La apuesta del PNV por la privatización de los servicios públicos viene de lejos y la situación de Osakidetza es un ejemplo. Si hace unos meses denunciábamos la privatización de la cocina, lavandería, lencería, limpieza, mantenimiento y TER del hospital de Urduliz, actualmente estamos obligados a denunciar la privatización de la lavandería del hospital de Leza, los servicios informáticos de Osakidetza y la pretensión de privatizar la rehabilitación a la apertura del hospital de Eibar.

Una privatización que supone un gran negocio, en torno a 350 millones de euros anuales, que van a empresas privadas que solo se preocupan por el beneficio. Solo la privatización del servicio de limpieza supone un sobrecoste de 5000 euros por cada persona subcontratada.

Al privatizar, el Sr Darpón adopta una postura autoritaria y antidemocrática, ya que incumple los acuerdos de Mesa General de la Función Pública Vasca y el Acuerdo Regulador de Osakidetza, donde se compromete a no externalizar nuevos servicios e incluso a revertir los existentes.

Unos compromisos que han llevado al Órgano Administrativo de Recursos Contractuales (OARC) a cancelar las licitaciones de la cocina, lencería, lavandería y limpieza del hospital de Urduliz como pedíamos el sindicato ESK.

El PNV se cree que Osakidetza es un batzoki y aborda la privatización sin aportar ningún estudio de impacto económico y de calidad que la justifique. Y no lo hace porque no dispone de argumentos sólidos.

El Sr. Consejero argumenta que desde lo privado también se genera riqueza y empleo. Un argumento que no se tiene en pie: en términos de empleo, estos servicios no generarán más puestos de trabajo por privatizarlos y serán más precarios; en segundo lugar, la generación de "riqueza" de la que nos habla Darpón es en realidad una transferencia de dinero público a la empresa privada, que no solo tiene que cubrir los salarios de la gente empleada, sino que además tiene que arañar un "beneficio". En definitiva, un derroche del dinero de todas las personas contribuyentes.

A pesar de esto, el Consejero de Sanidad adopta una decisión que traerá graves repercusiones para la ciudadanía y para los trabajadores y trabajadoras, ya que actualmente la privatización supone un sobrecoste para las arcas públicas, un deterioro de la calidad y una fuerte precarización del personal.

Por otra parte, por más que se niegue desde Osakidetza, privatizan todo tipo de servicios, incluyendo la asistencia sanitaria directa. Nos parece especialmente escandalosa la situación de Tolosaldea, la única comarca de la Comunidad Autónoma Vasca que no cuenta con un hospital público de referencia, o la hospitalización a domicilio de Uribe y Araba, o la UVI móvil de Tolosa y Elgoibar…

Además, la intransigencia de quienes gestionan Osakidetza, su negativa a buscar una solución negociada que respete los acuerdos de Osakidetza y las resoluciones del OARC les ha llevado a no poder abrir la hospitalización del hospital de Urduliz ya tener que abrir con meses de retraso las Urgencias de dicho hospital. Sabían que la legalidad les impedía abrir estos servicios, pero ha pesado más su soberbia y su afición al esperpento. El retraso ha puesto, una vez más, de relieve su falta de previsión y una nefasta gestión de su personal directivo. Todo un despropósito.

Un retraso que ha supuesto una lesión de los derechos del personal. Unos tuvieron que volver a sus puestos de origen y otros se les concentró en la Urgencia (a pesar de que hasta la semana pasada estuviera cerrada). La mayoría ha visto cómo se les recortaban derechos y mermado su salario por no respetarse las condiciones laborales recogidas en la convocatoria de Comisión de Servicio.

ESK denuncia la gestión de estos piratas instalados en Osakidetza por generar una situación inadmisible que supone un ataque a los derechos del personal y un despilfarro, sin justificación del dinero público. Un ejemplo lo tenemos en las múltiples reinversiones económicas que se están realizando para adaptarlo a las actividades sanitarias reales (llevamos en torno a 1 millón de euros en reformas).

ESK seguirá aportando sus energías, junto al resto de sindicatos del sector, en impulsar una gran movilización con la participación del los trabajadores y trabajadoras de Osakidetza, movimiento asociativo y con los partidos políticos de izquierda para garantizar este derecho.