El 28 de junio de este año el TSJPV dio la razón a ESK, anulando los procesos de licitación de cocina, limpieza, lavandería y lencería en el Hospital Alfredo Espinosa de Urduliz. Con anterioridad OARC, órgano administrativo que resuelve los recursos contractuales,  ya había dictaminado que estas privatizaciones incumplían la propia normativa de Osakidetza y dejado en suspensión las licitaciones. 

Es conocida la poca tolerancia a la frustración y el afán del consejero en fragmentar la sanidad pública vasca para venderla después al mejor postor, haciendo ricos a unos pocos a costa de lo que es de todas. Por eso una resolución del OARC no iba a detenerle.

Huelga decir que hasta el momento no ha aportado ningún estudio que demuestre los supuestos beneficios para el conjunto de la sociedad que la privatización de servicios públicos pueda suponer. Por el contrario, cada vez son más los estudios que demuestran el error que supone dejar los servicios públicos en manos del capital. Para muestra los procesos de reversión llevados a cabo en Gales y Escocia en el Sistema Nacional de Salud (NHS) británico y mucho más cerca, en el vecino Sistema Navarro de Salud, Osasunbidea.

Pero el afán del consejero no se limita a licitar servicios esenciales de nuestra sanidad. Siempre innovando en los temas que le preocupan, va un paso más allá y ahora se va a dedicar a defender judicialmente los intereses de las empresas licitantes. Si lo hiciera con su dinero podríamos pensar en un conflicto de intereses, pero es que lo va a hacer, lo está haciendo, con el dinero de todas, y eso nos parece inaceptable.

El 31 de octubre Osakidetza decide interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, con el fin de anular la sentencia que daba la razón a ESK. Acudir a esta instancia supone un gasto mínimo inicial para las arcas de Osakidetza que puede llegar a los 11.200 euros en tasas. 11.200 euros públicos para defender los intereses del sector privado. A lo que habría que sumar los gastos de gestión y procuradores, y en caso de no ser admitido el recurso, las costas del proceso. Todo un suma y sigue que pagamos a escote.

Si retrocedemos un poco en el tiempo, hasta el 24 de septiembre, nos encontramos una nueva licitación. En este caso  para la contratación del servicio de representación procesal en juicio del ente Público Osakidetza. Un millón de euros para contratar a tres procuradores durante dos años, prorrogables por un periodo máximo de otros dos. 

Esta licitación ha quedado en suspenso por un error de trámite, pero deja a las claras la tendencia de la Osakidetza de Darpon a la judicialización hasta la última instancia de todos sus conflictos. Tenemos infinidad de ejemplos; el impago de la carrera profesional, el del complemento de turnicidad, el recurso de casación sobre la privatización de los servicios de Urduliz,...; todo hasta el Tribunal Supremo. Hasta la más pequeña de  las reivindicaciones laborales acaban judicializadas hasta la extenuación. 

No hay problema, Osakidetza paga y de paso, se juega al patadón con los conflictos laborales, ganado tiempo y con un poco de suerte, dejándolos para el consejero que venga detrás. 

En el caso que nos ocupa, el de las privatizaciones del hospital de Urduliz, parece que el señor Darpon se toma muy en serio la defensa de los intereses del sector privado. No acepta la decisión del OARC, tampoco la sentencia del TSJPV y ahora acude al Supremo. ¿Cuándo piensa parar este derroche de fondos públicos, que bien podría dedicar  a otros menesteres? Desde ESK podríamos facilitarle una larga lista de dónde invertir mejor ese dinero. Por ejemplo en contratación de personal para ofrecer mayor calidad asistencial.

Si el consejero quiere seguir defendiendo intereses privados, desde ESK le animamos a que dimita mañana mismo. En la sanidad privada le recibirán con los brazos abiertos.

 

En Euskal Herria, a 12 de diciembre de 2018.