El Ayuntamiento de Bilbao no puede seguir mirando hacia otro lado mientras las trabajadoras que trabajan en su subcontrata limpiando sus edificios sufren precariedad extrema. Es su subcontrata, es su responsabilidad.

« Exigimos que el Ayuntamiento ejerza un control real sobre las empresas contratistas »
Hoy 30 de octubre, una representante del Comité de Empresa de la UTE BIO Eraikigarbi, ha denunciado en el Pleno del Ayuntamiento de Bilbao el abandono institucional y la precariedad laboral que sufren las trabajadoras de limpieza de los edificios municipales.
Hipocresía institucional
¿Cómo es posible que el Ayuntamiento de Bilbao presuma cada 8 de marzo de sus planes de igualdad mientras mantiene desamparada a una plantilla compuesta en un 95% por mujeres? Al ayuntamiento le llena de orgullo y satisfacción hablar de Bilbao como la segunda ciudad más limpia del Estado, que se premie a Bilbogarbi y exhibir con orgullo el desfile de barredoras de FCC en la cabalgata de reyes. Esto es posible a la profesionalidad de la plantilla de limpieza viaria (formada mayormente por hombres que tienen mejores condiciones laborales) y al presupuesto que manejan.
Mientras, el ayuntamiento, ignora completamente a las profesionales que dejan impolutos los colegios, los centros cívicos, el Mercado de la Ribera y los propios despachos municipales, que mayoritariamente somos mujeres y tenemos peores condiciones laborales. El trato y la partida económica que recibe cada plantilla no tiene nada que ver. Y eso es inaceptable.
Una precariedad con nombre de mujer
Los datos son demoledores. Hace tres años el índice de parcialidad era del 40%, ya de por sí escandaloso. Ahora alcanza el 60%. Hay compañeras con contratos de apenas 10 horas semanales. Esto las obliga a buscarse otros trabajos, muchas veces limpiando casas particulares, precarizando aún más sus vidas.
La empresa, siempre escudándose en que "es lo que pide el cliente" (es decir, el Ayuntamiento), somete a nuestras compañeras a cargas de trabajo desproporcionadas e inasumibles. Las obliga a realizar trabajos que no corresponden a sus categorías profesionales, como limpiar baños públicos que están reflejados en el contrato de limpieza viaria. Y cuando una compañera está de baja, usa licencias u horas sindicales, no se cubren los puestos. La solución es siempre la misma: que las demás compañeras carguen con más trabajo.
Además, hay irregularidades graves en el contrato con el Ayuntamiento. Se ha reducido la plantilla a mitad de licitación sin cubrir jubilaciones ni bajas definitivas. Y en la lista de personal subrogado figuran hasta tres trabajadores con sueldos elevados que no prestan servicio en esta UTE sino en otras de FCC en Bizkaia.

Empresa y Ayuntamiento se pasan la pelota
La empresa se niega sistemáticamente a negociar un convenio, argumentando que cualquier mejora de condiciones requiere ampliar la partida presupuestaria, y eso es competencia del Ayuntamiento. Pero cuando intentamos hablar con el Ayuntamiento, nos remiten de nuevo a la negociación colectiva con la empresa. Estamos hartas de este círculo vicioso en el que la responsabilidad se diluye mientras nuestras condiciones empeoran.
¡Responsabilidad institucional ya!
Exigimos que el Ayuntamiento ejerza un control real sobre las empresas contratistas, no solo reuniéndose con ellas sino llevando un seguimiento con representantes de las plantillas. Que interceda para que la empresa se siente a negociar un convenio digno a la medida del servicio que prestamos. Que se amplíe la partida presupuestaria necesaria para garantizar condiciones laborales justas. Que en los futuros pliegos de licitación se incluyan cláusulas que garanticen derechos laborales. Y que asuma de una vez su responsabilidad sobre las condiciones de las trabajadoras subcontratadas.
Privatizar no puede significar precarizar. Y mucho menos con el aval del Ayuntamiento de Bilbao. Si esta institución defiende la igualdad y presume de sus políticas sociales, no puede seguir permitiendo que quienes hacen posible el funcionamiento diario de sus instalaciones trabajen en la precariedad más absoluta. El Ayuntamiento debe preocuparse y ocuparse de los conflictos laborales que surgen en sus contratas. Es su obligación política, ética y moral.

No vamos a dar un paso atrás
Seguiremos exigiendo lo que nos corresponde: dignidad, respeto y condiciones laborales justas. Porque somos las que dejamos impolutos los colegios, los centros cívicos, el Mercado de la Ribera y los despachos municipales. Porque somos trabajadoras imprescindibles. Y porque merecemos que nos traten como tal.
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