El próximo 22 de diciembre el Parlamento Vasco aprobará, con los votos a favor del PNV, PSE, ELKARREKIN/PODEMOS-IU, la abstención de EH Bildu y el voto en contra del PP y VOX, el Proyecto de Ley del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión que reforma la actual ley de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI). 

Desde el inicio de la crisis financiera conocida como la Gran Recesión (2009-2013) y la asunción de la gestión de la RGI por parte de Lanbide a final de 2012, se produce un empeoramiento muy notable de la política de pobres del Gobierno Vasco: cambio legal en 2011 de los años necesarios para ser perceptor/a de la RGI, pasando estos de 1 a 3; profundización de la contraprestación de la empleabilidad, reduciendo el rechazo de ofertas de empleo de 3 a 1; eliminación de la indiciación de la RGI que estaba establecida en el 88% del SMI (Salario Mínimo Interprofesional), así como reducción de su importe en un 7%, desde los Presupuestos del GV de 2012, rebaja que no se ha revertido desde entonces; desastroso funcionamiento administrativo de Lanbide que convierte el derecho subjetivo de la RGI en papel mojado. Sin embargo, no nos podemos dejar engañar: los problemas que generan las carencias que viene manifestando permanentemente la política de pobres del gobierno vasco, tienen carácter estructural y provienen del modelo de rentas mínimas condicionadas y garantizadas implantado hace más de 3 décadas.

¿Cuáles son las tres carencias fundamentales a las que me acabo de referir en el párrafo anterior?

1ª. La Incapacidad de acabar con la pobreza. El Gobierno Vasco se llena la boca diciendo que su modelo de lucha contra la pobreza es un modelo de éxito, a pesar de que sus propios datos le contradicen. La EPDS (Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales) que realiza el Órgano Estadístico Específico del Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, demuestra que, a pesar del impacto positivo en la reducción de la pobreza más severa, su incapacidad de acabar con la pobreza es manifiesta porque, según la EPDS 2020 (última existente): el 29,8% del colectivo de personas en riesgo de pobreza no accedían a la RGI y, de las que sí accedían, el 53% seguían siendo pobres.

2ª. La falacia del doble derecho subjetivo. El doble derecho subjetivo supone que la política de pobres del Gobierno Vasco garantiza que se tiene siempre derechos independientes a una renta de garantía de ingresos para poder vivir y a determinados medios que promueven la incorporación al mercado de trabajo, la cual proveerá un empleo a quien carece de él.

Nunca han sido independientes ambos derechos. Nunca han estado separados. Por el contrario, cada vez más, sobre todo desde el año 2012, se ha hecho depender el acceso a medios de vida básicos a un deber que se considera fundamental para contar con una ayuda pública. La activación para el empleo se ha convertido en una contraprestación que persigue a las personas perceptoras de la RGI como una inevitable maldición que, por supuesto, no les garantiza, en absoluto el acceso al empleo y mucho menos, a un empleo digno.

3ª. La desconfianza, persecución y estigmatización de las personas pobres. Cualquier modelo de rentas mínimas condicionadas, tiene como cimientos, una multitud de requisitos y obligaciones que deben ser cumplidos para tener derecho a percibir la renta garantizada. Esto genera, de entrada, que la administración que gestiona esta prestación, debe desconfiar de las personas pobres que puedan venir con voluntad de engañar. Ello genera, objetivamente, un estigma para ese colectivo de personas, cosa que no existe, con otros colectivos que demandan derechos ciudadanos a las correspondientes administraciones.

A medida que se perpetua la pobreza, como es nuestro caso, los modelos basados en sistemas de requisitos y obligaciones, se hacen más complejos, aumentando no sólo sus medidas de vigilancia y control, sino también, su carácter punitivo. Y todo esto, para más inri, se justifica como medida necesaria para mantener la legitimidad social del modelo.

Lo que he escrito en los párrafos anteriores, es, desde mi visión, basada en una experiencia de más de 30 años, no sólo luchando contra la pobreza y la exclusión mediante la confrontación social y política ante el modelo existente, sino haciendo trabajo de campo a través del asesoramiento y acompañamiento de las personas solicitantes y perceptoras de los diversos tipos de prestaciones y ayudas sociales que hemos tenido y seguimos teniendo en Euskadi.

