Manifiesto de repulsa ante la puesta en marcha del buzón anónimo antifraude de Lanbide

Lanbide ha decidido implantar, a bombo y platillo, un BUZÓN DE COMUNICACIONES ANTIFRAUDE EN LÍNEA, instalado en su página Web, de facilísimo acceso y ningún riesgo, porque quienes lo usen no serán identificados, destinado a recoger la información sobre fraudes en la RGI y en el IMV.

FUERA EL BUZÓN DE COMUNICACIONES ANTIFRAUDE DE LANBIDE

Hasta ahora, hemos escuchado críticas a Lanbide, desde dos puntos de vista: uno, que podemos considerar moral, que ha puesto de relieve que el método del buzón clandestino, es una aberración, puesto que sólo va a conseguir una estigmatización mucho más elevada que la ya existente, contra la gente más vulnerable y pobre de nuestra sociedad, que es la que necesita las prestaciones de RGI e IMV. Se ha insistido, desde este ángulo de crítica, que quienes van a estar en la diana de las denuncias de fraude van a ser, la gente inmigrante, las mujeres monomarentales, las personas jóvenes que comparten pisos, etc. Y también, se ha considerado denigrante que el PNV y el PSE-PSOE, hayan tirado de una herramienta como esta que es típica de la derecha y de la extrema derecha.

El otro punto de vista es el de quienes han afeado al Gobierno Vasco, la puesta en marcha de esta medida, cuando en la CAV, durante 35 años de historia que tiene la RGI, que nació como IMI (Ingreso Mínimo de Inserción) en 1989, nunca se ha considerado que haya existido un nivel de fraude estimable del que habría que preocuparse (jamás ha superado la cifra del 0,7%) y siempre se ha defendido que la gestión de Lanbide, en ocasiones arropada por las inspecciones de la Ertzaintza a los domicilios de las personas perceptoras, eran instrumentos suficientes para garantizar que la RGI llegara a quienes debía llegar.

La nueva Ley 14/2022, que ha pasado a regular la RGI desde el 29 de marzo de 2023, junto al Decreto 173/2023, que ha establecido el reglamento que está en vigor desde el 1 de enero de este año, han dotado a la nueva legislación de la RGI, de un arsenal de medidas de inspección y control impresionantes: un cuerpo de inspectores e inspectoras compuesto por 19 personas, que jamás había existido hasta ahora; controles bienales cuya tramitación dura nada menos que 6 meses; revisiones exhaustivas de las declaraciones responsables que efectúan obligatoriamente las personas solicitantes y cuyos simples errores dan lugar al rechazo de la solicitud y si el rechazo no se ha producido, a la posterior suspensión o extinción de la RGI, acompañada de una penalización de uno o dos años sin poder volver a solicitarla.

No hablamos por hablar, en las asesorías de ARGILAN-ESK de Gasteiz y Bilbao, jamás habíamos conocido un ensañamiento de Lanbide contra determinados tipos de perceptores/as (antes los hemos citado). Cada vez nos llegan más casos que machacan a personas perceptoras que no saben cómo reaccionar y que les llevan a enfermar.

Desde nuestro punto de vista, las dos visiones críticas que hemos descrito anteriormente son absolutamente verdaderas, pero consideramos que no dan en el clavo a la hora de proponer una explicación que ayude a entender por qué el GV ha decidido echar mano de un arma que se puede calificar, por un lado, de innecesaria y, por otro de alto riesgo. Para nosotros la razón está en que, más de año y medio de balance de la nueva legislación de RGI, activada en abril del año pasado, los datos con los que contamos, que son las estadísticas mensuales de la RGI que elabora Lanbide, dicen que esta reforma no va como debiera.

• En primer lugar, y a pesar de la existencia del IMV, que llega a más de 20.000 personas en la CAV, la RGI no deja de crecer. En enero de 2023, antes de entrar en vigor la nueva legislación, las UC perceptoras eran 49.492. En enero 2024 han subido hasta 57.065 (un 15,4% más que un año antes) y en octubre pasado, último dato existente, todavía ha ido hacia arriba con 57.702 UC perceptoras (16,7% de incremento sobre enero 2023).

• Ese crecimiento, no ha ido hacia las UC de más miembros, como prometían los defensores de la nueva ley, sino a la UC de uno y dos miembros. En enero 2023, estas UC1 y UC2 eran 40.579, y han subido, en enero 2024 a 45.974 y, en octubre 2024, a 46.896. Si, en enero 2023, antes de la nueva ley, alcanzaban un 82,1% de todas las UC perceptoras, en octubre 2024 están en el 81,3%.

• La modalidad de RGI complemento de trabajo, al eliminarse el máximo de 3 años de cobro, y convertirse en permanente, ha pasado en octubre 2024 a ser el 21,3% del total de UC cuando no solía superar el 17% que alcanzó en enero de 2023. Es por esto, por lo que se va a imponer un cambio de la fórmula de deducción de importes del salario para restarlos de la RGI máxima, que existía desde 2001, que perjudicará mucho a las UC1 y UC2, que son las muy mayoritarias, ya que suponen esos porcentajes superiores al 80 % comentado en el párrafo anterior. De esta forma el GV obtendrá un ahorro indudable pues, aunque diga que busca que se activen laboralmente personas beneficiarias de la UC de más miembros, es un puro camelo, pues son una minoría.

• Y, por último, hay que aludir a las UC malditas a efectos del GV, a las que está machacando sin piedad y sobre las que está cargando las inspecciones de la Ertzaintza y los controles, en muchos casos ilegales, del cuerpo de inspección realizados sobre sus expedientes. Se trata de la UC que conviven con otras en una misma vivienda. En enero de 2023, esas UC eran 15.110 (30,6% del total de UC perceptoras); subieron en enero 2024 hasta 18.772 (32,9%) y han descendido en octubre de 2024 a 9.226 (16%). ¿Qué explicación puede tener el hecho de este enorme retroceso de estas UC, que el sentido común nos dice que es el que representa a más personas sin recursos, que se ven obligadas a vivir en un mismo piso porque no pueden pagar un alquiler en solitario? Sencillamente, que Lanbide les está haciendo la vida imposible, desde el papeleo de los contratos de arrendamiento hasta las continuas visitas de la Ertzaintza, que realiza sus atestados dando validez a lo dice cualquier vecino o vecina, frente a lo que dicen y prueban documentalmente las personas perceptoras.

Llevamos muchos años resistiendo las ilegalidades de Lanbide, urdidas políticamente en el seno del GV, a la hora de enfrentarnos a la gestión de la RGI (ahora hay que sumar al IMV). Sabemos que cuando las cosas no le salen como lo tenía previsto para encajar sus presupuestos, aunque sea en leyes tan recientes, está dispuesto a retorcer la ley a través de una gestión diabólica para salirse con la suya. En estos momentos, se está inaugurando una de esas nuevas etapas que nos va a exigir pelear con el máximo de unidad y solidaridad hacia la gente más perjudicada.