El 17 de octubre es el DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA POBREZA. El Parlamento Vasco ha hecho coincidir ese día el trámite parlamentario de reforma de la RGI, para que a final de año se vote la Ley del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión (LSVGII). Es una ley continuista de la de 2008, aunque el Gobierno Vasco nos la pretende vender como un avance en la lucha contra la pobreza en Euskadi. No hay nada de eso, introduce más reformas negativas que positivas, por lo que no es demagogia decir que EAJ/PNV y PSE APUESTAN POR MANTENER LA POBREZA.

 

 

Los datos del fracaso de las políticas para pobres de los últimos 33 años en Euskadi, de la Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales (EPDS) de 2020, son las 182.150 personas en riesgo de pobreza, el 8,4% de la población. 54.197 de ellas no están atendidas por el sistema de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), por lo que deja sin cobertura a casi un tercio de la población en riesgo de pobreza. Pero además, la RGI no saca de la pobreza a más de la mitad de las personas atendidas por Lanbide, 67.306 personas.

Un fracaso de más de 3 décadas de las políticas de rentas mínimas garantizadas, a causa de la enorme cantidad de requisitos y obligaciones que se piden para acceder a la RGI, que deja fuera a casi una tercera parte de la gente pobre, y una insuficiente dotación presupuestaria, que impide dejar de ser pobres a más de la mitad de quienes sí perciben la RGI. Esto último se agravó por los recortes que fueron introducidos en la ley de 2008 y que no han sido revertidos por ninguna de las reformas posteriores. Ni tan siquiera tras la creación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) que paga la Seguridad Social, que son 180 millones de euros que recibe el Gobierno Vasco vía Cupo, y que se podrían dedicar a mejorar el importe de prestaciones de RGI y PCV.

Muy al contrario, la ley que se va a votar incluye la creación del nuevo cuerpo de Inspección de Lanbide, auténtica NUEVA POLICÍA DE LANBIDE, destinada a vigilar y controlar a la gente perceptora, a pesar de que el fraude en Lanbide no llega al 1%, y que tiene también entre sus funciones, proponer las sanciones correspondientes.

Si el Gobierno Vasco hubiera diseñado la nueva reforma de la RGI con auténtica voluntad política de terminar con la pobreza, hubiera incluido en el articulado de la nueva LSVGII medidas como las siguientes:

  • Reducir de 3 a 1 los años de empadronamiento y residencia;
  • Rebajar de 23 a 18 los años para ser titular de la RGI;
  • Acabar con el modelo familiar basado en las unidades de convivencia y convertir la RGI en individual;
  • Otorgar a las Ayudas de Emergencia Social (AES) el carácter de derecho subjetivo, como lo son la RGI y PCV, que no se pueden denegar por ley a personas que reúnen los requisitos cuando se ha agotado el siempre escaso dinero presupuestado;
  • Aumentar sustancialmente la dotación presupuestaria garantizando que el importe de la RGI llegue, como mínimo, a cubrir el umbral de pobreza relativa por persona (el 60% del ingreso mediano existente en la CAE);
  • Establecer un modelo de gestión radicalmente distinto al que hoy funciona, con un Lanbide destinado a expulsar a la gente pobre del sistema, al que se la trata, casi siempre, con verdadera aporofobia.

ARGILAN-ESK defendemos que, contra esta nueva ley de reforma de la RGI se impone, que los grupos de izquierdas del Parlamento Vasco planteen una enmienda a la totalidad y que todos los movimientos sociales y las organizaciones sindicales exijamos su retirada y que, en su lugar, se proponga una Ley realmente destinada a acabar con la pobreza.

 

 

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