Posicionamiento de Argilan-ESK ante la reforma de la RGI, y materiales generados criticando el texto propuesto de RGI.

 

 

MANIFIESTO DE ARGILAN-ESK CONTRA EL PROYECTO DE LEY DEL SISTEMA VASCO DE GARANTÍA DE INGRESOS Y PARA LA INCLUSIÓN (SVGIPI)

ARGILAN-ESK nos manifestamos en contra del Proyecto de Ley del SVGIPI. Proponemos su retirada de la actual tramitación parlamentaria en que se encuentra y, de seguir la misma en curso, llamamos a los grupos de izquierdas del Parlamento Vasco (EH Bildu y Elkarrekin/Podemos- Ezker Anitza (IU) a que presenten una enmienda a la totalidad.

Las razones que nos guían para defender una posición contraria al Proyecto de Ley del SVGIPI son las siguientes:

  1. No se plantea recuperar la mayoría de los recortes a los que se han visto sometidas la RGI, PCV y AES desde el año 2008: la elevación de 1 a 3 años del periodo de empadronamiento y residencia efectiva; la eliminación de la indiciación de la RGI al SMI (88% SMI en el caso de la UC no pensionistas y 100% de las UC pensionistas); la reducción del 7% de la RGI a partir de 2012; y, el sometimiento absoluto a la empleabilidad para poder acceder a la RGI.
  2. No enfoca sus propuestas de cambio positivas, respecto a la actual legislación, hacia el objetivo de acabar con la pobreza en la CAE, sino sólo a disminuir un poco la intensidad de ella para las personas que forman parte de determinados colectivos de familias pobres. Acabar con la pobreza exige un cambio de modelo, pero sabiendo que el Gobierno Vasco no está por la labor de emprender una medida política tan radical, si de verdad le preocuparan, sobre todo las cifras de la EPDS, tendría que haber pensado que los cambios a introducir en su reforma de la RGI deberían dirigirse a incluir en el sistema al 30% de personas pobres que no acceden a él, así como a elevar el importe de las prestaciones para que el 53% de personas que sí están en el sistema y siguen siendo pobres, dejen de serlo.
  3. Los cambios que exigiría un Proyecto de Ley de un SVGIPI que se propusiera acabar con la pobreza deberían ir en un sentido radicalmente distinto al que configura el actual Proyecto de Ley: deberían reducir al máximo los requisitos y las obligaciones, sobre todo el empadronamiento/residencia, que, cuando menos debería volver a ser de un año; debería abandonar el modelo familiar en que se basa la unidad de convivencia, instaurando un modelo individual; tendría que rebajar de 23 a 18 años el derecho para ser titular de las prestaciones; debería conferir carácter de derecho subjetivo a la AES; necesitaría establecer una fórmula de cálculo de los importes asignados a las prestaciones que se basara en los umbrales de pobreza relativa (60% del ingreso mediano) de la Comunidad Autónoma de Euskadi; necesitaría separar absolutamente el derecho a la prestación económica y a la inclusión laboral y social, impidiendo que esta última funcione como una contraprestación de la primera, lo que provoca la exclusión de personas para poder mantenerse como perceptoras de las prestaciones; y, debería organizar un modelo de gestión de las prestaciones que no estuviera basado, como lo está actualmente Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, en una burocracia compleja y un trato desconfiado y poco amigable con la ciudadanía que requiere sus servicios, así como en el control y las inspecciones exageradas, a la búsqueda de un fraude inexistente, que sólo provoca malestar innecesario en personas socialmente frágiles.
  4. El Proyecto de Ley en Tramitación debería borrar de un plumazo el Título IV, dedicado a la Potestad de Inspección y a la Potestad Sancionadora. No Tiene razón de ser crear un nuevo cuerpo de Inspección de Lanbide, cuando el fraude en el sistema no ha llegado nunca al 1% y cuando ya existen, en el propio Proyecto, suficientes garantías legales para llevar adelante los controles e inspecciones necesarias. Si se crea un organismo de este tipo, en lugar de conseguir que la parte de la ciudadanía que desconfía del sistema vasco de garantía de ingresos, se quede satisfecha, se ampliará la estigmatización de la gente pobre y se agrandará la deslegitimación de un modelo que se viene adjetivando como de éxito por parte del Gobierno Vasco.

El mismo propósito de ligar inspección y potestad sancionadora es un propósito envenenado porque da a entender de que a la inspección le sigue, de forma natural, las sanciones. Entendemos que debe haber un título dedicado a infracciones y sanciones, como lo ha habido en pasadas leyes, pero debe ser exclusivo y mejor si se relega al final del Proyecto de Ley. Pero lo más sustancial de nuestra posición contra el capítulo de la Potestad Sancionadora es que resulta increíblemente punitivo. Basar las sanciones a las personas pobres en la pérdida del derecho a poder ser perceptoras por años de la RGI, es un despropósito en cuanto profundiza la pobreza. En la Ley de 2008, las sanciones se basaban en multas, cosa que parece mucho más coherente.

Más allá de plantear críticas y cambios sobre el actual Proyecto de Ley del SVGIPI, ARGILAN-ESK llevamos muchos años luchando por un modelo alternativo, cuya implantación institucional aspiramos a que se vaya acercando cada vez más de prisa, tanto por las carencias de los actuales modelos de subsidios para pobres, como por la buena acogida que tiene la idea a medida que se extiende su conocimiento. Ese modelo es la Renta Básica Incondicional (RBI).

La RBI tiene como objetivo fundamental, garantizar a toda la ciudadanía una capacidad económica que le permita vivir dignamente. Sus atributos son tres: la incondicionalidad, que implica que la RBI se concedería sin ninguna comprobación previa de los recursos, así como tampoco exigiría un determinado comportamiento de las personas beneficiarias; la universalidad, que implica que tendrán derecho a ella todas las personas residentes en la CAE; y, la individualidad, en cuanto la RBI va dirigida a cada persona individualmente, al margen de con quién conviva.

Aunque el coste de implantar una RBI es perfectamente asumible en una sociedad rica como es la de nuestra CAE, y dicho coste no implicaría tocar ni un euro de lo que hoy dedican los Presupuestos Generales del Gobierno Vasco a las distintas partidas a las que los destinan, a lo que si obligaría es a llevar a cabo una reforma fiscal radical, en la cual la parte de la población que tendría que soportar el esfuerzo fiscal que exigiría la financiación de la RBI, sería aproximadamente el 20% de quienes tienen mayores rentas. Por ello, la RBI, unida a la reforma fiscal que le serviría de cimiento, ayudará a que consigamos una sociedad en la que exista una distribución más igualitaria de la renta, lo cual traerá de suyo, una sociedad más libre y democrática.

 

MATERIALES

 

 

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