¡Basta de recortes! Es hora de movilizarse por unas subidas salariales dignas y en defensa del empleo público de calidad.

 

 Poder adquisitivo en el sector público

 

« Desde 2010 llevamos una pérdida de poder adquisitivo muy  cercana al 20%  »

 

El gobierno español, con el beneplácito de los sindicatos mayoritarios en el estado, CCOO y UGT, está a punto de aprobar una subida salarial del 1,5% con carácter retroactivo para el año 2022, que se sumaría al 2% ya aprobado con anterioridad (el IPC del año 2021 fue del 6,5%); una subida del 2,5% para 2023 (la previsión de IPC de septiembre es del 9%) y una subida del 2% para 2024 (con unas previsiones también de subida superiores en lo que hace al IPC pese a la desaceleración de la economía prevista). Se añaden tres variables porcentuales del 0,5% para cada año sujetas al IPC armonizado y al incremento del PIB.

 

Descomunal pérdida de poder adquisitivo

Con estas subidas que pretende aprobar el gobierno español con la garantía de los sindicatos pactistas tendríamos una pérdida de poder adquisitivo del 3% respecto a 2021, del 6% aproximado respecto al 2022 y ver venir el 2023... Unas pérdidas de poder adquisitivo a sumar al más del 13% de poder adquisitivo perdido desde el año 2010.

Las continuas congelaciones salariales, la Ley de desindexación de 2015 por la que los precios de los servicios públicos se desvinculan de la subida del IPC al igual que los salarios, y ese mal llamado pacto de rentas (en el que una vez más sólo la clase trabajadora paga mientras las energéticas, los bancos, las cadenas alimenticias y las grandes empresas aumentan sus dividendos), nos han llevado a una pérdida de poder adquisitivo a día de hoy muy cercana al 20% desde 2010, y que posiblemente supere esa cifra con las subidas acordadas. Una pérdida progresiva que no sólo afecta a la pérdida de poder adquisitivo presente, afecta también a las cantidades no percibidas en esos últimos años acordes al IPC y que también nos han hecho empobrecer.

 

Si aprueban los presupuestos, son responsables

El gobierno vasco, el navarro, las diputaciones y los ayuntamientos se lavan las manos y olvidan la reivindicación del autogobierno cuando hablamos de actualizar los salarios y garantizar el poder adquisitivo de los y las empleadas públicas Los partidos políticos vascos no cuestionan el acuerdo y el gobierno cuenta con su apoyo de manera constante, ¿donde queda su defensa de los y las trabajadoras públicas vascas? ¿Dónde queda su defensa del autogobierno? Es hora de que se quiten la careta... Si siguen aprobando los presupuestos generales del Estado son igual de responsables que el gobierno español, CCOO y UGT.

Los márgenes de maniobra que disponemos son pocos si las decisiones se toman en Madrid con una mayoría sindical que no representa a los y las trabajadoras vascas. El lastre que esto supone para el desarrollo del empleo público de calidad en Euskal Herria es brutal respecto a las condiciones de trabajo globales; en lo salarial, respecto a los límites en las tasas de reposición impidiendo la adecuación de las plantillas a las necesidades y objetivos de implantación y desarrollo de lo público, condicionando los procesos de estabilización, etc.

 

Sumar fuerzas

Desde ESK entendemos que es hora de sumar fuerzas y revertir esta situación. Por un lado, necesitamos consolidar un marco propio de negociación no sujeto a los decretos de Madrid y, por otro lado, articular una respuesta conjunta que exija la recuperación de la pérdida de poder adquisitivo, junto al desarrollo y el crecimiento del empleo público con condiciones dignas y estabilización del empleo y de las personas que durante años han sufrido fraude por abuso en la contratación eventual.

Además, al igual que pedimos un sistema fiscal progresivo y una aplicación redistributiva de las subidas salariales para compensar a los y las trabajadoras con menores ingresos. Para ello, proponemos mecanismos como subidas porcentuales lineales para que una parte del conjunto de la masa salarial a incrementar se pague a todos y todas por igual para que quienes menos y quienes más cobran soporten en la misma medida las consecuencias del encarecimiento de la vida.

 

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