Reclamamos medidas urgentes para sostener la actividad y los salarios, y una solución que preserve el conjunto del grupo. La falta de liquidez y la incertidumbre sobre la venta exigen compromisos concretos de las empresas interesadas y una implicación efectiva de las instituciones.

« Las trabajadoras y los trabajadores no pueden  volver a asumir  el coste de esta crisis »

Tras la reunión de ayer con la dirección y la administración concursal de Tubos Reunidos, desde ESK reclamamos medidas urgentes para sostener la actividad y los salarios, y una solución que preserve el conjunto del grupo. La falta de liquidez y la incertidumbre sobre la venta exigen compromisos concretos de las empresas interesadas y una implicación efectiva de las instituciones.

Según ha explicado la dirección, la compañía mantiene al día sus pagos, pero trabaja con una tesorería muy ajustada, dependiente de la producción, los cobros y las líneas de financiación bancaria. Aunque han asegurado abonar la nómina de octubre, no han asegurado los pagos de los meses siguientes. ESK consideramos que debe haber información periódica y medidas que protejan los salarios y eviten trasladar esta incertidumbre a las familias.

La empresa ha comunicado una mejora de la entrada de pedidos en octubre, vinculada principalmente al mercado estadounidense. Sin embargo, reconoce que la falta de financiación limita incluso la capacidad de fabricar los pedidos captados. A ESK, nos llama la atención, que sea nuevamente EEUU el mercado que asegure facturación en Tubos Reunidos, cuando se nos aseguró en la negociación del ERE que era un mercado cerrado y una de las razones de esta crisis. Parece que si teníamos razón en desconfiar en aquel momento.

Proyecto solvente para Amurrio, Trapagaran y Nanclares

Cinco oferentes han pasado a la siguiente fase. La administración concursal sitúa la presentación de ofertas definitivas, de forma orientativa, en la primera semana de diciembre y prevé contactos de los interesados con la representación de la plantilla. Las propuestas actuales son preliminares: todavía deben concretarse su alcance industrial y sus condiciones laborales. No existe, por tanto, una garantía cerrada de continuidad para todos los centros y empleos.

Desde ESK exigimos que se priorice un proyecto solvente para Amurrio, Trapagaran y Nanclares, con continuidad de la acería y del conjunto de la actividad industrial. La valoración debe incorporar inversiones verificables, financiación suficiente y compromisos exigibles de mantenimiento del empleo y de las condiciones laborales. La urgencia del proceso no puede servir para imponer recortes ni para dejar centros o personas fuera de la solución.

Deuda con la SEPI

La deuda con la SEPI constituye otro punto crítico. Según la administración concursal, las ofertas condicionan la adquisición a no asumir esa deuda, y la posición de la entidad pública introduce un riesgo para la operación. Se trata de una controversia pendiente de resolver. Desde ESK reclamamos al Gobierno central, a la SEPI y al Gobierno Vasco una actuación coordinada que facilite la continuidad industrial y proteja el empleo y los recursos públicos.

ESK hemos pedido conocer el soporte documental de las gestiones sobre una posible capitalización de la deuda de la SEPI. Defendemos que se estudien las vías de participación pública que permitan sostener un proyecto industrial viable. También reclamamos esclarecer la gestión y el destino de los fondos públicos recibidos y las responsabilidades que correspondan, sin dar por acreditadas conclusiones que todavía deben investigarse.

Derecho de la plantilla a la información

En la reunión, ESK hemos solicitado que se levanten actas para disponer de un registro de las explicaciones y compromisos. Reclamamos acceso previo a la documentación necesaria para valorar las propuestas y una participación efectiva de la representación sindical. La plantilla tiene derecho a conocer qué futuro se plantea para cada centro y bajo qué condiciones.

ESK rechazamos que se responsabilice a la plantilla o a la representación sindical de la situación de la compañía. Defender el empleo exige transparencia y decisiones industriales sostenibles. Las trabajadoras y los trabajadores no pueden volver a asumir el coste de esta crisis.