Artículo de Iñaki Uribarri incidiendo en que ha transcurrido ya suficiente tiempo desde la aprobación por parte del Gobierno Vasco de la nueva legislación para la Renta de Garantía de Ingresos de Euskadi, como para realizar una primera valoración sobre la misma.

(artículo publicado en la revista Sin Permiso del 24/11/2024 )

YA TOCA VALORAR LA NUEVA LEGISLACIÓN DE LA RENTA DE GARANTÍA DE INGRESOS (RGI) EN EUSKADI

Lo que va a continuación, es una reflexión parcial, aunque creo que muy importante, sobre cómo debemos enfrentarnos al futuro del modelo de lucha contra la pobreza en Euskadi, puesto en marcha hace 35 años.

Han pasado ya casi dos años, desde que publiqué, en Sin Permiso (25/12/2022), un artículo titulado: “La ley del sistema vasco de garantía de rentas y para la inclusión no pretende acabar con la pobreza y aumentará el control de las personas pobres, con la excusa de que ello legitima socialmente al sistema”. En poco más de año y medio que llevamos conviviendo con esta ley, que entró en vigor el 29 de marzo de 2023, creo que no caben muchas dudas de que, lo que anunciaba aquel título, está resultando acertado.

Es cierto, que no contamos con datos recientes que permitan evaluar los efectos de la pobreza que se puedan desprender de la Ley en vigor, pero podemos asumir que el panorama actual de la pobreza en Euskadi, no se habrá modificado mucho respecto al que expuso la última (EPDS) Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales del Gobierno Vasco, publicada en 2022
 

Llevamos ya suficientes años, en los que hemos tenido coyunturas económicas tanto favorables como negativas, en las que las mediciones de la EPDS, vienen confirmando dos constantes del impacto del modelo de RGI sobre la pobreza: primera, que el combate se centra en la pobreza extrema (la que sufren las unidades de convivencia cuyos ingresos no alcanzan el umbral de rentas del 40% del ingreso mediano existente en la CAV) y que su impacto no supera la bajada de 2 puntos de dicha tasa de pobreza antes de aplicar la prestación de la RGI; y, segunda, que en torno al 30% de las personas pobres no alcanzan a entrar en el sistema de la RGI y que un poco por encima del 50% de quienes si acceden al mismo, manifiestan que siguen siendo pobres.

Manifestar, por tanto, que la nueva Ley 14/2022, que se ha implantado el año pasado, visto su articulado, no aspira a acabar con la pobreza, no debiera parecer ninguna exageración.

Más control de las personas pobres para legitimar el sistema

Desde mi punto de vista, es más importante, por lo que implica de novedoso y, sobre todo de conducta política del Gobierno Vasco, lo que se sigue diciendo en el título de mi artículo de hace 2 años: aumentará el control de las personas pobres, con la excusa de que ello legitima socialmente al sistema.

En el manifiesto de ARGILAN-ESK publicado recientemente, se exponen los datos extraídos de las estadísticas mensuales de las unidades de convivencia perceptoras de la RGI, en los que se puede comprobar la existencia de dos tendencias totalmente contrapuestas: Mientras ha aumentado, desde la entrada en vigor de la nueva Ley 14/2022, y el Decreto 173/2023, que desarrolla la regulación de la RGI, desde el 1 de enero de 2024, las UC perceptoras, entre las 49.492 del mes de enero de 2023 y las 57.702 del pasado mes de octubre de 2024 (8.210 UC perceptoras más, que suponen un incremento del 16,57%), la disminución de las UC perceptoras que comparten vivienda con otras UC, ha retrocedido desde 15.110 en enero de 2023 a 9.226 en octubre de 2024 (5.884 UC menos, que suponen una caída porcentual del 38,94%).

Las viviendas multiunidades de convivencia son la bicha para el PNV y el PSE-PSOE desde hace mucho tiempo, porque, como gestores de prestaciones sociales como la RGI y otras, siempre las han visto como los nidos del fraude de la gente perceptora. Cuando en 2018, presentaron el primer borrador de Ley de RGI que tenía que sustituir la ley 10/2008, que estaba en vigor, y que, por cierto, había reducido el número máximo de RGI por vivienda a 2 (antes no existía este límite), propusieron un modelo que impedía la existencia de más de una UC por vivienda, salvo excepciones transitorias. Aquel borrador, hubo de ser abandonado por el rechazo unánime que obtuvo entre las organizaciones de la sociedad civil. Todo el mundo sabía entonces, igual que lo sabe ahora, que el hecho de que, en una misma vivienda, deban convivir unidades de convivencia sin ningún lazo familiar, es una estrategia necesaria de aquellas personas que carecen de ingresos suficientes para alquilar un piso ellas solas. Entre esas unidades de convivencia, se detecta un importante nivel de pobreza y, lógicamente, de solicitudes de la RGI.

En la serie histórica de las estadísticas mensuales de UC perceptoras de la RGI que publica Lanbide el porcentaje UC que comparte vivienda, ha venido estando, hasta el año pasado, en torno al 30%. En 2024 ha bajado, hasta alcanzar la cifra del 16% en octubre. ¿Qué ha hecho posible este cambio radical? Llevar a la práctica la opinión que recojo en esta cita literal de una comunicación de Lanbide a la que he tenido acceso a través de una asesoría de ARGILAN-ESK: “La experiencia en la gestión de la RGI nos decía que hay una sobrerrepresentación de unidades de convivencia unipersonales, respecto a la realidad sociológica. Así, un 63% de los expedientes de RGI corresponden a unidades de convivencia unipersonales, cuando los datos estadísticos sobre los tipos de familia en Euskadi cifraban el porcentaje de familias unipersonales en torno al 28%.

