Tras la reunión de hoy, desde ESK consideramos insuficiente la propuesta de Green Industry (CAP Capital) que plantea sacrificios laborales, pero no cómo lograr los objetivos industriales y de rentabilidad. 

«  Falta un plan  por plantas con inversiones, financiación, plazos y previsiones contrastables para evaluar su viabilidad: dónde, cómo y para qué invertir. »

CAP Capital plantea reducir un 20 % la masa salarial, sin concretar el empleo afectado, congelar salarios durante cinco años de «paz social» y abordar flexibilidad, movilidad, polivalencia y absentismo. Esto sería modificar las condiciones laborales, que en la misma reunión aseguran que van a respetar. No cabe pedir apoyo sindical sin precisar las posibles medidas planteadas.

Desde ESK hemos insistido en que, sin integrar producción y operaciones de Amurrio, Trapagaran y Langraiz Oka, el proyecto no puede atender proyectos en petróleo y geotermia con productos de alto valor añadido, como parece que ellos pretenden. Acería, fabricación de tubos y roscado premium conforman esa capacidad. No han explicado cómo competir prescindiendo de una parte importante del proceso (TRPT de Langraiz Oka, por la que no parecen mostrar interés). Exigimos la continuidad de las tres plantas y de todos los empleos, con compromisos verificables y no más «actos de fe».

Investigar la gestión anterior

Las noticias sobre el ICO refuerzan nuestra reivindicación histórica de investigar la gestión anterior y exigir responsabilidades económicas. Según esas informaciones, el ICO sostiene que las actuaciones u omisiones del consejo pudieron generar o agravar la insolvencia. El juzgado determinará la responsabilidad jurídica, pero nosotros ya lo advertíamos.

Al negociar el ERE en marzo exigimos públicamente control de las ayudas y garantías industriales y laborales. En la lucha contra el ERE denunciamos la gestión y el endeudamiento, rechazando culpar a la plantilla. El 21 de octubre reclamamos ante la Administración Concursal examinar las responsabilidades de quienes dirigieron la empresa y solicitaron el rescate: deben contribuir a solucionar el problema que han generado.

Tutela deficiente de los gobiernos

SEPI, ICO y los gobiernos vasco y español deben responder, desde sus competencias, por una vigilancia y tutela que ESK considera muy deficientes. Estaban advertidos y tenían instrumentos de intervención que la plantilla no tenía. Deben explicar qué controlaron, qué autorizaron y por qué no corrigieron el deterioro.

Son 112,8 millones de euros del préstamo SEPI y, según el Gobierno ante el Parlamento, más de 20 millones de financiación bancaria con avales ICO y cerca de 10 millones de ayudas para electrointensivas. Son instrumentos distintos que exigen seguimiento y rendición de cuentas sobre destino y resultados.

No basta señalar a los gestores: hay que investigar sus decisiones y exigir las responsabilidades económicas acreditadas. El dinero público debe proteger actividad y empleo. Exigimos una salida industrial para las tres plantas, participación sindical real, garantía total del empleo y respeto a nuestros derechos. La plantilla no puede volver a pagar una gestión en la que ni siquiera participó.