Exigimos la apertura de una comisión de investigación en el Parlamento Vasco por entender que Lanbide ha reclamado injusta e ilícitamente 2.668 devoluciones de ayudas sociales a sabiendas de que estaban prescritas.

 

 

ARGILAN-ESK, plataforma autónoma de ESK, que desarrolla su actividad en la lucha contra la pobreza y la exclusión social, apoyamos la demanda de prevaricación contra Lanbide, presentada en el Juzgado de Guardia, el pasado 21 de octubre, por nuestro abogado y voluntario de la organización, Iñaki Carro Iturregi.

La demanda de prevaricación, según la regula el artículo 404 del Código Penal, debe dirigirse contra un funcionario o una funcionaria que se considere responsable del delito de prevaricación que se imputa. En este caso, este responsable, firmante de las notificaciones de Lanbide, es Jon Uriarte Unzalu, Director de Formación para el Empleo y Garantía de Ingresos.

 

Cientos de personas afectadas

A este alto cargo de Lanbide, la demanda le considera responsable de haber cometido un delito penal de prevaricación, por haber tomado la decisión consciente e intencionada, de enviar un total de 2.668 procedimientos de reintegro de cantidades indebidamente percibidas, en concepto de prestaciones de Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y Prestación Complementaria de Vivienda (PCV), durante los años 2011, 2012 y 2013, a sabiendas de que se trataba de un acto injusto e ilícito, pues la reclamación de dichas cantidades estaría manifiestamente prescrita ( la prescripción se produce, por el transcurso de más de 4 años entre el momento en que se genera la deuda y el momento en el que es reclamada por la administración).

Una decisión de este tipo, que afecta a miles de unidades de convivencia de los tres Territorios Históricos, no puede ser, en absoluto, un error, sino una decisión consciente y deliberada tomada al más alto nivel, seguramente no sólo en Lanbide, sino dentro del Gobierno Vasco.

 

Lanbide sabía lo que hacía

La demanda presenta una prueba irrefutable de esta intencionalidad, cuando aporta datos que permiten verificar, que los 2.668 procedimientos de reintegro ilegales, están fechados así: el 22 de julio, 870 procedimientos; el 14 de agosto, 765 procedimientos; y el 17 de agosto, 1.033 procedimientos.

¿Qué está por debajo de esta forma de proceder de Lanbide, además del objetivo de “hacer caja”, aunque sea utilizando medio ilegales? El hecho de considerar que, como administración goza de una total IMPUNIDAD: aun sabiendo que actúa infringiendo la Ley, se puede permitir hacerlo porque, hasta ahora, sus conductas nunca han tenido mayor consecuencia que, después de un calvario de entre dieciocho y veinticuatro meses entre alegaciones, recurso de reposición y recurso contencioso administrativo, a lo sumo, lo más que ocurrirá es que un Juzgado del orden contencioso administrativo de Vitoria-Gasteiz revoque la situación, sin consecuencia alguna contra el responsable de la misma. Cuestión esta que la propia Consejera del Gobierno Vasco, Beatriz Artolazabal, reconoció en sede parlamentaria en el año 1917, cuando manifestó que los juzgados de lo contencioso administrativo de Vitoria- Gasteiz estimaban el 40% de los recursos interpuestos por personas perceptoras de la RGI-PCV contra Lanbide, no solo por reclamaciones de cantidades, sino fundamentalmente por suspensiones o extinciones del derecho durante meses y años.

 

Que se cumpla la normativa

Esta demanda no está movida, en absoluto, por ningún ánimo de carácter punitivo ni vengativo, sino por el objetivo de obligar a la administración, en este caso Lanbide, a ceñirse escrupulosamente al cumplimiento de la normativa que regula las prestaciones sociales. La única forma de frenar tamaña arbitrariedad y cúmulo de infracciones es recordar a sus responsables que el incumplimiento de la Ley puede comportar no sólo la anulación del acto administrativo, sino la pérdida de la condición de funcionario/a o cargo público de la persona responsable de dichas infracciones, cuando la conducta llega a extremos como el del presente caso.

Por todo ello ARGILAN-ESK exigimos la apertura de una comisión de investigación en el Parlamento Vasco que depure responsabilidades políticas por decisiones a todas luces ilegales.

 

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