Hemos recurrido los pliegos del Transporte Sanitario Urgente y No Urgente de la CAV, valorados en cerca de 1.400 millones de euros, por incumplir la normativa. En el recurso demostramos que la gestión directa es más eficiente que la privada.

« El Gobierno Vasco ha presentado la licitación  sin estudios, sin datos y sin análisis económico  »

 

Hemos recurrido estas licitaciones porque creemos que la ley obliga a justificar una decisión de este calibre y porque, en este caso, esa justificación simplemente no existe.

Antes de privatizar o externalizar un servicio público esencial, la Administración debe demostrar dos cosas: que no puede prestarlo con sus propios medios y que contratar a empresas privadas es la opción más eficiente y económicamente más ventajosa para la ciudadanía. En nuestra opinión, ninguna de esas dos cuestiones ha quedado acreditada.

 

No se ha demostrado que la externalización sea necesaria

El expediente se limita a afirmar que el sistema sanitario no dispone de medios suficientes para prestar el servicio. Pero afirmar algo no equivale a demostrarlo.

No se explica cuántos recursos propios tiene actualmente Osakidetza, cuáles son insuficientes ni qué necesidades concretas no puede cubrir. Tampoco se analiza cuánto costaría reforzar esos medios propios ni se compara ese coste con el de mantener la gestión privada.

Una decisión que compromete cerca de 800 millones de euros de dinero público no puede basarse en una simple frase sin estudios, sin datos y sin análisis económico.

 

El servicio ya funciona como una red pública

A menudo se presenta este contrato como si únicamente se tratara de contratar ambulancias, pero la realidad es muy distinta.

El transporte sanitario urgente forma parte de una red pública dirigida íntegramente por Osakidetza. Las llamadas las recibe el Centro de Coordinación de Emergencias, que valora cada situación, decide qué recurso debe intervenir, moviliza las ambulancias, coordina toda la actuación y determina el hospital de destino.

Las ambulancias de las empresas privadas trabajan siguiendo exactamente las mismas instrucciones, los mismos protocolos y el mismo sistema de coordinación que los recursos propios. De hecho, los propios pliegos obligan a que la ciudadanía no pueda distinguir si una ambulancia pertenece a una empresa privada o a Osakidetza.

Por eso entendemos que la única diferencia real entre ambos modelos es quién figura como propietario de los vehículos y quién paga las nóminas del personal. La organización, la planificación y la dirección del servicio ya son públicas.

 

 

Estamos pagando funciones que ya realiza la Administración

El contrato incluye un porcentaje destinado a cubrir gastos generales, estructura empresarial y beneficio industrial de las empresas adjudicatarias.

Sin embargo, buena parte de las funciones que justifican ese coste ya las desempeña diariamente Emergentziak-Osakidetza: coordina los recursos, organiza el servicio, moviliza las ambulancias y dirige toda la actividad operativa.

Desde ESK creemos que no tiene sentido pagar dos veces por funciones que ya está realizando la propia Administración. Ese sobrecoste desaparecería con una gestión directa.

 

Nadie ha comparado cuánto cuesta cada modelo

Nos parece especialmente grave que no exista un estudio que compare cuánto cuesta prestar este servicio directamente desde Osakidetza y cuánto cuesta mantener el modelo externalizado.

Antes de gastar cientos de millones de euros, esa comparación debería ser obligatoria.

Precisamente por eso hemos elaborado un análisis pericial propio que concluye que la gestión directa no solo es posible, sino también más eficiente desde el punto de vista económico.

 

«  Es especialmente grave  que no exista un estudio que compare cuánto cuesta prestar este servicio directamente desde Osakidetza »

 

Siete años de contrato sin explicación

Los pliegos prevén una duración inicial de cuatro años con posibilidad de prorrogar el contrato durante otros tres, alcanzando un total de siete años.

Sin embargo, el expediente no ofrece ninguna explicación que justifique una duración tan prolongada.

A nuestro juicio, mantener durante siete años un modelo cuya necesidad ni siquiera se ha acreditado impide revisar periódicamente si existe una alternativa mejor para la ciudadanía.

 

El dinero público compra ambulancias que siguen siendo privadas

Otro aspecto especialmente preocupante afecta a la flota de ambulancias.

Los vehículos nuevos se financian con dinero público, pero siguen siendo propiedad de las empresas adjudicatarias cuando finaliza el contrato.

Esos mismos vehículos pueden venderse posteriormente a la empresa que obtenga el siguiente contrato, de modo que el sistema público puede terminar pagando varias veces por los mismos activos sin llegar nunca a ser su propietario.

Si la gestión fuera pública, esas ambulancias pasarían a formar parte del patrimonio de Osakidetza y seguirían estando al servicio de la ciudadanía.

  

« La gestión pública es la opción que mejor protege el  interés general  »

 

La experiencia demuestra que este modelo ha fracasado

Nuestra posición no parte de una hipótesis, sino de la experiencia acumulada durante años.

El transporte sanitario externalizado en Euskadi ha sufrido concursos anulados, contratos de emergencia, abandono de adjudicatarias, retrasos en el pago de salarios, numerosas sanciones de la Inspección de Trabajo, incumplimientos laborales, problemas con la disponibilidad de ambulancias y dificultades para garantizar la continuidad del servicio.

Cada una de esas crisis ha terminado teniendo un coste económico para las instituciones y un impacto directo sobre las personas trabajadoras y sobre la calidad del servicio que recibe la ciudadanía.

Sorprendentemente, el expediente no realiza ninguna evaluación de esa experiencia ni analiza por qué se han producido todos esos problemas o cómo podrían evitarse.

 

Pedimos que se estudie seriamente la gestión directa

Desde ESK defendemos la gestión pública porque creemos que es la opción que mejor protege el interés general.

En este caso entendemos que el Gobierno Vasco no ha demostrado que la externalización sea necesaria, más eficiente o más barata. Tampoco ha comparado ambos modelos antes de tomar una decisión que compromete cientos de millones de euros de dinero público.

Por todo ello hemos recurrido los pliegos del Transporte Sanitario Urgente y del Transporte Sanitario No Urgente.

Creemos que todavía estamos a tiempo de abrir un debate serio sobre cuál es la mejor forma de prestar un servicio esencial para la ciudadanía. A nuestro juicio, la respuesta pasa por reforzar la gestión pública, aprovechar los recursos de Osakidetza y destinar cada euro posible a mejorar la atención sanitaria, en lugar de sostener un modelo de externalización cuya necesidad nunca ha sido demostrada.