Ahora me toca valorar qué se puede esperar de la nueva Ley del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión, con la que vamos a encontrarnos que empezará a ser gestionada por Lanbide a partir de abril del próximo año. Sinceramente, casi nada bueno, manteniendo como elementos de valoración las tres carencias que he señalado en los párrafos anteriores. Lo cual no significa que esta nueva ley no incorpore cambios sobre la actual ley de 2008, pero son cambios que, en absoluto transforman el modelo de rentas mínimas garantizadas y condicionadas, del cual cuelgan las inevitables carencias y problemas; y, no sólo eso, sino que alguna de sus modificaciones va a resultar enormemente lesiva para la gente pobre.

1. ¿Va a acabar con la pobreza? En absoluto porque: Mantiene casi todos los requisitos y obligaciones actuales, lo que impedirá que ese 30% de personas en riesgo de pobreza que no acceden a la RGI, sigan sin poder hacerlo.

Al aumentar el importe de la prestación, es posible que personas perceptoras consigan mejorar sus ingresos y, quizás, dejar de ser pobres. Sin embargo, clama al cielo, que el gasto previsto con la nueva ley vaya a ser de 50 millones de euros y el ingreso que va a conseguir cada año el Gobierno Vasco, vía cupo, por la introducción del IMV (Ingreso Mínimo Vital) se estime en 187 millones de euros.

2. ¿Va a mejorar la empleabilidad de las personas perceptoras de la RGI? No lo creo porque, el problema de aumentar el empleo, no reside, en lo fundamental, en los mecanismos que pueda poner en marcha Lanbide dirigidos hacia las personas perceptoras de la RGI. La experiencia de modelos similares existentes en la Unión Europea, desde hace décadas, es concluyente en este sentido.

3. ¿Va a disminuir el control, persecución y estigmatización de las personas pobres? Todo lo contrario. Por primera vez en 33 años, aparece en la legislación del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión la creación de un cuerpo de Inspectores e Inspectoras de Lanbide, con una plantilla de 25 personas, cuyas funciones y facultades les convierten en una auténtica policía de Lanbide. Sus tareas de control están estrechamente ligadas con la potestad sancionadora, que recoge un régimen de fracciones y sanciones mucho más punitivo que el actualmente existente. No es casualidad que ambas materias formen parte del mismo TÍTULO IV. POTESTAD DE INSPECCIÓN Y POTESTAD SANCIONADORA.

Termino mi tribuna exponiendo la gran decepción que me ha generado la actitud de la izquierda política parlamentaria con respecto a lo que van a votar en el Pleno del Parlamento del próximo día 22. Desde ARGILAN-ESK hemos intentado que ELKARREKIN/PODEMOS-IU y EH BILDU, presentaran, de entrada, una enmienda a la totalidad, como mejor instrumento para definir su territorio de oposición radical al Proyecto de Ley del PNV-PSE. Al no conseguirlo hemos discutido con ambos las enmiendas que, desde nuestro punto de vista, deberían plantear, las cuales, harían inviables cualquier acuerdo, lo que finalmente les llevaría a votar en contra. Lo más sorprendente, en este sentido, me ha resultado la actitud de EH BILDU, quien, en sus 116 enmiendas, que personalmente compartía, planteaba, de hecho, una enmienda a la totalidad. Finalmente, este grupo parlamentario ha decidido abstenerse a pesar de sólo haber pactado 9 enmiendas intrascendentes.

Ambos grupos supongo que habrán tenido razones de mayor trascendencia política, que sinceramente desconozco, para minusvalorar el enorme perjuicio que nos van a generar a quienes vamos a seguir peleando contra esta ley, que en nada mejorará la situación de la gente pobre, el hecho de que PNV y PSE salgan del parlamento con la legitimación que les da sólo haber contado con el voto negativo de la derecha y la extrema derecha.

Iñaki Uribarri

Miembro de ARGILAN-ESK (plataforma de ESK contra la pobreza y exclusión social)