Denuncia en el Juzgado de Guardia de Gasteiz de la Venta fraudulenta del Gobierno Vasco a la empresa Catella de 500 viviendas de Vitalquiler (Kutxabank) de Zabalgana y Salburua.

 

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El pasado martes 7 de abril nos despertamos con la noticia de que 500 viviendas de Vitalquiler habían sido vendidas al fondo de inversión inmobiliaria sueco Catella, fondo creado en 1987 por el fundador de IKEA. Estas viviendas se encuentran en varios bloques de Salburua y Zabalgana, se trata de promociones finalizadas en 2008, construidas con ayudas públicas bajo el compromiso de dedicarlas a alquiler protegido.

 

Vitalquiler

La Caja Vital (posteriormente Kutxabank) y el grupo empresarial Adania crearon en 2001 Vitalquiler con el objetivo de promover un parque de viviendas protegidas en alquiler en Vitoria. Sin embargo, Kutxabank ha decidido deshacerse de estas viviendas, el 57% del total del parque que poseía, y venderlas a un fondo sueco dejando en manos privadas la gestión de su alquiler social. Catella no es la primera vez que compran viviendas VPO, de hecho el 50% de sus activos lo son, e incrementarán un parque de más de 2000 viviendas en el estado.

En esta operación no hubiera sido posible sin el papel determinante del Gobierno Vasco y los partidos que lo forman (PNV y PSE). No solo ha autorizado la venta sino que ha renunciado a ejercer el derecho de tanteo y retracto previsto en el Art. 65 de la Ley de Vivienda Vasca, perdiendo una gran oportunidad de aumentar el parque público de vivienda en propiedad.

 

Dudas con los fondos de inversión

Esta operación no dejaría de ser una mera transacción inmobiliaria si detrás de esas paredes no vivieran personas, personas que, dado el carácter social de los alquileres, en muchos casos pertenecen a sectores vulnerables. No están en la mejor situación para afrontar los posibles cambios en las condiciones que puede acarrear este negocio que está jugando con las necesidades básicas de la población.

En un principio existe el compromiso de mantener las condiciones hasta 2033, pero vista la forma de actuar de algunos fondos de inversión no sería de extrañar que éstas cambiaran. Hay varios casos, el del fondo de inversión Lazora en San Sebastian de los Reyes, el de Blackstone en Barcelona o el más reciente y cercano de este mismo fondo en Benta Berri en Donostia, que ha comenzado a tramitar órdenes de desahucio poco después de adquirir cientos de pisos en la zona.

No podemos permitir que un recurso básico como es la vivienda dependa del ansia de negocio de especuladores . La vivienda es un derecho básico y no se puede abandonar como se está haciendo desde diferentes instituciones.

 

Denuncia contra el consejero Ignacio María Arriola López

Es por ello que el martes 26 de mayo de 2020 se ha presentado una denuncia en el Juzgado de Guardia de Gasteiz en nombre de Guillermo Perea y Juantxu Oscoz de la Asociación Elkartzen, con todo el apoyo de la Iniciativa por el derecho a vivienda y contra la exclusión social “Inor ez kalegorrian – Derecho a techo”, contra el Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco Ignacio María Arriola López, por hechos que estimamos pueden constituir delito de prevaricación, fraude y/o estafa.

La política de vivienda que está llevando a cabo el Gobierno Vasco va en contra de las necesidades de la población, y antepone el negocio privado al derecho a la vivienda, dejando a parte de población en situación de vulnerabilidad en manos de fondos que buscan rentabilidad económica y no el bienestar de estas personas.


INOR EZ KALEGORRIAN! ¡DERECHO A TECHO!

 

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