Las instituciones también son responsables porque, aunque parezca que sus decisiones, sus políticas, sus acciones son inofensivas y asépticas generan violencia. Y es que la violencia es lo que vemos, pero también lo que no vemos.

 

 

Las instituciones cómplices de la violencia machista: lo que no se ve a primera vista

La violencia contra las mujeres tiene muchas caras y no todas son visibles. Hay muchas formas de ejercer violencia contra nosotras, violencias que nos atraviesan y que suponen una vulneración constante de nuestros derechos más elementales.

Ni podemos ni queremos olvidar a las 5 mujeres asesinadas en lo que llevamos de año en Euskal Herria ni a las 112 mujeres y 11 menores desde 2003. Debemos tener muy claro que la violencia contra las mujeres no surge de la nada, los casos que saltan a los medios de comunicación y que son solo una mínima parte de la violencia que se ejerce contra nosotras, no son casos aislados, a nosotras no nos agreden locos ni monstruos, nos agreden hombres, hijos sanos del patriarcado que lo hacen porque pueden, porque detrás hay todo un sistema patriarcal que les ampara. Pero la violencia necesita de un caldo de cultivo, de un contexto que la propicie y en eso en gran medida, las instituciones tienen mucha responsabilidad.

 

« Aunque parezca que las decisiones, las políticas y las acciones de las instituciones son inofensivas y asépticas, también  generan violencia  »

 

No son suficientes las leyes, ni las caras de circunstancia ante cada nuevo asesinato machista, no podemos seguir aceptando que se hable del número de mujeres asesinadas o de los agresores como algo excepcional. Quienes nos gobiernan tienen la responsabilidad, pero sobre todo la obligación de dinamitar la estructura patriarcal que sustenta la violencia contra nosotras. Y, sobre todo, es su obligación no reproducir los roles ni fomentar los contextos que la amparan. La única manera de acabar con la violencia contra las mujeres es prevenirla, no fomentar, ni por acción, ni por omisión, que se siga dando.

Quienes pudiendo no hacen nada para evitarlo, quienes parecen meros observadores, quienes abonan el campo de juego para perpetuar el patriarcado no solo son cómplices de la violencia machista, sino que además también la ejercen mirando hacia otro lado. Es necesario erradicar la violencia contra nosotras, para lo cual se debe acabar con la violencia institucional a la que en muchas ocasiones nos vemos sometidas, violencia que se ejerce en el ámbito jurídico, policial, educativo, sanitario, asistencial, de atención social, psicológica, mediático, etc. La violencia institucional apenas se contempla en las leyes sobre violencia de género, aunque a nivel internacional haya sido reconocida oficialmente desde hace décadas.

Las instituciones también son responsables porque, aunque parezca que sus decisiones, sus políticas, sus acciones son inofensivas y asépticas generan violencia. Y es que la VIOLENCIA ES LO QUE VEMOS, PERO TAMBIÉN LO QUE NO VEMOS.

 

« Someter a las mujeres a  vidas precarias  no solo es violencia en sí misma, sino que además contribuye a generar situaciones de violencia »

 

Precariedad en la administración

Sin lugar a duda uno de los elementos clave a la hora de analizar la discriminación que sufrimos las mujeres en general y la violencia machista en particular es el acceso al mercado laboral. Siempre nos han dicho que la independencia económica de las mujeres acabaría con las desigualdades y que animaría a las mujeres a romper con las dinámicas de violencia. Sin embargo, esto no ha sucedido y es que de lo que no se habla es de la precariedad laboral de las mujeres. Una precariedad laboral que las administraciones públicas abalan, permiten y justifican y que las instituciones no hacen nada por evitar. Someter a las mujeres a vidas precarias no solo es violencia en sí misma, sino que además contribuye a generar situaciones de violencia.

Y las Administraciones Públicas son las reinas de usar la subcontratación para cubrir las diferentes necesidades de empleo y no es casualidad que sean principalmente los servicios vinculados a las tareas reproductivas y de cuidados quienes se llevan la palma. Limpiezas, asistencia domiciliaria, servicios sociales, gestión del 112, comedores escolares… son algunos de los ejemplos. Sectores estos en los que las trabajadoras tienen salarios miserables y en los que la brecha de género es escandalosa. Las Administraciones son quienes pueden y deben acabar con esta situación, revertiendo las privatizaciones, exigiendo que los sueldos de estas trabajadoras sean iguales a los del personal funcionario, impidiendo y sancionando la brecha de género. Someter a las mujeres a peores condiciones laborales que a los hombres, impedir la mejora de su categoría profesional solo por el hecho de ser mujer ES VIOLENCIA.

