El pasado 29 de marzo entró en vigor la LEY DEL SISTEMA VASCO DE GARANTÍA DE INGRESOS Y PARA LA INCLUSIÓN (LSVGII), que supone la derogación total de la actual legislación de la RGI, PCV, Convenios de Inclusión Activa y AES, que estaba en vigor desde 2008.

Nota de prensa argilan-esk

 


 "Creemos firmemente en que el tiempo de los modelos de rentas mínimas condicionadas y garantizadas ha llegado a su fin. Son más de 3 décadas en Euskadi e incluso de 4 en algunos países europeos, experimentando con estos modelos, y obteniendo, en todos los casos, un resultado común: no son capaces de acabar con la pobreza."


 

BASTA YA DE PERSEGUIR Y CRIMINALIZAR A LAS PERSONAS POBRES

El pasado 29 de marzo entró en vigor la nueva LEY DEL SISTEMA VASCO DE GARANTÍA DE INGRESOS Y PARA LA INCLUSIÓN (LSVGII), que sustituye a toda la legislación que regulaba, desde el año 2008, la RENTA DE GARANTÍA DE INGRESOS (RGI), la PRESTACIÓN COMPLEMENTARIA DE VIVIENDA (PCV), las AES y, los CONVENIOS DE INCLUSIÓN ACTIVA.

En lo que llevamos de año 2023, estamos asistiendo a la campaña más salvaje y despiadada de persecución y criminalización de la gente pobre perceptora y solicitante de la RGI. Quien la está llevando materialmente a cabo es la Ertzaintza, que se presenta en las casas, transgrediendo, en la mayoría de los casos, la normativa legal destinada a garantizar, como derecho constitucional, la inviolabilidad domiciliaria. La Ertzaintza, no muestra el documento de Lanbide que ampara su inspección; entra directamente en los domicilios, sin solicitar previamente permiso; revisa todas las estancias de la casa, incluidos los cuartos de baño; hurga en las prendas de vestir existentes en los armarios de las habitaciones; realiza preguntas y comentarios improcedentes, más propios de un interrogatorio policial, que de una inspección administrativa; etc., etc.

Aunque la Ertzaintza es el agente ejecutor de esta campaña, el responsable de haberla puesto en marcha es Lanbide. Igual que lo es de las consecuencias que la misma está teniendo sobre las personas perceptoras de la RGI, las cuales, además de tener que padecer el shock que les provocan las inspecciones, ven su RGI suspendida, a veces cautelarmente y otras a posteriori de las inspecciones.

Suspensiones que, en la mayoría de ocasiones son ilegales, pero que llevarán meses para poder demostrar su ilegalidad después de interminables procedimientos administrativos y judiciales. Meses, en los que las unidades de convivencia que malviven con la RGI mensual, se quedan sin ingresos que les resultan absolutamente necesarios para poder sobrevivir.

No sabemos si, con la entrada en vigor de la nueva LSVGII, la campaña de inspecciones a los domicilios por parte de la Ertzaintza va a cesar o se va a mantener. Pero lo que sí sabemos es que la normativa contenida en la nueva ley, está diseñada, no sólo para mantener la actual política de persecución y criminalización de las personas pobres que se ven obligadas a acudir a las prestaciones del sistema vasco de garantía de ingresos, sino para ampliarla y profundizarla. Y ello porque, basándose en la lectura del articulado de la LSVGII, se instaura la obligación de presentar los ingresos cada tres meses;y permanece la potestad de Lanbide de llevar a cabo cualquier tipo de control, en el momento y por el motivo que lo estime conveniente.

Pero, además, los periodos en los que Lanbide debe resolver sus controles y revisiones, se pueden alargar hasta los 6 meses. Si todo lo anterior resulta ya preocupante, lo es muchísimo más, el hecho de que, por primera vez en más de tres décadas de legislación de este sistema de rentas mínimas garantizadas, se haya establecido un nuevo CUERPO DE INSPECCIÓN, que, con una plantilla inicial de 25 personas, está destinado a controlar, inspeccionar y realizar las propuestas de sanciones (por cierto, unas sanciones muchos más punitivas que las existentes hasta ahora) que considere oportunas. Entre sus facultades de inspección, a las que la nueva ley les da naturaleza de agentes de la autoridad, se incluye el acceso al domicilio.

ARGILAN-ESK, estamos firmemente convencidos y convencidas, de que cualquier sistema de lucha contra la pobreza, que recurra a ligar el derecho subjetivo a ingresos necesarios para poder sobrevivir, al cumplimiento de requisitos y obligaciones, que cada vez son más numerosos, optando la administración por la aplicación más represiva, realizando labores de inspección, control y sanción, cada vez más amplios e invasivos de derechos humanos, que deben salvaguardar a todas las personas en nuestra sociedad, también a quienes son pobres.

Es por ello, además de porque en 34 años de existencia del sistema de lucha contra la pobreza existente en la Comunidad Autónoma de Euskadi, este se ha mostrado incapaz de acabar con la misma, por lo que hace muchos años venimos defendiendo que es necesario implantar otro modelo radicalmente distinto. Un modelo basado en una Renta Básica, que se otorgaría a toda la ciudadanía sin condiciones ni obligaciones de ningún tipo, con carácter universal, así como individual. Sólo un modelo de esta naturaleza sería capaz, además de acabar con la pobreza, de superar las maldiciones de persecución y criminalización a las que están sometidas las personas pobres, por el simple hecho de serlo.

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