava.

 

 

Es indispensable que Diputación ponga a disposición de las empresas gestoras instalaciones adecuadas, la dotación de personal suficiente y se implique en hacer una reorganización de los recursos de atención residencial según establece el decreto 131/2008.

Según el Artículo 104 de la Ley 3/2005 de Atención y Protección a la Infancia y a la Adolescencia, son las Diputaciones Forales, las Administraciones Públicas responsables de la gestión directa o indirecta, de los recursos de acogimiento residencial así como de su autorización, inspección y evaluación. Lo incumple sistemáticamente dejando en manos de empresas privadas la gestión de nuestros servicios sociales, con el objetivo principal de abaratar costes, y no ejerciendo como le corresponde un control exhaustivo de las condiciones en las que se gestionan dichos servicios.

Sansoheta, es un centro dirigido a adolescentes con problemas de conducta. La realidad es que se atiende a menores con problemas graves de conducta y según el decreto 131/2008, los menores con problemas de conducta graves no pueden ser atendidos en centros de más de 10 plazas. Sansoheta tiene 24 tras la reestructuración de hace unos años y el decreto se incumple de manera total y absoluta. La responsabilidad de dicho incumplimiento es única y exclusivamente de la Diputación Foral de Álava y es una de las principales causas de lo que está ocurriendo a día de hoy en el centro Sansoheta.

Desde hace meses, los y las trabajadoras vienen denunciando la situación que padecen: saturación del centro, servicio y atención inadecuada a menores en situación de especial vulnerabilidad, modelo en el que se hace convivir en macrocentros a menores con problemáticas muy diversas, generando un aumento de la conflictividad y multitud de agresiones verbales y físicas tanto entre menores, como de éstos hacia el personal educativo. El actual modelo de atención no cubre las necesidades de los menores y es necesario reorganizar los recursos de atención residencial de manera urgente.

Las consecuencias de las políticas institucionales, por tanto, las están sufriendo los y las menores a las que la Diputación Foral de Álava no está protegiendo de manera adecuada ni mucho menos y las personas trabajadoras, que sufren una absoluta falta de seguridad y no disponen de herramientas que permitan una intervención educativa adecuada. La calidad de la atención no se puede garantizar cuando ni siquiera se cubren las bajas laborales de los distintos miembros del Equipo.

La desidia y el abandono de la institución es inaceptable. Dicho abandono se observa en la situación de las instalaciones del centro, que fruto de los múltiples destrozos que se han ido produciendo están en unas condiciones que ponen en duda su habitabilidad. Las medidas de seguridad y salud, prevención ante incendios, evacuación, etc. se incumplen sistemáticamente. El estado de las instalaciones es la consecuencia del mal diseño de los servicios.

No se está garantizando el carácter eminentemente educativo de la intervención, con vistas a favorecer la plena integración social de los menores y crear contextos que les proporcionen protección, confianza, seguridad y estabilidad. Se están vulnerando sistemáticamente los derechos de los menores conviviendo grupos de edades y perfiles que deberían estar en otro tipo de recurso más especializado, y de los de los trabajadores que han pasado de ser referentes en la educación e integración de estos chavales a ser la diana de todas sus frustraciones, llenando las páginas de nuestros periódicos.

Exigimos que se tomen medidas urgentes y que se cumpla lo que establece el Decreto 131/2008, a pesar de que consideramos que es necesario ir más allá y pedir la revisión de este y del resto de leyes, con criterios técnicos y principios de calidad de la atención, , y una mayor dotación de profesionales para garantizar una atención segura, educativa y de calidad, aumentando el número de profesionales y reforzando los perfiles profesionales técnicos en todos los momentos que sea necesario. Sólo el diseño de servicios y programas que generen oportunidades y bienestar a las personas en situación de especial vulnerabilidad ayudará a superar esta situación, y ese diseño pasa por una apuesta inequivovamente educativa y por la disposición de todos los recursos que sean necesarios por parte de la Diputación Foral de Álava.

Los sindicatos ELA, CCOO, LAB, ESK y UGT tenemos claro que lo que está ocurriendo en Sansoheta es consecuencia de la negligencia institucional, por eso nos hemos movilizado hoy 12 de diciembre, para apoyar a los y las compañeras del centro y exigir respuestas urgentes.

Pero, además, sabemos bien que lo que está ocurriendo en Sansoheta es el reflejo del abandono del conjunto de los servicios sociales por parte de la Diputación Foral de Álava y del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, por lo que con el objetivo de realizar un análisis más global, convocaremos a todas las trabajadoras del sector a una asamblea a finales del mes de enero.

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