Exigimos al Ayuntamiento de Donostia que administren los recursos públicos, dando prioridad a la atención de las necesidades de todas las personas, especialmente de aquellas que más lo necesitan.

 


Foto: EITB

 

La emergencia COVID-19 ha puesto de manifiesto la importancia que tienen los servicios sociales públicos y su coordinación. También ha puesto de relieve los importantes retrocesos experimentados en los ámbitos de la salud, la educación, el medio ambiente, el trabajo y la convivencia causados por los recortes realizados en las últimas décadas. Además, en el caso de las personas migrantes, el impacto de las políticas de austeridad se está viendo agravado por la vulneración de Derechos Humanos que suponen leyes como la Ley de Extranjería.

Como consecuencia de dichas políticas, la precarización de la vida cotidiana se ha ido extendiendo. Aumenta el número de personas que traspasan el umbral dela pobreza y cada vez más trabajadores y trabajadoras tienen dificultades para llegar a fin de mes, especialmente entre los colectivos que se dedican a las tareas de cuidado y servicios (empleadas de hogar, cuidadoras a domicilio, personal de residencias, de la limpieza, de los comedores, etc.). Y, entre las personas en situación de vulnerabilidad, quienes sufren las consecuencias más graves son: las migrantes, las trabajadoras sexuales, las personas en situación administrativa irregular y las personas sin hogar.

Hay que incidir, además, en que la discriminación por género atraviesa todos estos colectivos vulnerables, aumentando su precariedad y el riesgo de convertir a las mujeres que los componen en potenciales víctimas de la violencia machista estructural de nuestra sociedad. Una mujer migrante, en situación administrativa irregular y que no dispone de un entorno seguro y salubre, puede estar soportando situaciones de explotación sexual y/o laboral por no quedarse en calle y es el prototipo de vulnerabilidad real durante el confinamiento, antes y después del mismo.

Aceptamos y asumimos la responsabilidad colectiva y personal que tenemos como sociedad civil, al tiempo que demandamos del Ayuntamiento de Donostia, incluso trabajando conjuntamente si fuera necesario, que administren los recursos públicos, dando prioridad a la atención de las necesidades de todas las personas, especialmente de aquellas que más lo necesitan.

 La difícil e inesperada situación generada por el COVID-19, nos obliga a exigir la puesta en marcha de las siguientes medidas:

  

Medidas urgentes en la etapa del confinamiento y para después

  • Recursos habitacionales durante el confinamiento y para después: La acogida de las personas que se encuentran en situación de calle se ha de realizar en condiciones dignas a través de plazas hoteleras, pisos vacíos, etc.
    Esta medida es urgente, puesto que las plazas que se ofrecen en albergues y polideportivos municipales no son adecuadas para un confinamiento tan largo, ni en cuanto al número de personas acogidas en cada espacio, ni en lo relativo a las condiciones en las que se encuentran (falta de intimidad, personas de muy diferentes perfiles confinadas en el mismo espacio, ausencia de recursos para pasar mejor las horas de confinamiento, etc.).

    Además, esta situación es contraproducente y totalmente desaconsejada para asegurar la protección en la actuación frente al COVID-19.

    Pero en todo caso, nuestra reivindicación no acaba en la situación de confinamiento, sino que una vez detectado que en Donostia existe un importante número de personas en situación de calle, es decir, sin techo, entendemos que la política de dar un cobijo digno a estas personas debe ser una máxima en este municipio.

  • Tramitación de un documento para la circulación emitido por los servicios sociales correspondientes, válido ante los requerimientos policiales, para aquellas personas a las que por diferentes motivos se les haya negado la acogida.

  • Respuesta al control policial: Exigimos el cese de cualquier tipo de violencia policial y que se investigue los presuntos abusos y violencias, especialmente racistas, por parte del cuerpo de la policía local de este Ayuntamiento, situación que desde Ongi Etorri Errefuxiatuak Gipuzkoa hemos denunciado en más de una ocasión, al tiempo que se activen mecanismos internos de seguimiento y evaluación de estos hechos.

    Además, solicitamos que se abra una investigación independiente desde el Ayuntamiento de Donostia para esclarecer las responsabilidades de esta represión policial. La comunidad racializada es quien más está sufriendo y denunciando el trato recibido por los diferentes cuerpos policiales. Además le solicitamos a usted como máximo responsable del Ayuntamiento de Donostia que redacte una orden para corregir la política de identificaciones racistas por parte de la policía local y de su posterior entrega a extranjería.

    Exigimos la supervisión de las intervenciones policiales en los dispositivos especiales de confinamiento y el trato que se dispensa a las personas en ellos acogidas, como un modo de prevenir posibles situaciones de maltrato que pudieran producirse.
     

