ESK, junto al resto de sindicatos con implantación en Empresa Grup La Pau, ha acudido a la Inspección de Trabajo para denunciar el intento de descuelgue salarial de la empresa que gestiona las ambulancias en los territorios de Araba y Bizkaia.
« La Pau ha vulnerado numerosos derechos de la representación de la plantilla »
Desde ESK, queremos denunciar que tras la firma del nuevo convenio que regulará las condiciones del personal en los próximos años, hace menos de una semana, la principal empresa concesionaria de los servicios de ambulancias se ha desmarcado del mismo, iniciando un proceso de descuelgue salarial.
Tras 4 meses de huelga indefinida, la patronal del sector firmó el 19 de abril un preacuerdo con el que, pactadas mejoras salariales y reducción de horas, los trabajadores concluirían la huelga. Casi dos meses más tarde el 11 de junio, patronal y sindicatos firmaban un nuevo convenio colectivo que ponía fin al conflicto laboral. Sin embargo, el pasado día 4 de junio, la empresa anunció su intención de inaplicar el convenio y reducir el salario un 12,5%. Algo totalmente contradictorio (incluso fraudulento) ya que, 7 días más tarde, estampó su firma en el nuevo convenio colectivo.
Durante todo el periodo de negociación de inaplicación del convenio establecida por la ley, la empresa ha vulnerado los derechos de información y consulta de los sindicatos y los derechos de representación de toda la plantilla. Ha denegado los censos de representación y ha sostenido una actitud de bloqueo constante al no respetar ni los plazos de comunicación, ni la entrega de la documentación necesaria (negando la entrega de las últimas cuentas auditadas), ni la entrega de información solicitada entre otros, por este sindicato.
Un servicio privatizado y subcontratado por el Gobierno Vasco
No podemos obviar que se trata de un servicio privatizado y subcontratado por el Gobierno Vasco y que, por lo tanto, la empresa está jugando con dinero público. Cabe recordar que el Departamento de Salud ya aumentó la partida presupuestaria de las adjudicaciones de los servicios donde opera La Pau un 30% y un 24% respectivamente (concursos del TSNU y RTSU) y que la consejera Sagardui respondió en sede parlamentaria que eran aumentos destinados a las subidas salariales de los trabajadores tras las negociaciones del convenio. Dinero que, desde agosto que se adjudicó el concurso de la red de emergencias, está engordando el lucro de esta empresa.
Por último, no podemos dejar pasar la ocasión para pedir una vez más la publificación del servicio de ambulancias. Un servicio integrado dentro de Osakidetza, lejos del lucro privado, de la especulación y de la precarización del servicio. El Gobierno Vasco no deja de ser responsable último de todos los abusos que por parte de las empresas se llevan produciendo desde hace años y que consiente relajando sus obligaciones de supervisión de la ejecución de los contratos que ellos otorgan. Hoy, donde se anuncia a bombo y platillo un esfuerzo en la mejora de las prestaciones de Osakidetza, es más urgente que nunca que un servicio básico para la ciudadanía vasca pase a manos públicas para que prime la calidad del servicio sobre la obtención de beneficio.