Las decisiones adoptadas en el día de ayer por ambas mandatarias suponen un grave atentado contra la salud de toda la ciudadanía y pueden ser constitutivas de la comisión del delito de prevaricación.

 

Reyes Maroto y Arantxa Tapia prevaricacion COVID-19

 

Tras la publicación del Decreto-ley 10/2020 el pasado domingo el nerviosismo de PNV y Confebask fue más que patente. No les pareció tolerable que se antepusiera la vida y la salud de las personas por delante de los beneficios de las grandes empresas industriales vascas. Ese fue el momento de la brunete mediática capitaneada por EITB, bajo el almirantazgo de Koldo Mediavilla, de los exabruptos del otrora comedido Josu Erkoreka y de las escalofriantes sonrisas de la siempre sobria Arantxa Tapia.

Poco duro, sin embargo, esta actitud, 24 escasas horas en las que a bombo y platillo se nos dice (EITB dixit) que el PNV ha logrado que el Ministerio de Industria exceptúe de la aplicación del permiso retribuido recuperable a una serie de actividades económicas, y que en vistas de ello el PNV esconde al hacha de guerra y fuma la pipa de la paz con Pedro Sánchez.

Pues bien, entre tanta prisa, exabrupto, amenaza más o menos velada y miedo por ver como las carteras de los amigo corrían riesgo de adelgazar tanto la Ministra de Industria, Reyes Maroto, como la Consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, han tomado una serie de decisiones que, a nuestro juicio, las sitúan fuera del cumplimiento de la ley.

 

Artículo 5 del RDL 140/2020

El artículo 5 del RDL 140/2020 dice claramente que es el Ministro de Sanidad quien podrá modificar o especificar, mediante las correspondientes órdenes, las actividades afectadas por el mencionado permiso retribuido.

Siendo esto así de claro nos preguntamos ¿Cómo es posible que Nieves Maroto firme una nota interpretativa para el sector industrial sobre la aplicación del Real Decreto-ley 10/2020? De la misma manera ¿Sabe Arantxa Tapia que no le competía a ella emitir un documento interpretativo al respecto como el que firmó con fecha 31 de marzo?

 

Atentado contra la salud

Ambas acciones, a nuestro juicio suponen un grave atentado contra la salud de toda la ciudadanía, porque de facto ya han traído que un buen número de empresas industriales recuperen su actividad. Es, además, absolutamente irresponsable porque abre une escenario de una gran inseguridad jurídica para trabajadoras y empresas.

Además, entendemos, que podemos estar ante la comisión de sendos delitos de prevaricación por parte de ambas mandatarias. Por ello, nuestros servicios jurídicos se encuentran ya estudiando la interposición de las actuaciones necesarias.

 

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