Estas son las principales reivindicaciones del personal de las administraciones públicas para las que las instituciones, que gastan millones y millones en mierdas, no tienen dinero. 

 

 

«  El reparto del dinero público depende única y exclusivamente de las  posturas ideológicas  »

 

Hay dinero para proyectos faraónicos marcados por el clientelismo, los sobrecostes y la corrupción, pero no hay dinero para garantizar unos servicios públicos de calidad con empleos dignos. El reparto del dinero público depende única y exclusivamente de las posturas ideológicas, así que vamos a forzarles a gastar nuestro dinero en favor de todas y todos.

 

Recuperar el poder adquisitivo

La pérdida de poder adquisitivo en el sector público vasco supera el 20% en los últimos 14 años, pérdida que todo indica que se verá agravada con la inflación desbocada que sufrimos.

La propuesta de actualización salarial que realizamos es del 10% en 2024 para compensar las subidas del IPC producidas principalmente desde el año y que las administraciones se sienten a negociar como abordar el resto de pérdida de poder adquisitivo acumulada desde 2009, partiendo del reconocimiento de la deuda.

Los y las trabajadoras del sector público hemos estado en primera línea en momentos muy difíciles como la pandemia de la COVID-19, ahora toca recompensar el esfuerzo con hechos y no con palabras vacías.

 

La consolidación del empleo público y la reducción de la temporalidad

En los últimos 15 años, la renovación de las plantillas marcada en los Presupuestos Generales del Estado por la vía de las tasas de reposición ha sido de entre el 50% y el 60%, lo que quiere decir que apenas se ha cubierto con contratación estable la mitad de las vacantes producidas por jubilaciones.

Tras multitud de movilizaciones, el Gobierno aprobó el RDL 14/2021, un decreto insuficiente, pero que reconoce la situación de excepcionalidad y la necesidad de tomar medidas excepcionales para consolidar el empleo público y a las personas que han sufrido de manera constante el fraude en la contratación.

Esto demuestra que la lucha es la única receta para cambiar los planes de los gobiernos y defender el empleo público.

 

 

Lograr medidas que faciliten las jubilaciones y la renovación de las plantillas

Salimos a la huelga contra los recortes producidos en los últimos años respecto a las jubilaciones, hay que revertir la eliminación de las primas de jubilación o buscar otras fórmulas para fomentar las jubilaciones y la renovación de plantillas.

 

Acabar con la subcontratación de servicios públicos

La imposición de las tasas de reposición es uno de los grandes motivos de las altas tasas de temporalidad en el sector público, junto a las ansías privatizadoras de los diferentes gobiernos, que escudándose en las limitaciones impuestas desde Madrid, han aprovechado para aumentar las subcontrataciones y privatizaciones sin freno.

Las consecuencias de la privatización de servicios públicos las vemos en nuestras calles día a día, con huelgas y movilizaciones de todos los sectores ante la precariedad de sus condiciones laborales, ya sea en defensa de convenios dignos (intervención social, residencias privatizadas, servicios de ayuda a domicilio, transporte sanitario, limpiezas Osakidetza, etc) o por algo tan básico como cobrar a fin de mes por el trabajo realizado (limpieza Correos).

Todos estos conflictos son consecuencia de la subcontratación y la privatización de servicios públicos, en la que unos pocos se llenan los bolsillos a costa de explotar a las personas trabajadoras.

 

 

Avanzar en igualdad y conciliación

solicitamos la negociación real de planes de igualdad, que recojan medidas claras y concretas que avancen en el camino hacia la igualdad. Entre otras, es importante que se tomen medidas para acabar con la parcialidad involuntaria en todas las administraciones y empresas públicas, que afecta principalmente a las mujeres y que es una de las razones que explican la brecha salarial de género y su correspondiente brecha en las pensiones.

Además, es incomprensible que se aprueben medidas como el permiso parental de manera no retribuido, las 8 semanas de permiso tienen que ser reconocidas como un derecho retribuido de forma inmediata.

