Un sector esencial, subcontratado por la Diputación Foral y que sigue estando en el último lugar en la agenda de nuestros políticos.

El sector de la  Intervención Social, es uno de los considerados  actividades esenciales y esta crisis ha demostrado que es absolutamente necesario y no puede dejar de prestarse.

Falta de interés

El pasado viernes 22 de Mayo, los sindicatos aquí presentes, ELA, LAB, CCOO, ESK y UGT nos reunimos con los responsables políticos y técnicos de La Diputación Foral y del IFBS. La crítica más importante que hicimos es la falta de interés que han mostrado hacia nosotros, esta reunión ha llegado tarde, sí se han reunido con las empresas y asociaciones gestoras pero no con los sindicatos representantes de las y los trabajadores.

El Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de Marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, estableció que una de las prioridades era reforzar la protección de las trabajadoras y los trabajadores ya que prima la salud por encima de la economía. Las empresas, además, están obligadas a establecer protocolos de actuación para garantizar la seguridad y la salud de las personas trabajadoras.

No se puede aplicar el decreto interesadamente en los puntos que garantizan el mantenimiento del servicio y no, en aquellos que facilitan a las personas trabajadoras la protección y las orientaciones de cómo actuar ante una pandemia.

Información y formación

Se debe garantizar, que todo el personal cuente con información y formación específica y actualizada sobre la situación, así como el conocimiento de las medidas que se implanten para evitar los riesgos asociados al trabajo. No son personal sanitario y han tenido que prestar asistencia y cuidados a personas, a menos de dos metros,  y sin indicaciones sobre la necesidad de usar mascarilla, guantes, gafas de protección, buzos impermeables, etc. (como escaseaban, se alegaba que no eran necesarios, sólo recomendables).

Los equipos de protección han llegado tarde y han sido insuficientes. En algunos servicios, los han comprado y costeado los propios trabajadores y trabajadoras, al no serles entregados por parte de las empresas, ni de las Instituciones responsables del servicio. No se les ha proporcionado uniformes, han trabajado vestidos con su ropa, que por indicación de la empresa, debían llevar a casa para lavar, con el riesgo que ello implica para sus familias.

Refuerzos

Los trabajadores y las trabajadoras, fuera de sus funciones laborales y  sin conocimientos sobre desinfección, realizan labores de limpieza por iniciativa propia. Son conscientes de que no se están garantizando las medidas de higiene necesarias, ya que el personal de limpieza, tan esencial en esta crisis, no ha sido reforzado y su tiempo de trabajo es demasiado limitado para una correcta desinfección de los centros.

El 6 de mayo, y sin concluir el estado de alarma Emilio Sola, Diputado de Asuntos Sociales, elimina todos los refuerzos que se establecieron en los recursos de menores, desde el cierre de los centros escolares, al comienzo de la alarma sanitaria.  El personal ha tenido que adaptarse a los horarios de las distintas fases, para hacer las actividades permitidas, y en muchas ocasiones la falta de estos refuerzos impide llevarlas a cabo. Se optó por turnos de más horas de trabajo, lo que supuso cambios en los calendarios de las plantillas.

El 7 de mayo los sindicatos ELA, LAB, CCOO, ESK y UGT realizamos la correspondiente DENUNCIA PÚBLICA en relación a la eliminación de estos refuerzos, ya que sigue vigente el Estado de Alarma y los centros escolares permanecen cerrados, por lo que la situación que determinó su aplicación permanece inalterada.

Bajas y excedencias

Exigimos que se cubran  todas las incapacidades laborales y las excedencias, que a día de hoy, no se están cubriendo. La dotación de personal con la que cuentan estos recursos es manifiestamente insuficiente y supone dificultades añadidas para garantizar el bienestar y la protección de las y los menores de edad. Lo razonable sería aumentar los medios, ya que en esta situación, la exigencia en lo físico y en lo emocional para las personas trabajadoras de estos centros es mayor, no sólo por el riesgo sobre la salud a la que están sometidas, también por las medidas de prevención que se deben respetar y que en algunos casos son difíciles de llevar a cabo, si no imposibles.

La Diputación, con esta medida, ha vuelto a poner por delante los intereses económicos a la adecuada atención de las personas, en este caso menores, lo que la hace más grave aún; por supuesto deja en evidencia, una vez más el lugar real que para esta Diputación ocupan los servicios sociales y la protección de las personas más vulnerables. Servicios esenciales que siguen estando en el último lugar en la agenda de nuestros políticos que no tienen ninguna voluntad de darle un tratamiento adecuado y merecido.

Precariedad feminizada

Este sector donde abunda la precariedad, está formado en su mayoría por mujeres, lo cual nos genera un rechazo aún mayor, ya que las Instituciones Públicas, tienen la obligación de velar por la igualdad entre hombres y mujeres, con la mejora de las condiciones laborales en sectores tan feminizados como el de la Intervención Social.

Las personas trabajadoras de servicios sociales han demostrado, durante esta crisis, que son plenamente conscientes de su responsabilidad social, aportando toda la fuerza de su trabajo y mostrando su disponibilidad para hacer frente común a la situación, personas que prestan servicio a una administración que no está a la altura.

Exigimos que se haga una mayor dotación presupuestaria en este sector.