Ceuta no vive una invasión, sino una crisis de derechos generada por el sistema capitalista. Frente a discursos de odio y respuestas policiales, reclamamos acogida, protección y una mirada que ponga a las personas en el centro.  

 

«  El sistema  expulsa a unas personas de sus territorios, las explota y después pretende enfrentarlas con quienes ya estaban aquí »

 

Detrás de cada persona que se ve obligada a cruzar la frontera hay una historia de huida, de guerra, de miseria... de un modelo económico global que expulsa a millones de personas de sus territorios. Lo que está ocurriendo en Ceuta, por más que insistan los medios de comunicación y buena parte de la clase política española no es una invasión.

Cuando hablan "asalto a la soberanía”, no están describiendo la realidad: están construyendo un relato. Un relato del que intencionadamente quedan fuera las consecuencias de la colonización, los derechos humanos y la protección internacional. Y una vez generado ese relato la migración se convierte en amenaza y deja de importar si la persona que llega es una niña sola, un joven que huye de una guerra o alguien que simplemente busca un salario digno: todas ellas quedan mezcladas en una misma masa a expulsar.

 

Aprovechado por el fascismo

La respuesta política a la llegada de personas migrantes no ha sido, en general, una respuesta de derechos. Ha sido, sobre todo, una respuesta de orden público y de rentabilidad electoral. Y ese falso relato se traslada a la calle, y allí se convierte en violencia concreta. Algo que para sorpresa de nadie es aprovechado por el fascismo para generar miedo y capitalizar sus discursos.

El resultado es el que estamos viendo, un Estado que combina la inacción sobre las causas con una gestión fundamentalmente policial, y una parte de la ciudadanía que, azuzada por meses de discurso de "invasión" y de odio, termina dirigiendo su frustración contra las personas más vulnerables de la ecuación: los propios migrantes y quienes les ayudan.

 

Cuando los derechos se convierten en cifras y los cuerpos, en fronteras

Uno de los síntomas más claros de este desenfoque está en el propio vocabulario que se utiliza. Cuando lo que está ocurriendo en Ceuta se traduce, en la agenda política, en la pregunta de cuántos menores 'le tocan' a cada comunidad autónoma, algo fundamental se ha perdido por el camino.

Hablar de 'repartir' personas —y especialmente niños y niñas— convierte los derechos humanos en una cuestión logística. Por supuesto que tiene que existir corresponsabilidad entre territorios pero si el debate se limita a cuántas personas corresponden a cada lugar, dejamos sin responder las preguntas que realmente importan: qué vivienda, qué educación, qué atención psicológica, qué itinerario formativo y laboral y qué protección frente al racismo se les va a garantizar cuando lleguen.

 

 

Violencia sexual

En este contexto, una vez más las mujeres vuelven a ser utilizadas e instrumentalizadas por discursos racistas, fronterizos o militaristas. La violencia sexual contra las mujeres no empezó con la llegada de personas migrantes a Ceuta, ni termina allí, ni puede explicarse a partir del origen de quienes agreden. Los cuerpos de las mujeres han sido históricamente, y siguen siendo, un territorio de guerra: las violaciones utilizadas como arma en conflictos coloniales y la esclavización sexual son algunos de los ejemplos más brutales de ello.

Lo que sí está ocurriendo es que cientos de mujeres y niñas migrantes han quedado en una situación de extrema vulnerabilidad: sin alojamiento suficiente, fuera durante días de los sistemas de protección, durmiendo en espacios precarios y desplazándose por una ciudad sumida en el caos. Una realidad que debería activar mecanismos de protección y cuidados, no convertirse en combustible para discursos racistas o militaristas.

 

La responsabilidad de quienes dicen estar del lado correcto

El Gobierno Vasco ha reivindicado durante años mayores competencias en materia migratoria y ha defendido su propio modelo de acogida como referencia; Navarra cuenta con un Plan de Acogida vigente y ha expresado su disposición a asumir menores procedentes de Ceuta. Sin embargo no basta con reclamar competencias si luego, en el terreno, la respuesta a la pobreza visible es la de criminaliza dar de comer como ha sucedido en Donostia.

No basta con la solidaridad discursiva si no se traduce en recursos estables, vivienda, itinerarios de regularización y una política de acogida que no dependa de la buena voluntad de un puñado de voluntarios y voluntarias.

En el caso de Donostia el paralelismo con la frontera sur no podría ser más directo. Allí se militariza la costa y se devuelve en caliente; aquí se identifica a quien reparte un bocadillo. Allí se vincula la llegada de personas con la inseguridad; aquí se vincula una cena solidaria con el "efecto llamada" y la delincuencia. En ambos casos, el problema que se combate no es la pobreza ni la falta de acogida: es la visibilidad de la pobreza y de quienes intentan paliarla.

 

 

Modelo capitalista

No se puede hablar de pobreza sin cuestionar el modelo económico capitalista que la sustenta y que sigue manteniendo a una parte de la clase trabajadora en situación de irregularidad crónica. Esto es lo que permite que sectores como la agroindustria intensiva, la hostelería o los cuidados dispongan de mano de obra que no puede negociar condiciones, denunciar abusos ni rechazar salarios de mierda.

El problema es un sistema que expulsa a unas personas de sus territorios, las explota cuando llegan y después pretende enfrentarlas con quienes ya estaban aquí.

Desde ESK reafirmamos nuestro compromiso con una Euskal Herria, y con un mundo, desmilitarizado, solidario y justo, donde ninguna persona sea tratada como una amenaza por buscar una vida digna. Ningún derecho se puede sortear ni repartir: los derechos humanos se garantizan.