Denunciamos las tretas de PNV y PSE para reformar el reglamento de la RGI que va a conllevar que parte de las personas más vulnerables vuelvan a ver que su vida se convierte en un pozo de angustia y exclusión social.

«  La aporofobia y la xenofobia  jamás deberían tener cabida en nuestra red de protección social vasca »

El 6 del pasado mes de febrero, BERRI-OTXOAK, el SINDICATO SOCIALISTA DE VIVIENDA DE EUSKAL HERRIAK y ARGILAN-ESK hacíamos una rueda de prensa en Bilbao para informar de que habíamos conseguido que el Tribunal de Justicia del País Vasco nos diera la razón a la demanda judicial interpuesta en el verano de 2024, en la que pedíamos la anulación del art.2.2. del Decreto 173/2023, que establece el Reglamento de la RGI. Mediante dicha sentencia desaparecía el art.2.2. No tendrá la consideración de domicilio el uso sin título válido en derecho de un establecimiento de alojamiento, de una vivienda o de un alojamiento dotacional, sin perjuicio de lo que resulte de la aplicación de las instrucciones técnicas a los ayuntamientos sobre la gestión del padrón municipal en relación con las personas sin domicilio. Sin perjuicio de cualquier título válido en derecho, a los efectos de este artículo se considerará suficiente la autorización para el empadronamiento de una persona emitida por otra residente en el mismo domicilio. Es decir, desde hace 5 meses las personas solicitantes de la RGI no tienen que presentar ningún título legal para demostrar que residen en una vivienda, salvo el empadronamiento.  

Un cambio de tapadillo

El Gobierno Vasco salió en tromba en febrero, para manifestar que reformaría la Ley 14/2022, que regula la RGI, incluyendo en ella, literalmente, el anulado art. 2.2. del Decreto 173/2023. Efectivamente piensa hacerlo a través de la Proposición de Ley de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda, Suelo y Urbanismo que se va a votar para iniciar su procedimiento legal, en el último Pleno del Parlamento Vasco de este curso 2024-2025, hoy 25 de junio.

La modalidad utilizada por los partidos políticos PNV y PSE-PSOE, autores de esta iniciativa legal, en lugar del propio Gobierno Vasco, estrategia que usan quienes son mayoría parlamentaria y gubernamental, para librarse de tener que presentar memorias, como la económica y otras, que siempre resultan comprometidas, supone incluir de tapadillo en la Disposición Adicional cuarta de la nueva ley el texto del anulado art.2.2, estableciendo que, el mismo deberá incluirse en el art.13 (Domicilio) de la Ley 14/2022, que regula la RGI desde el 29 de marzo de 2023, en que entró en vigor.

Vuelta a la exclusión

De esta forma, los colectivos más vulnerables que han podido acceder al derecho a percibir la RGI, en los últimos meses, verán que, cuando se apruebe la nueva ley que ahora empieza su tramitación y que está previsto que será a finales del año en curso, volverán a ver que su vida se convierte en un pozo de angustia y exclusión social, pues de nuevo se quedarán excluidos de la RGI, principal prestación social del Gobierno Vasco.

La treta legal puesta en marcha por el PNV y el PSE, para evitar verse obligados a abrir el melón de la reforma de la Ley de la RGI, es una verdadera afrenta llevada a cabo por quienes tienen poder de manipular las reglas del funcionamiento democrático a su antojo. Pero todavía es más preocupante que al Gobierno Vasco le pueda salir gratis esta reforma legal. No vale su argumento de que se ha limitado sólo a devolver la redacción original del Reglamento de la RGI (artículo 2.2 del Decreto 173/2023). La realidad ha demostrado (ver estadísticas mensuales de Lanbide de los últimos 5 meses) que no ha pasado nada distinto a los cambios ya registrados desde 2024, en que se activó el nuevo Reglamento. Qué sepamos, ni se ha producido ninguna inseguridad jurídica de las personas propietarias de pisos en alquiler, ni ha aumentado el fraude, ni nada de nada.

Aporofobia y la xenofobia

El único que se ha sentido perjudicado en estos meses ha sido el Gobierno Vasco por no haber podido llevar su nueva legislación de la RGI, implantada el 29 de marzo de 2023, hasta su último objetivo, que es expulsar de la RGI a aquel tipo de personas que, desde su punto de vista, aplaudido en esto por el PP y VOX y, por desgracia, por parte de nuestra sociedad en la que ha calado la aporofobia y la xenofobia, que jamás deberían tener cabida en nuestra red de protección social vasca.

En definitiva, el Gobierno Vasco, es decir, el tándem PNV-PSE, se ha apuntado a echar más leña al fuego desatado para declarar la guerra entre las penúltimas contra las últimas personas vulnerables de nuestra sociedad.

BERRI-OTXOAK, SINDICATO SOCIALISTA DE VIVIENDA DE EUSKAL HERRIA, ARGILAN-ESK