Medidas necesarias en la etapa inmediatamente posterior
 

  • Medidas administrativas y económicas, una vez terminado el confinamiento dirigidas a asegurar:

    • La protección de las personas que se han quedado sin trabajo, que han sido desahuciadas, que tienen problemas para el pago de sus alquileres, que no encuentran vivienda, etc. Estas medidas estarían respaldadas con políticas en positivo orientadas a facilitar las prestaciones económicas necesarias, facilitar viviendas en alquiler a las personas que las necesitan, regular el mercado de alquiler de Donostia, ampliando de manera urgente los recursos habitacionales y creando las plazas necesarias para atender dignamente a todas las personas que lo necesitan.
    • La protección de las personas que se encuentran en los dispositivos de acogida temporales, adecuando soluciones en función de los diferentes perfiles de las mismas, tales como: plazas de albergue específicas con horarios adecuados, centros de día, pisos tutelados, etc. Insuficientes hasta ahora. Esta política respetará y dará cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto de Cartera de Servicios y Prestaciones del Sistema Vasco de Servicios Sociales y se implementará en todos los municipios bajo la coordinación de EUDEL.

      Se ha de prestar especial atención al colectivo de personas jóvenes ex tuteladas, quienes, en estos momentos, permanecen en los centros a pesar de haber llegado a la mayoría de edad, y que, una vez termine el tiempo de alarma sanitaria, pasarán a formar parte del grupo de personas que, por carecer de techo, viven en la calle. Exigimos una coordinación entre los diferentes municipios e instituciones para que se respete su antigüedad en el padrón a la hora de poder optar a diferentes servicios y se generen recursos habitacionales ajustados a su situación que, por otro lado, es conocida por las instituciones. Es inaceptable que estas personas, para acceder a un servicio o programa, tengan que pasar antes por situación de calle.

  • Empadronamiento: Se ha de garantizar el empadronamiento para todas las personas y, para ello, se habilitarán los mecanismos necesarios, especialmente el uso del padrón social, bien a través de los Servicios Sociales municipales, o a través de entidades sociales; en este último caso, se deberá ampliar el reconocimiento de la capacidad de empadronamiento social a aquellas entidades sociales que así lo requieran. El padrón supone la puerta de acceso a los derechos básicos que nos asisten como ciudadana/o y, por eso, no es de recibo que ninguna persona que resida en nuestros pueblos y ciudades esté sin empadronar.

    Merece especial atención el caso de tantas y tantas personas con problemas de empadronamiento en su vivienda habitual y que no pueden acceder al empadronamiento social por no cumplir con los requisitos necesarios. Esta situación genera que haya menores en la ciudad sin escolarizar y personas indocumentadas sin acceso a los derechos más básicos aumentando las cifras de exclusión grave en la ciudad que hasta hace unos años era conocida por la calidad de sus servicios sociales. Es necesario encontrar nuevas formas válidas de identificación que garanticen los derechos básicos a todas las personas.

    Así mismo, el Ayuntamiento de Donostia debe garantizar el empadronamiento a las personas actualmente acogidas bajo su tutela en los dispositivos de confinamiento, prueba irrefutable de su residencia en la localidad, aunque no dispongan de vivienda.

  • Implementación de una Renta Básica Universal: La situación de emergencia en la que nos encontramos exige implementar una Renta Básica de carácter universal −para toda la población−, incondicional –sin requerimientos previos− y de forma inmediata.

    La Renta Básica Universal se implementará con fecha 30 de abril y durará un mínimo de 9 meses, es decir, hasta final de año. Estos nueve meses permitirán evaluar sus efectos y rediseñar su formulación, ya que, dado que la crisis va a ser dura y persistirá más allá del final del estado de alarma, dicha renta básica universal tendrá que mantenerse en el tiempo.

  • Regularización administrativa de las personas migrantes: Nos sumamos a las diferentes campañas que han venido surgiendo en este tiempo de crisis. Sabemos que no es una competencia del Ayuntamiento de Donostia, pero este tiene la capacidad de diseñar políticas que mitiguen los efectos que se derivan de la situación de irregularidad, así como de diseñar programas de acogida y ofrecer los recursos y las condiciones necesarias para garantizar una acogida equilibrada y de calidad de las personas en tránsito, de las personas varadas en las fronteras de Europa para que puedan llegar a esta ciudad que tantas veces se ha autodenominado de acogida.

    Exigimos que todas las personas menores tuteladas lleguen a su mayoría de edad provistas de sus documentos de identidad y de su permiso de residencia, tal y como recoge el protocolo de atención a menores extranjeros no acompañados.

 

Ongi Etorri Errefuxiatuak Gipuzkoa

 

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