ESK denuncia que mientras la Sanidad Pública se ve desbordada, las empresas de Servicios de Prevención privado mandan al desempleo a cientos de médicas/os , enfermeras/os  y técnicas/os de Prevención mediante ERTEs de fuerza mayor fraudulentos.

 

covid-19 despidos en servicios de prevencion

 

ESK denuncia que mientras la Sanidad Pública se ve desbordada, las empresas de Servicios de Prevención ajeno mandan al desempleo a cientos de médicos/as , enfermeras/os  y técnicas/os de Prevención mediante ERTEs de fuerza mayor fraudulentos, dejando a su vez, a multitud de empresas sin el asesoramiento, ni la capacidad de colaboración con ellas en la contención de la pandemia generada por el COVID19.

Estas empresas se dedican a planificar, asesorar y gestionar planes de seguridad y salud, evaluaciones de riesgos en el puesto de trabajo, y todo aquello que tenga que ver con la salud laboral en el puesto de trabajo.
Como herramienta fundamental que son para garantizar la salud laboral en el puesto de trabajo, disponen entre sus plantillas de personal cualificado en materia de prevención y medicina.

 

Injustificados y fraudulentos

Hablamos de médicas/os, enfermeras/os, auxiliares y Técnicas/os de Prevención, entre otros y otras, y a ESK nos parece un auténtico despropósito que, en un momento como este donde su actividad es fundamental, las empresas del sector se planteen suspensiones de empleo temporales en forma de ERTEs de fuerza mayor, injustificados a todas luces y fraudulentos por su naturaleza, al no estar sus actividades incluidas dentro de los decretos del Estado de Alarma.

ESK solicitamos, por una parte, que las patronales del sector no permitan que empresas del sector campen a sus anchas intentando que la crisis una vez más la paguen los y las trabajadoras, y por otra parte, la intervención inmediata de las autoridades sanitarias garantizando la adecuada protección de la salud pública, apelando al artículo 13 del Real Decreto 463/2020 que regula situaciones de este tipo y permite literalmente “Practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias en aquellos casos en que resulte necesario para la adecuada protección de la salud pública, en el contexto de esta crisis sanitaria”.

En ese sentido, exigimos tanto al Gobierno Vasco, como al Departamento de Sanidad que se impliquen en la denuncia de este fraude, ya que velar por la salud de los y las trabajadoras debe ser la prioridad de las Instituciones.

Nuestras vidas valen más que sus beneficios.

 

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