El Instituto Foral de Bienestar Social de Araba ha decidido privatizar las unidades de valoración de Discapacidad y Dependencia. La Junta de Personal ha anunciado movilizaciones y ESK ha presentado alegaciones solicitando la nulidad del procedimiento.

« Denunciamos la privatización encubierta de un  servicio público esencial  »

Debido al aumento de la lista de espera en las unidades de valoración de Discapacidad y Dependencia, el Departamento de Políticas Sociales y el Instituto Foral de Bienestar Social (IFBS) han decidido privatizar estos servicios con empresas, con el fin de reducir los tiempos de espera.

Esta medida ha generado un profundo malestar y rechazo entre las trabajadoras del Área de Discapacidad. Más de 200 firmas han sido recogidas por parte del personal del área, expresando su oposición a esta decisión de privatización.

La Junta de Personal ha anunciado movilizaciones para denunciar lo que consideramos una privatización encubierta de un servicio público esencial.

Alegaciones

En ESK, hemos realizado un análisis jurídico del presupuesto de 1.000.000 de euros destinado a la externalización, detectando varios incumplimientos normativos y procedimentales. Por ello, se han presentado alegaciones formales y hemos solicitado información a la Diputación Foral y al IFBS.

1. Falta de transparencia: La normativa vigente obliga a la publicación, en el Portal de Transparencia, de los informes técnicos, partidas presupuestarias y análisis de costes que respalden esta decisión. A día de hoy, esta información no ha sido publicada.
    
2. Ausencia de justificación técnica y jurídica: La administración no ha elaborado el informe técnico y jurídico necesario para justificar la externalización del servicio, ni ha realizado un análisis comparativo de costes entre la gestión directa y la externalizada. Tampoco se ha demostrado la insuficiencia de medios propios, lo que vulnera los derechos del personal funcionario. La legislación vigente prioriza la gestión pública directa, especialmente en servicios sociales sensibles como los dirigidos a personas con discapacidad, por lo que esta externalización carece de la debida justificación legal y técnica.
    
3. Deficiencias en la normativa presupuestaria: No se ha identificado con claridad en la Memoria la partida presupuestaria concreta asignada, ni se ha detallado su evolución en ejercicios anteriores, información esencial para valorar el impacto económico y la sostenibilidad de la medida adoptada.
    
4. Falta de consulta sindical: No se ha consultado formalmente a los sindicatos antes de tomar decisiones que afectan al personal, lo cual vulnera sus derechos de negociación colectiva y limita su función de control y participación en la gestión pública.

Por lo anteriormente expuesto, hemos solicitado la nulidad del procedimiento iniciado para la externalización del servicio de Valoración de Discapacidad y Dependencia.

Desde ESK seguiremos trabajando para defender lo público, proteger los derechos laborales y garantizar una atención de calidad a las personas más vulnerables de nuestra sociedad.