A raíz de la paralización parcial de la economía a expensas de la pandemia que estamos sufriendo, están emergiendo una gran cantidad de colectivos, en gran medida autónomos o empresarios de pequeñas empresas y hostelería, exigiendo la percepción, a cargo del Estado, de distintas cantidades, que en ocasiones alcanzan al 75% de lo ganado en ejercicios anteriores.

Nadie pone en duda que la pandemia está suponiendo una pérdida notable de puestos de trabajo y de ingresos para el conjunto de la economía. Lo que exige una intervención adecuada por parte de los poderes públicos que palie la penosa situación que afecta a miles y miles de personas o pequeños comercios. Siempre, quede claro, que la salud está por encima de cualquier circunstancia y es a esta a la que hay que prestar la atención prioritaria.

¿Salvar personas o negocios? 

Ahora bien, si el lema ¡No tiene que quedar nadie atrás!, que es justa y absolutamente necesaria, se trastoca en ¡Salvar nuestros negocios!, la cosa no pinta bien. Es más, suena de lo más cínico, suena a primar el negocio sobre cualquier cosa. Y hasta ahí no podemos llegar. Resulta evidente que los pequeños negocios sostienen un enorme número de empleos. Y que, en particular, los autónomos están sufriendo un enorme descalabro. Pero no todos los autónomos son iguales. Una parte de ellos son trabajadores y trabajadoras que han sido obligados/as a utilizar esa figura laboral, aún a pesar de trabajar para una sola empresa, la cual, con evidente fraude de ley, evita la contratación de los mismos.

Otra parte no ha tenido otra opción que buscarse la vida con trabajos diversos, en vista de que el mercado laboral no es capaz de ofrecerle ese empleo que supuestamente hay para todos y todas. Pero para una tercera parte, mayoritaria entre los autónomos, su opción ha sido producto de una decisión personal en búsqueda de hacer negocio. Esto es, ganar dinero, cuanto más mejor. En su decisión no estaba el generar puestos de trabajo. Estos se generan en su negocio porque el mismo marcha divinamente.

Por eso, insisto, se trata de proteger a la gente, también a este último colectivo, pero no salvar negocios. Y una de las mejores maneras –quizás la mejor– es que se instaurase una renta básica universal e incondicional –financiada a través de una realmente fiscalidad progresiva– que permitiría a todas las personas disfrutar del derecho a una vida digna, al amparo de situaciones como la que estamos viviendo.

Artículo de opinión de Ángel Abalde Calparsoro (militante de Argilan-esk)