El trasfondo de todo esto es que pudiera haber parejas que a efectos del acceso a la RGI se presentan como unidades de convivencia diferenciadas, ya que resulta más beneficioso percibir dos prestaciones UC1 que una UC2. La realidad además era que, ante sospechas e indicios fundados, que terminaban en sede judicial, la carga de la prueba de la existencia de una relación de afectividad recaía en Lanbide, siendo muy difícil de probar, y perdiendo consecuentemente, muchas sentencias. Por eso, se decidió regular en la nueva Ley la relación análoga a la conyugal, que establece la posibilidad de hacer una presunción de la existencia de una relación análoga a la conyugal en determinados casos, dejando el peso de la carga de la prueba en contrario a las personas perceptoras”.

¿Cómo está llevando a la práctica Lanbide la anterior orientación?

Aplicando, sin que le tiemble el pulso jamás, el art.28.2 de la Ley 14/2010 sobre la relación análoga a la conyugal:

2. Salvo prueba en contrario, se presumirá la existencia de relación análoga a la conyugal cuando concurra cualquiera de las circunstancias siguientes:

a. Convivencia al menos de dos años, ininterrumpidos o no, dentro de los cuatro últimos.
b. Descendencia común de las personas convivientes.


<< Ahora vienen por mí, pero es demasiado tarde>> (Bertolt Brecht)

Me he alargado explicando uno de los casos que más nos están llegando a las asesorías de ARGILAN-ESK y que están dando lugar a situaciones gravísimas para personas que no tienen capacidad financiera alguna de vivir sin recibir su RGI mensual. Estas y estos perceptores, ven su RGI extinguida, normalmente son imputados como deudores de cobros indebidos que tienen que devolver por los meses en que han convivido como UC independientes en la casa y, cada vez más probablemente se ven penalizados con uno o dos años sin poder solicitar la RGI, al ser considerados responsables de cometer fraude, ya que en la Declaración Responsable que entregaron para solicitar su RGI declararon que eran UC1.

Cuando el Buzón de Comunicaciones Antifraude de Lanbide empiece a funcionar, si no conseguimos evitarlo, casos como el arriba explicado y muchos otros que se les puedan agregar a las personas más vulnerables entre las perceptoras de la RGI (ver el Manifiesto de Argilan-ESK), se van a ir materializando.

El GV, es decir, el PNV y el PSE-PSOE, saben que esto va a ser así. Lo han sabido desde que diseñaron el cambio legal de la ley de la RGI de 2008, pero hicieron una opción consciente, que responde a una estrategia política. Sabedores que el modelo de rentas mínimas condicionadas, en el que se sustenta la RGI, no da más de sí para combatir la pobreza, no precisamente residual, que tenemos en Euskadi, necesita contar con una legitimación social que ya no puede venir de ningún éxito de rebaja de la pobreza. Sólo puede venir del lado más reaccionario: de legitimar que lo que se está haciendo está bien, pero que existen colectivos sociales que se aprovechan metiendo la mano en una RGI que no les corresponde. Son estos los colectivos a los que hay que controlar, descubrir y reprimir.

Entre los partidos políticos de oposición que votaron la Ley 14/2022 en diciembre de hace dos años, Podemos, ya sin representación en el actual Parlamento Vasco, lo hizo a favor, porque consiguió rebajar la edad del derecho a la RGI desde los 23 a los 18 años. EH Bildu, en lugar de votar en contra, tal como repetidamente se lo propusimos ARGILAN-ESK, se abstuvo. El otro día, nada más conocerse la noticia del lanzamiento del Buzón, salió criticando esta iniciativa y pidió su retirada, insistiendo en un argumento que sólo tiene sentido si no quieres ser muy duro y contundente contra el PNV y el PSE-PSOE. Dijo que este es un procedimiento propio de la derecha y de la extrema derecha. Ya vemos que esto es falso.

Que los partidos del GV no tengan miedo de utilizar este tipo de tácticas, no solo el Buzón, sino el control y la persecución de colectivos a los que quieren echar del sistema de la RGI, y que, para ello no les importe lo más mínimo llamar al apoyo de la ciudadanía, nos interpela profundamente a la gente de izquierdas. Porque, en Euskadi, el PNV y el PSE-PSOE no le tienen miedo a la derecha y a la extrema derecha, sino que no nos tienen el más mínimo respeto a las gentes de izquierda a la hora de disputarnos las mayorías sociales. Se aprovechan de que, cada vez peleamos menos por los valores de izquierdas. Y ello, aunque la cuenta de los votos y el peso institucional pueda ir bien.

Ya sabemos que estar del lado de los sectores pobres, marginados, inmigrados, racializados, feminizados…, que son minoritarios, no nos va a resultar fácil, pero sinceramente creo, que esta es la batalla en la que nos han metido quienes apoyan la nueva legislación de la RGI. O somos capaces de generar una contundente y continuada solidaridad con ellos y ellas, más allá del Buzón de Comunicaciones Antifraude de Lanbide, o nos arrepentiremos cuando seamos conscientes de que estamos perdiendo parte de nuestra alma de izquierdas y preparándoles el camino por el que podrán a venir más adelante contra nosotras y nosotros.

Iñaki Uribarri

(miembro de ARGILAN-ESK, plataforma del sindicato ESK contra la pobreza y la exclusión social)