Se van a destinar un total de 129 millones de euros de dinero público a financiar la actividad de empresas privadas y se van a destruir puestos de trabajo en Osakidetza.

La Consejera Sagardui anunciaba a bombo y platillo en abril del año pasado la construcción de una plataforma logística en la antigua sede de EITB, en Iurreta, que va a absorber gran parte de la actividad que a día de hoy se desarrolla en los almacenes de Osakidetza; almacenes de titularidad pública gestionados por empleadas y empleados públicos.

A pesar de los eufemismos utilizados por el Departamento de Salud, estamos ante una nueva privatización de un servicio público en beneficio de intereses privados que, además de suponer la derivación de millones de euros de dinero público a manos privadas, va a suponer también la destrucción de puestos de trabajo en Osakidetza. Así, el pasado día 23 de enero, el Departamento de Salud oficializaba su proyecto mediante la publicación de la licitación, que asciende a un total de 129 millones de euros de dinero público.

En este sentido, cabe recordar que, en el año 2023, el Departamento de Salud destinó un total de 269 millones de euros a sufragar los diferentes servicios que tiene privatizados, lo que supone un incremento del 9% respecto al año anterior. La privatización planteada ahora supone dar un paso más en esa apuesta de privatizar lo público y de enriquecer al sector privado a costa del dinero de todos y todas. A nadie se le escapa que, a la vista de la precaria situación que atraviesa Osakidetza, la inversión directa de esas cantidades supondría una mejora sustancial tanto en las condiciones de trabajo de la plantilla, como en la calidad del servicio que se presta a la ciudadanía.

En los almacenes de Osakdietza trabajan un total de 180 personas. Hoy por hoy, el futuro de estas 180 personas queda en el aire, especialmente el del personal temporal. Hace unos meses la Consejera Sagardui afirmaba que no se iba a destruir ningún puesto de trabajo. Tras esa afirmación pretendía ocultar la verdadera realidad: se decretará la finalización de muchos nombramientos temporales y se recolocará al personal fijo en otros servicios, ya que tienen derecho a ello. En un ámbito en el que más de la mitad de la plantilla es temporal, el riesgo de pérdida de empleo es evidente.

Los sindicatos ELA, LAB, CCOO, UGT y ESK exigen a Osakidetza la paralización del proyecto así como que el servicio siga siendo de gestión pública y con plantilla pública y para ello convoca a toda la plantilla a las siguientes movilizaciones:

15 DE FEBRERO A LAS 11 EN TODOS LOS ALMACENES DE GIPUZKOA

22 DE FEBRERO A LAS 11 EN TODOS LOS ALMACENES DE ARABA

29 DE FEBRERO A LAS 11 EN TODOS LOS ALMACENES DE BIZKAIA