A lo largo de este mes de diciembre se aprobará en el Parlamento vasco la Ley del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión y con ella se pondrá en marcha la nueva legislación que gestionará las prestaciones para la gente pobre en la Comunidad Autónoma Vasca, pero no debemos hacernos ilusiones de que se vaya a producir un cambio a mejor para acabar con la pobreza en nuestra tierra.

TRÍPTICO CAMPAÑA 

Los cambios van a reforzar un modelo de lucha contra la pobreza absolutamente insuficiente, que se basa en:

• La exigencia de una enorme cantidad de requisitos y obligaciones, que deja fuera de poder cobrar las prestaciones a mucha gente pobre. A día de hoy, el 30% de personas en riesgo de pobreza no acceden a la RGI, al no poder cumplir los requisitos que legalmente se exigen.
• Una gestión realizada por Lanbide, muy compleja y agobiante, basada en la sospecha y el control de las personas solicitantes y perceptoras, que con la nueva ley va a llegar hasta el infinito, puesto que se va a crear un nuevo cuerpo de inspectores e inspectoras, que va a funcionar como una auténtica policía de Lanbide, con las más amplias atribuciones, como entrar en las casas de las personas perceptoras y hacer propuestas de sanciones.
• Un régimen sancionador, basado en suspender y extinguir el cobro de las prestaciones de RGI y PCV durante años, ante un tipo de faltas que nada tienen que ver con fraudes, en la gran mayoría de los casos, y que sólo conseguirá que las personas pobres, a las que se les priva de sus prestaciones, sean todavía más pobres.
• El mantenimiento del carácter familiar de las prestaciones, en lugar de su individualización.
• La presión por la empleabilidad llevada a límites absolutos.
• La insuficiencia presupuestaria que lleva a que los ingresos percibidos por la RGI, PCV y AES, sean insuficientes para acabar con la pobreza. Es un insulto que, a pesar de recibir vía cupo, por el IMV, 180 millones de euros, el Gobierno Vasco incremente el gasto con la nueva ley de reforma de la RGI, como máximo, en 50 millones de euros.

SÍ SE PUEDE ACABAR CON LA POBREZA.

Siempre hemos defendido que el norte de cualquier reforma debería ser implantar una ley que acabara con la pobreza en la CAE y que para ello era necesario que dicha ley recogiera, entre otros cambios, los siguientes:

• Eliminar la mayoría de requisitos que impide que las personas en riesgo de pobreza accedan al derecho de cobrar las prestaciones. De modo sobresaliente, habría que:
• Reducir la edad para cobrar la RGI a 18 años, sin aceptar las contrapartidas negativas que ha aceptado Elkarrekin/Podemos-IU.
• Rebajar de 3 a 1 años, para todo el mundo, el requisito de empadronamiento o residencia (bastará con tener uno de ellos) y eliminar, en todos los casos, el año o medio año exigido de vida independiente.
• La empleabilidad, nunca será una contraprestación (obligación) para cobrar la RGI-PCV.
• Establecer una RGI como ingreso individual, garantizando que el mismo nunca estará por debajo del umbral de pobreza existente en la CAE.
• Otorgar a las AES el carácter de derecho subjetivo.
• Eliminar cualquier atisbo de implantación legal de un cuerpo de inspección de Lanbide.
• Impedir que el régimen sancionador se convierta en un instrumento que coadyuve a hacer más pobres a quienes han cometido faltas que no tengan la calificación de dolosas o fraudulentas.

LA RENTA BÁSICA INCONDICIONAL ES LA ALTERNATIVA

Somos conscientes que esta reforma es imparable con la mayoría absoluta del PNV y el PSE que sustenta el Gobierno Vasco. Por eso, mas allá de plantear críticas y cambios sobre el actual Proyecto de Ley, Argilan-ESK y ESK llevamos muchos años luchando por un modelo alternativo, tanto por las carencias de los actuales modelos de subsidios para pobres, como por la buena acogida que tiene la idea a medida que se extiende su conocimiento. Ese modelo es la Renta Básica Incondicional (RBI).

La RBI tiene como objetivo fundamental, garantizar a toda la ciudadanía una capacidad económica que le permita vivir dignamente. Sus atributos son tres: la incondicionalidad, que implica que la RBI se concedería sin ninguna comprobación previa de los recursos, así como tampoco exigiría un determinado comportamiento de las personas beneficiarias; la universalidad, que implica que tendrán derecho a ella todas las personas residentes en la Comunidad Autónoma de Euskadi; y, la individualidad, en cuanto la RBI va dirigida a cada persona individualmente, al margen de con quién conviva.

La RBI, unida a la reforma fiscal que le serviría de cimiento, ayudaría a que consigamos una sociedad en la que exista una distribución más igualitaria de la renta, lo cual traerá de suyo, una sociedad más libre y democrática.

Pobreziarekin amaitu daiteke. Borondate politikoa baino ez da behar.

ANTE LA APROBACIÓN DE LA REFORMA DE LA RGI

ABENDUAK 22 KONTZENTRAZIOA 10:30ean
EUSKO LEGEBILTZARREAN (GASTEIZ)

TRÍPTICO CAMPAÑA 

ARGILAN-ESK
ESK SINDIKATUA