Las agresiones a las trabajadoras del Servicio de Atención a Domicilio (SAD) son consecuencia de la negligencia de las empresas que no garantizan la seguridad y de la pasividad de las instituciones que externalizan los servicios sin luego supervisarlo.

« Esta violencia  la sostiene la negligencia  de las empresas y la pasividad institucional »

Desde ESK queremos denunciar la responsabilidad directa de las empresas y de las administraciones públicas (que externalizan servicios públicos a través de subcontratas) de las agresiones sexuales y por razón de sexo que están sufriendo muchas trabajadoras en sus puestos de trabajo, especialmente en el sector de cuidados.

Lo que está ocurriendo no es un caso aislado. Es el resultado de una dejación sistemática de las obligaciones de prevención y protección laboral que tienen tanto las empresas como las instituciones que las contratan.

El caso más reciente del asesinato en su lugar de trabajo, de una trabajadora del Servicio de Ayuda a Domicilio en O Porriño es un ejemplo doloroso y revelador de las condiciones a las que están expuestas estas trabajadoras. La trabajadora había comunicado a la empresa, con antelación, que estaba en una situación de riesgo. ¿La respuesta de la empresa? Ninguna. No se tomaron medidas, no se valoró el peligro, no se activó ninguna protección. El resultado: el asesinato de una trabajadora mientras realizaba su trabajo. Un asesinato laboral que se podía haber evitado.

No es un hecho aislado

El patrón se repite una y otra vez, aquí también: en menos de un mes una educadora del Instituto Foral de Asistencia Social (IFAS) de Bizkaia fue apuñalada en su centro de trabajo en Txurdinaga y otra trabajadora de Teleasistencia del Gobierno Vasco fue brutalmente agredida por un usuario.

Esto no es una excepción, es una forma de violencia estructural, sostenida por la negligencia de las empresas, y la pasividad institucional. La gran mayoría de estas agresiones, se podría haber evitado, hay medios sufrientes para que esto no vuelva a repetirse.

« La inacción ante estas agresiones  hace cómplices  a las empresas y a las instituciones »

Desde ESK denunciamos

• A las empresas que tienen la obligación legal de prevenir estas situaciones y garantizar entornos seguros pero no lo hacen. Hay medidas que evitan y/o reducen las agresiones en los centros de trabajo, y deben implementarlas.
  
  
• La falta de medidas preventivas y protocolos de actuación. Esta falta de medidas es una irresponsabilidad intolerable y deben de tener consecuencias, incluidas las penales.
  
  
• A las administraciones públicas que no pueden seguir desentendiéndose de lo que ocurre en los servicios que externalizan. Son las garantes de que los servicios públicos se den en condiciones de calidad, lo que incluye el cumplimento de la normativa laboral.

Exigimos medidas urgentes y reales

• Protocolos efectivos de prevención de agresiones, tanto en las empresas como en las administraciones que externalizan servicios públicos a través de subcontratas.
  
  
• Respuesta inmediata ante las alertas y denuncias de las trabajadoras.
  
  
• Asunción de responsabilidades políticas, legales y laborales por parte de quienes contratan y gestionan estos servicios.

La inacción ante este tipo de agresiones hace cómplices a las empresas y a las instituciones responsables de estos servicios. ¡Basta de mirar para otro lado!

¡Basta de impunidad para las empresa e instituciones que permiten estas agresiones!