 

Lograr la euskaldunización de la Administración

Es necesario dotar de todos los recursos necesarios para lograr la euskaldunización del personal público para que todas las trabajadoras puedan desarrollar su trabajo y dar la atención a la ciudadanía en euskara, compromisos sin recursos son compromisos vacíos.

 

¡Todas y todos a la huelga!

 

Materiales de esta campaña

 

---

 

Comunicado de los sindicatos en torno a los servicios mínimos

Como consecuencia de los servicios mínimos establecidos, en algunos sectores habrá más personal que un día ordinario.

El Departamento de Trabajo dictó en el día de ayer la orden que regula los servicios mínimos de las convocatorias de huelga realizadas por los sindicatos ELA, LAB, CCOO, STEILAS, SATSE y ESK para los días 25 de octubre y 19 de diciembre en todo el sector público. Nuevamente y como ya viene siendo habitual, se trata de unos servicios mínimos abusivos que dejan a miles de trabajadores y trabajadoras públicos sin poder ejercer este derecho fundamental. En un momento en el que el declive de los servicios públicos es patente, como también lo es la escasez de personal o la falta de sustituciones, parece que estos factores cobran una importancia repentina cuando llega una jornada de huelga. Cabe recordar, además, que estando ante una única jornada de huelga, debería garantizarse exclusivamente aquello que resulte absolutamente esencial. Sin embargo, una vez más, se trata de obstaculizar el ejercicio del derecho a la huelga con el único objetivo de minimizar su impacto y dar apariencia de normalidad en los centros de trabajo.

A la vista del contenido de la Orden, es evidente que el Departamento de Trabajo hace una apuesta por perpetuar en el tiempo unos servicios mínimos superiores a los que establecía antes de la pandemia. La crisis sanitaria supuso la excusa perfecta para aumentar exponencialmente los servicios mínimos y ahora, aún habiendo vuelto a una situación de normalidad, se siguen imponiendo unos mínimos superiores a los que se imponían en los diferentes sectores con carácter previo a la pandemia. Como ejemplo:

• Osakidetza: en Atención Primaria se venían estableciendo los mínimos de un festivo, mientras que ahora se imponen los de un sábado.
  
  
• Educación: en la educación pública no universitaria se imponía la presencia de una persona del equipo directivo y otra para el control de acceso, mientras que en la Orden dictada tiene que haber, además de este personal, un profesor/a por cada etapa educativa, a lo que se le añade una persona más por cada 100 alumnos/as en Educación Infantil y Educación Primaria.

Por si esto fuera poco, la aplicación práctica de la Orden supondrá, en algunos ámbitos, la presencia de más plantilla que la que trabaja durante muchas jornadas ordinarias. Es especialmente llamativa la situación de los PAC de Osakidetza: se impone un 100% de servicios mínimos cuando de manera habitual no se sustituyen la mayoría de las ausencias y en muchas ocasiones, los PAC permanecen abiertos sin la presencia de un facultativo o facultativa. Además, la Orden tiene por objeto establecer el servicio mínimo indispensable para atender la prestación de los servicios esenciales e indemorables durante una única jornada de huelga. Siendo esto así, es evidente que el establecimiento de unos mínimos del 100% implica que, con carácter habitual, la plantilla que saca adelante esos servicios es la mínima indispensable, lo que equivale a que se trabaje todo el año en servicios mínimos. Los sindicatos subrayan que estarán muy atentos a la aplicación práctica de la misma, ya que por desgracia son habituales los abusos a la hora de materializar lo establecido en la Orden.

Además, los sindicatos denuncian que el Departamento de Trabajo ha enviado la Orden primero en castellano y 24 horas más tarde en euskera. Es una muestra más de las vulneraciones de los derechos lingüísticos. Hay que recordad que una de las reivindicaciones de la huelga es la euskaldunización del sector público para garantizar el derecho a prestar el servicio en euskera y a trabajar en euskera. Este hecho demuestra que estamos lejos de esa realidad.