El próximo 29 de marzo entra en vigor la LEY DEL SISTEMA VASCO DE GARANTÍA DE INGRESOS Y PARA LA INCLUSIÓN (LSVGII), que supone la derogación total de la actual legislación de la RGI, PCV, Convenios de Inclusión Activa y AES, que estaba en vigor desde 2008.

 "Creemos firmemente en que el tiempo de los modelos de rentas mínimas condicionadas y garantizadas ha llegado a su fin. Son más de 3 décadas en Euskadi e incluso de 4 en algunos países europeos, experimentando con estos modelos, y obteniendo, en todos los casos, un resultado común: no son capaces de acabar con la pobreza."

EL GOBIERNO VASCO NO QUIERE ACABAR CON LA POBREZA

Tenemos que reconocer, de entrada, que esta nueva ley, tuvo un paso por el Parlamento Vasco, que le ha dado una legitimidad social que no se merece. Sólo el PP y VOX votaron en contra de ella en el Pleno celebrado el 29 de diciembre, mientras que ELKARREKIN/PODEMOS-IU votó a favor y EH BILDU se abstuvo. Desde ARGILAN-ESK hicimos todo lo que estaba en nuestra mano para convencer a estas organizaciones políticas de izquierda que debían oponerse con fuerza a la nueva ley, presentando una enmienda a la totalidad o, cuando menos, votando en contra; pero pudo más el posibilismo y las presiones institucionales, que nuestros argumentos y los de quienes estaban y han seguido estando en contra, como la mayoría de los sindicatos vascos y los movimientos sociales que luchan contra pobreza y la exclusión.

ARGILAN-ESK rechazamos la LSVGII por tres tipos de razones:

En primer lugar, porque es una ley continuista del modelo de lucha contra la pobreza implantado por el Gobierno Vasco desde 1989, basado en rentas condicionadas, cuya concesión está repleta de requisitos, obligaciones y controles, que impide que llegue a todas las personas en situación de pobreza. Esto nos confirma algo que venimos diciendo desde hace muchos años: el Gobierno Vasco no quiere acabar con la pobreza.

En segundo lugar, porque nos han vendido las bondades de la nueva ley a base de medias verdades y mentiras.

• La rebaja de la edad para tener derecho a la RGI, desde los 23 años actuales a los 18, sin explicar la letra pequeña de la gran cantidad de condiciones que deberán reunir las personas a partir de los 18 años para poder percibir la RGI.

• La reducción de los 3 años de empadronamiento a 1, que sólo afectará a las familias con menores o discapacitados.

• La eliminación del límite de 2 unidades de convivencia por vivienda pudiendo cobrar la RGI, lo cual se ha cambiado por eliminar el límite, pero recortando todas las RGI de esa vivienda un 15%.

• La nueva forma de calcular la RGI, la cual no limita el número de personas máximo a 3, sea cual sea su número real en la unidad de convivencia, y lo que este nuevo método de cálculo supone de mejora de las prestaciones. En este caso, se pretende que nos olvidemos de que, en los Presupuestos del Gobierno Vasco de 2012, se recortó la RGI un 7%, que no se ha vuelto a recuperar a lo largo de los más de 10 años transcurridos; y, sobre todo, se eliminó la indiciación de la RGI con el SMI. Con un SMI como el de 2023, de 1.260 € en 12 pagas, las RGI de una UC1, alcanzando el 88% del SMI, de una UC2, con su 113% del SMI, y de una UC3 o más miembros, llegando al 125%, serían indudablemente mucho mejores que las de la nueva Ley. Y no digamos nada las de las personas pensionistas, que alcanzarían el 100% del SMI, para una UC 1, el 125% del SMI para una UC2, y el 135% del SMI para una UC3 y +.

• La promesa de mejorar la empleabilidad de la gente perceptora de la RGI, la cual pasa por un incremento, como también ha ocurrido en el pasado, de la burocracia, los controles y el cambio de nombre de los diversos organismos, que ahora se llamarán EBEI (Escala Básica de Empleo e Inclusión) y PIPEI (Programa Integrado y Personal de Inclusión), sin que puedan hacernos creer que un organismo como Lanbide vaya a ser capaz de mejorar, en casi nada, la empleabilidad.

• Otra promesa, como la mejora de la solicitud de la prestación, abierta totalmente a la presentación telemática, sin obligación de solicitud presencial, con la posibilidad de declaración responsable para aquellos datos no interoperables, con un control muy riguroso de su veracidad y unas consecuencias muy gravosas cuando contenga errores, que no fraudes. ¿En qué se va a quedar esta promesa? Por de pronto, que la Ley aumenta de 2 a 3 meses el plazo para resolver las solicitudes. Y más allá de esto que se incrementan, en lugar de reducirse, los controles que actualmente existen

En tercer lugar, porque la LSVGII, supone un salto cualitativo en la implantación de nuevos sistemas de control y punitivos, dentro de Lanbide, como es la creación de unnuevo cuerpo de inspectores e inspectoras de Lanbide, con una plantilla inicial de 25 personas, que tendrán la consideración de agentes de la autoridad en el ejercicio de su actividad inspectora. ¿A qué viene semejante medida, a la que se suma un modelo de faltas y sanciones mucho más punitivo que el actual, cuando el fraude entre la gente perceptora de la RGI es ridículo, inferior al 0,7%? Sólo cabe una explicación política: se quiere estigmatizar a las personas pobres que ejercen su derecho a cobrar la prestación de RGI y PCV.

ARGILAN-ESK creemos firmemente en que el tiempo de los modelos de rentas mínimas condicionadas y garantizadas ha llegado a su fin. Son más de 3 décadas en Euskadi e incluso de 4 en algunos países europeos, experimentando con estos modelos, y obteniendo, en todos los casos, un resultado común: no son capaces de acabar con la pobreza.

Se impone un cambio radical de modelo, que no sólo garantizaría el éxito en la lucha contra la pobreza, sino nos depararía muchos más beneficios en nuestro afán por conseguir una sociedad más igualitaria y donde el empleo no siguiera siendo el centro de todo, cuando ya no cumple el papel de vertebrador social que pudo tener en el pasado. Esa sociedad necesita, para garantizar el derecho a la subsistencia, como derecho primigenio, que sirve de base a todo lo demás, una Renta Básica Incondicional. Es decir, la garantía de que, a todas las personas, sean cuales sean sus condiciones económicas, sus hábitos de vida, sus formas de convivencia con el resto de personas, tendrán un ingreso suficiente para poder llevar una vida digna.