 

« La eventualidad en la administración pública supera el 30% y son precisamente los  sectores más feminizados  los que mayor índice de temporalidad tienen »

 

También las Administraciones Públicas son las primeras en el ranking en el abuso de la eventualidad y el fraude en la contratación. En el Estado Español la eventualidad en la administración pública supera el 30% y son precisamente los sectores más feminizados (sanidad, 75% mujeres; educación no universitaria, 71,01% mujeres) son los que mayor índice de temporalidad tienen. Esto supone que miles de mujeres están expuestas a una inestabilidad laboral que la administración no puede tolerar. Muchas de estas trabajadoras están en fraude de ley tal y como señala Europa y ante esto la solución que plantean los gobiernos es hacer tabla rasa, despedir y que opten a su plaza en concurso público, sin asumir responsabilidades y confundiendo, una vez más igualdad con equidad. La mayoría de las personas que se encuentran en esta situación de fraude de ley son mujeres mayores de 40 años. No estamos descubriendo nada cuando decimos que somos las mujeres quienes nos ocupamos de las tareas de cuidados quienes sacrificamos nuestro tiempo para cuidar a terceros y nos encargamos de las tareas reproductivas. Intentar establecer criterios iguales para situaciones que son desiguales también ES VIOLENCIA.

 

Inoperancia de las administraciones públicas

No es solo lo que hacen las administraciones sino también lo que no hacen, los servicios públicos asistenciales en muchísimas ocasiones son donde se detectan los casos de violencia contra las mujeres. No asegurar su presencialidad hace que no se puedan detectar estas situaciones y además sitúa a las mujeres, entre las cuales la brecha digital es aún mayor que entre los hombres, en una situación de especial vulnerabilidad, además de aislarnos y dejarnos sin herramientas para gestionar problemas de vital importancia, también ES VIOLENCIA.

 

Falta de políticas para evitar la brecha de género en las pensiones

Las mujeres arrastramos la precariedad durante toda nuestra vida laboral, jornadas reducidas, pluriempleo, temporalidad… Todo ello afecta directamente en nuestra jubilación y las instituciones no solo no toman medidas efectivas, sino que cuando lo hacen ni solventan el problema ni son suficientes. Condenar a las mujeres mayores de 67 años a seguir trabajando para subsistir, a depender de terceros o a la pobreza ES VIOLENCIA.

 

Dejación de responsabilidades de cuidados

Hace mucho que desde el feminismo dijimos aquello de “lo personal es político” porque entre otras cosas lo que nos pasa a las mujeres nada tiene que ver con decisiones personales, sino con decisiones estructuradas desde el patriarcado. No es nuestra responsabilidad atender las necesidades de cuidados de nuestros seres queridos y familiares. Somos seres interdependientes, cuerpos vulnerables que en diferentes momentos de nuestras vidas necesitaremos cuidados y es responsabilidad de las administraciones garantizarlos. Obligar a las mujeres a cuidar ES VIOLENCIA como lo es no garantizar servicios públicos de cuidado dignos y gratuitos así como subcontratar la gestión de las residencias privadas sin garantizar condiciones dignas para las personas usuarias y trabajadoras.

 

Trabajadoras de hogar y de cuidados

El Estado Español, 10 años después de que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) equiparara los derechos de estas trabajadoras, sigue sin ratificar el convenio de la OIT y ni el Gobierno Vasco ni el Navarro han tomado ninguna medida en esta dirección. Es más, en plena crisis sanitaria por la COVID-19 solo hubo una medida extraordinaria para este sector (frente a las que aún siguen vigentes para los sectores masculinizados como la industria, por ejemplo), siendo esta una medida temporal e ineficaz que dejo a la gran mayoría de estas trabajadoras sin acceso a ella. Y que el Gobierno Vasco excluya a las Trabajadoras de Hogar y de cuidados de las ayudas a la conciliación, y seguir avalando unas condiciones laborales que no las permite acceder al derecho al desempleo, con jornadas de 60 horas semanales con pernocta por el Salario Mínimo Interprofesional ES VIOLENCIA.

 

Incumplimiento de los protocolos contra la violencia de género y revictimización

La falta de protocolos claros y sobre todo el no cumplimiento de estos en las diferentes policías o en los centros de asistencia sanitaria ante situaciones de violencia machista generan una doble violencia. Las instituciones tienen la capacidad de legislar al respecto y de dar carácter de obligatoriedad a que las mujeres realicen sus denuncias con asistencia letrada y psicológica. Los centros de salud han de realizar todas las pruebas necesarias ante una situación de violencia sin escatimar en gastos y sin dar por hecho nada. Esto es responsabilidad única y exclusivamente de las instituciones y de las administraciones públicas. Someter a las mujeres a procesos judiciales largos y agresivos en los que se revictimiza una y otra vez tras sufrir una agresión sexual, y someter las vidas de las mujeres a decisiones de personas sin una formación suficiente ES VIOLENCIA.

 

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