¿Cómo es posible que los Sindicatos, organizaciones obreras, que tienen a gala proclamar su vocación de contrapoder y su defensa a ultranza de las y los trabajadores, se nieguen a que se facilite unos recursos mínimos que garanticen que todas las personas puedan tener acceso a una vida digna?

 

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Han transcurrido cerca de 23 años desde que, a partir de una Iniciativa Legislativa Popular, se aprobara en el Parlamento Vasco lo que hoy, tras diversas modificaciones se conoce como Renta de Garantía de Ingresos.

En aquella iniciativa estuvieron presentes, con mayores o menores resistencias, el conjunto de sindicatos de Euskadi. Aunque bien es cierto que para conseguir su concurso hizo falta modificar el proyecto de Ley, que inicialmente abogaba por una Renta Básica Universal, por un modelo que eliminaba la universalidad y condicionaba la prestación a la relación de cada persona con el mercado laboral.

Estos días pasados se ha presentado ante el Parlamento Vasco una nueva ILP, en la que se reclama la implantación, en la CAPV, de una Renta Básica Incondicional, con criterios canónicos. Esto es: una aportación Universal, Individual e incondicional, cuyo importe se sitúa por encima del umbral de pobreza.

Lamentablemente los sindicatos, con la excepción del sindicato ESK, se hayan ausentes de esta iniciativa.

Ante esta ausencia uno no puede dejar de preguntarse ¿cómo es posible que los Sindicatos, organizaciones obreras, que tienen a gala proclamar su vocación de contrapoder y su defensa a ultranza de las y los trabajadores, se nieguen a que se facilite unos recursos mínimos que garanticen que todas las personas puedan tener acceso a una vida digna?

A falta de argumentos explícitos, la razón básica que suelen aducir es reclamar, como alternativa a la RBI, un contexto de garantías de pleno empleo. En las diversas formas en que este concepto es presentado a la sociedad. Bien como empleo garantizado por el estado; bien como politicas de empleo que faciliten la creación de puestos de trabajo en el mercado laboral; bien esgrimiendo la consigna de reparto del empleo para trabajar todos y todas.

Resulta encomiable el fin que dicen defender. Y quienes reclamamos la RBI, no nos oponemos a él. También nosotros luchamos por que quien desee un empleo lo consiga. Al igual que combatimos por que estos puestos de trabajo no sean precarios, tengan una retribución digna, en un entorno seguro y que prevenga ante riesgos sanitarios o laborales. Al igual que exigimos que todas las personas –hombres y mujeres– tengan la misma oportunidad de acceso a los mismos; que no profundicen la discriminación de género que caracteriza en la actualidad ese mercado laboral; que no acepte la vigente brecha salarial inasumible desde la óptica de la igualdad o que no asigne los lugares de trabajo en función de ser mujeres u hombres (desvalorizando siempre los asignados a ellas).

Pero la cuestión no es esa. No discutimos acerca del derecho al trabajo, ni que éste, en su vertiente de empleo, sea digno y permita realizar los proyectos personales que cada cual estime.

La discusión, realmente, es determinar si el mercado laboral es capaz o no de dotar a todas las personas de ese lugar de trabajo que les permite acceder a una vida libre, autónoma y digna. Y en el caso de que no lo haga, cosa que afirmamos ocurre, qué alternativa podemos exigir para que el derecho humano inalienable de disfrutar de una vida digna sea una realidad.

La RBI cumple esa función. Está destinada a acabar con la pobreza; a facilitar mayores niveles de autonomía personal y de libertad. A dotar a todas las personas de la autonomía mínima que, amén de garantizar un cierto nivel de vida digna, les permita afrontar sus proyectos vitales con mayor margen de libertad y con mayor capacidad de negociación en sus relaciones personales o laborales.

Y ello, no está reñido con ningún objetivo sindical. Salvo, y este es un elemento básico, que se siga manteniendo la idea de que, asumiendo viejos preceptos, haya que ganarse el pan con el sudor de la frente, y que ese sudor no tenga el suficiente valor si no se produce en el marco del empleo asalariado. O lo que es lo mismo, en el marco de la explotación ejercida por una minoría sobre quienes no tienen otra cosa que su fuerza de trabajo.

Esta idea se alimenta de otro criterio que se ha grabado a fuego en el ADN de ciertos trabajadores y sindicatos. El trabajo socializa; confiere dignidad; es la base de los derechos ciudadanos; cuanto más se produzca mas empleos seran necesarios.

Al mantener esos criterios los sindicatos se olvidan de algunas cuestiones vitales, que cuestionan estos dogmas.

Solamente alrededor de un 35% de la población de nuestro País trabaja en el mercado laboral (y buena parte de ese porcentaje es de funcionarios dedicados al orden público y la defensa de la patria; además de a la extensa burocracia que sostiene al Estado), sin que ello signifique que el resto de personas no estén socializadas.

Se olvida, igualmente de que el ideal no es que haya más cosas para consumir, sino que se produzca y consuma lo necesario para que la humanidad pueda cubrir sus necesidades sin agotar los recursos o poner en riesgo el planeta.

Se olvida, asimismo, que la historia marcha en dirección contraria a las previsiones de pleno empleo. Si bien es verdad que algunos cambios tecnológicos generaban más empleo que el que destruían, esta premisa no contemplaba el incremento de población. De tal manera que si en las décadas anteriores el pleno empleo contenía un «ejercito de reserva» –desempleo– cercano al ¾%, en la actualidad este índice alcanza los 7 u 8% de la población empleable, sin que las expectativas indiquen un cambio de esta realidad y, sobre todo, sin que las condiciones laborales mejoren. Más bien todo lo contrario.

Es en esta realidad en la que defendemos la RBI. Una realidad de pobreza creciente; de precariedad e inseguridad; de salarios decrecientes, de jornadas desreguladas. En fin de predominio tan manifiesto de los poderes económicos que se acerca a la esclavitud modernizada.

Esperamos, en este debate sobre la RBI, encontrar en los sindicatos más acuerdos que confrontación. Nada de lo que pedimos se opone a sus objetivos... porque nuestra base social también la formamos muchos sindicalistas.

Vivir dignamente exige una renta, individual e incondicional.

Es el momento.

 

Artículo de opinión de Ángel Abalde Calparsoro (militante de Argilan-esk) e integrante de la Asamblea de Gipuzkoa por una ILP a favor de la RBI en la CAV 

Publicado en NAIZ.info

Publicado en EldiarioNorte.es

 

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