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La Ministra española y la Consejera vasca podrían haber incurrido en un delito de prevaricación al firmar notas interpretativas y ampliar actividades que el Real Decreto-Ley 10/2020 no incluye.

 

 

El sindicato ESK tal y como anunció la semana pasada, ha interpuesto en el día de hoy denuncia contra la Ministra Española de Industria, Comercio y Turismo, María Reyes Maroto Illera, así como contra la Consejera  de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia Otaegi.

El 29 de marzo, el Gobierno Español publicó el Real Decreto-Ley 10/2020 en el que se establece la aplicación del permiso retribuido recuperable que afecta a una serie de actividades económicas. Dichas actividades están diferenciadas entre aquellas que son esenciales, y por lo tanto han de ser mantenidas, y las que no lo son, a las cuales se les aplica el permiso retribuido recuperable.

Tal y como recoge el propio decreto en su artículo número 5 es el Ministro de Sanidad Español el único con capacidad de modificar o especificar mediante las correspondientes órdenes las actividades afectadas por el mencionado permiso.

A pesar de ello y tras la oportuna pataleta del PNV y la vergonzosa utilización que de los medios de comunicación públicos hizo dicho partido, la ministra Reyes Maroto firmó una nota interpretativa para el sector industrial sobre la aplicación de Real Decreto-Ley. Así mismo, Arantxa Tapia también rubricó el 31 de marzo un documento interpretativo al respecto del mismo Decreto. Sin embargo, no solo se limitaron a una interpretación que no les correspondía sino que, y esto consideramos que es aún más grave, ampliaron una serie de actividades que según el Real Decreto debían haberse paralizado. Sin ir más lejos, la ministra de industria habla en su nota de actividades de importación-exportación y compromisos internacionales que en ningún caso se recogen en el Decreto-Ley. Por su parte el Gobierno Vasco a través de la consejera Tapia amplia y desarrolla de manera “muy generosa” lo que se considera actividad mínima imprescindible de las empresas.

 

Delito de prevaricación

ESK considera tras estas actuaciones, la Ministra española y la Consejera vasca, podrían haber incurrido en un delito de prevaricación ya que el propio Decreto especifica quién tiene potestad para realizar los cambios oportunos.

Por otra parte a este sindicato le parece inaceptable y a todas luces irresponsable que sabiendo la situación de alerta sanitaria que estamos viviendo, la falta de EPIs y medidas de protección en materia de salud se exponga de esta manera a miles de trabajadoras y trabajadores obligándoles a realizar tareas que son prescindibles y que solo responden a intereses económicos. La salud de la ciudadanía está por encima de cualquier interés económico. Es por ello que ESK entiende también que estas decisiones suponen un evidente riesgo para la salud de las trabajadoras y trabajadores y pueden suponer un atentado contra la salud pública de la ciudadanía en general y contra la integridad física concreta de las personas que debían haberse quedado en casa sin ir a trabajar.

Por último queremos recordarle a las diferentes administraciones y en esencial al Gobierno Vasco y al Navarro que nuestras vidas valen mucho más que sus beneficios, y que ESK seguirá denunciando estas actitudes. Especialmente vergonzoso nos resulta que mientras la consejera vasca Arantxa Tapia hace gala en los medios de comunicación de ni siquiera salir al balcón a aplaudir a nuestros sanitarios por miedo al contagio obligue a miles de trabajadoras y trabajadores a exponerse a la enfermedad para que unos pocos sigan llenándose los bolsillos a costa de nuestra salud y de nuestras vidas. Es hora de anteponer a las personas frente a los intereses económicos, es tiempo ya de poner las vidas en el centro.

 

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