El 24 de junio de 2023 se cumple un año de la masacre de Melilla. Un año de opacidad, versiones contradictorias e impunidad ante crímenes de derecho internacional y otras vulneraciones de derechos humanos.

«  Los estados español y marroquí  serían responsables de la muerte y ejecución extrajudicial de al menos 37 personas, 77 víctimas de desaparición forzada, cientos sometidas a la denegación de auxilio, a la tortura y otros tratos crueles inhumanos o degradantes »

Un año de la masacre de Melilla

El 24 de junio de 2023 se cumple un año de la masacre de Melilla. Un año de las graves vulneraciones de derechos humanos perpetradas por el Estado español y el Estado marroquí, que se saldaron, según diversas fuentes especializadas, con la muerte y ejecución extrajudicial de al menos 37 personas, 77 víctimas de desaparición forzada, cientos sometidas a la denegación de auxilio, a la tortura y otros tratos crueles inhumanos o degradantes. La mayoría eran personas refugiadas procedentes de Sudán, muchas de ellas menores de edad, que fueron expulsadas ilegalmente y a quienes se les impidió ejercer su derecho humano a solicitar asilo.

Se cumple un año de la masacre de Melilla, "la más grave de los últimos tiempos” perpetrada en suelo europeo, de acuerdo con la Asociación Marroquí por los Derechos Humanos, como también sostienen el movimiento antirracista y múltiples organizaciones de derechos humanos en el Estado español, organismos internacionales y relatores especiales de Naciones Unidas. A pesar de ello, el Gobierno del Estado español ha incumplido sistemáticamente su deber de debida diligencia, negándose a esclarecer los hechos, depurar responsabilidades, promover la rendición de cuentas y reparar el daño.

Un año de opacidad y las versiones contradictorias

A lo largo de este año han imperado la opacidad y las versiones contradictorias y falaces por parte del máximo responsable de las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado español, el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska, quien ha sido apoyado graníticamente por los partidos de la coalición del autodenominado “Gobierno más progresista de la historia de España” y respaldado públicamente una y otra vez por el presidente Pedro Sánchez, como evidencia de la antinegritud, el racismo sistémico e institucional en el Estado español.

Los crímenes de derecho internacional perpetrados el 24 de junio de 2022 por agentes estatales de España y Marruecos no pueden ser calificados como una tragedia. Se trata de la actuación coordinada entre dos gobiernos que derivó en una masacre. Es una masacre que, como la de Tarajal y otras que la antecedieron, demuestra el carácter racial y colonial de las políticas migratorias diseñadas por la Unión Europea y ejecutadas por los estados miembros, así como por terceros países subcontratados con el objetivo de dificultar e impedir la movilidad internacional del Sur al Norte global y de ejecutar el expolio de bienes y recursos en la dirección opuesta.

Personas refugiadas expulsadas ilegalmente

En este contexto, las organizaciones abajo firmantes denunciamos que las personas supervivientes de la masacre de Melilla expulsadas de forma ilegal eran, en su gran mayoría, personas refugiadas.

El 24 de junio de 2022, las autoridades policiales realizaron en Melilla cientos de devoluciones sumarias y colectivas calificadas como ilegales por el Defensor del Pueblo y por la Comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, puesto que no cumplieron con los estándares del debido proceso, eliminando para las personas refugiadas la posibilidad de solicitar asilo en las condiciones y con las garantías que determinan las normas internacionales, la Ley de Asilo española y hasta la misma Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza.

La gran mayoría de las víctimas de la masacre de Melilla procedían de Sudán, un país inmerso en una profunda crisis política y en un conflicto armado que se ha ensañado durante años contra la población civil. Una realidad ampliamente reconocida por el Estado español, quien en los últimos cinco años, según datos del Ministerio del Interior, ha concedido el 90 % de estatutos de protección internacional a las personas sudanesas que han conseguido llegar a territorio español para solicitar asilo, a pesar de la discriminación en la concesión de visados que sufren especial y desproporcionadamente las personas refugiadas negras en relación con otras poblaciones perseguidas, tal como ha evidenciado la respuesta europea prioritaria para las personas refugiadas procedentes de Ucrania.

Tampoco se les autoriza a la mayoría de personas refugiadas negras procedentes de países africanos en conflicto el traslado a España a través del procedimiento establecido por el artículo 38 de la Ley de Asilo que permite iniciar el proceso de protección internacional en los consulados y embajadas de España en cualquier país. Tal es el caso del refugiado sudanés Basir, quien, tras ser torturado y expulsado ilegalmente, es el único sobreviviente de la masacre del 24 de junio de 2022 que ha solicitado protección internacional en la Embajada de España en Rabat. A fecha de hoy, la petición de Basir continúa sin respuesta por parte del Gobierno español, y pendiente de ser trasladado a España, lo que demuestra que esta vía defendida por el Ministerio del Interior ante los Parlamentos europeo y español, y alegada por España en el caso N.D. y N.T vs. España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no es más que una falacia.

«  Ninguno de los responsables  ha sido investigado y todos gozan de la más absoluta impunidad »

Crímenes de derecho internacional y otras vulneraciones

Denunciamos la impunidad ante crímenes de derecho internacional y otras vulneraciones de derechos humanos.

Un año después de la masacre de Melilla ninguno de los responsables ha sido investigado y todos gozan de la más absoluta impunidad. Por un lado, la comisión de investigación parlamentaria fue obstaculizada en sucesivas ocasiones, hasta hacerla imposible por completo gracias al pacto de impunidad de los partidos de la coalición de Gobierno. Por otro lado, a pesar del anuncio de la Fiscalía General del Estado de que investigaría los hechos, el 23 diciembre de 2022, la fiscal de Sala Coordinadora de Extranjería, Beatriz Sánchez archivó las diligencias de investigación sin exigir una investigación judicial, en una decisión que incumple el deber de debida diligencia del Estado y vulnera el derecho de acceso a la justicia para las víctimas. El Estado español también ignora deliberadamente sus propias responsabilidades internacionales y atribuciones jurisdiccionales en materia de derechos humanos y de crímenes de derecho internacional.

Ha pasado un año y el Estado español continúa sin abrir una investigación independiente e imparcial que permita a las víctimas y a sus familiares acceder a la verdad, la justicia y la reparación, como única vía para garantizar la no repetición de otra masacre de personas migrantes y refugiadas en territorio español, perpetrada por agentes estatales españoles o con la aquiescencia de estos. Un año después, las acciones y omisiones del Estado continúan sin ser investigadas ni sancionadas. Un año después, las víctimas continúan sin acceder a su derecho a la justicia y las familias no han encontrado, identificado ni enterrado a sus muertos.

Exigimos

Por todo lo expuesto y ante un año sin justicia, exigimos:

1. El cese inmediato del ministro del Interior, Grande-Marlaska como máximo responsable del operativo implementado el 24 de junio de 2022 en Melilla y su eliminación de cualquier lista electoral en las próximas elecciones generales del 23 de julio.
   
   
2. De cara a las próximas elecciones generales, es imprescindible que los partidos políticos se comprometan públicamente con la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de la masacre de Melilla.
   
   
3. La apertura de mecanismos de investigación independientes y efectivos que cumplan con la obligación del Estado español de perseguir los crímenes internacionales, especialmente aquellos perpetrados por sus propios agentes en contra de personas racializadas.
   
   
4. Poner a disposición inmediata de las familias todos los mecanismos necesarios para la búsqueda de las personas desaparecidas, así como para la identificación y recuperación de los restos de las víctimas mortales.
   
   
5. La implementación efectiva de los medios que permitan iniciar el procedimiento de protección internacional en las delegaciones diplomáticas, a través del artículo 38 de la Ley de Asilo, así como la creación de otros mecanismos legales y seguros para obtener visados y solicitar protección internacional en España desde otros estados.
   
   
6. El traslado inmediato al Estado español del refugiado sudanés Basir y la concesión inmediata de protección internacional para él y para todas las personas sobrevivientes de la masacre del 24 de junio de 2022.
   
   
7. La eliminación del mecanismo específico de devoluciones y expulsiones en Ceuta y Melilla por ser discriminatorio en relación con el resto de población y por carecer de las garantías jurídicas básicas de todo procedimiento.
   
   
8. El fin de las expulsiones y devoluciones ilegales en todo el territorio español.
   
   
9. La erradicación de cualquier forma de discriminación racial en el acceso real y efectivo a la protección internacional.
   
   
10. Recursos suficientes, eficaces y descentralizados para las personas víctimas de persecución y vulneraciones de derechos humanos, así como la eliminación de cualquier barrera que impida acceder eficazmente a la Administración para solicitar asilo en el Estado español.
    
    
11. La eliminación de los centros racistas de privación de libertad de personas extranjeras conocidos como Centros de Internamiento de Extranjeros.
    
    
12. La priorización durante la presidencia española del Consejo de la Unión Europea del debate sobre el respeto a los derechos de las personas en procesos de movilidad humana, así como sobre la lucha contra la impunidad de los graves crímenes internacionales perpetrados por agentes estatales de y en Estados miembros.

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