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La Diputación Foral de Araba, elimina todos los refuerzos que se establecieron al comienzo de la alarma sanitaria en los pisos de menores para dar una atención adecuada, en el momento que cerraron los centros escolares.

 

Emilio Sola diputado Alava Araba COVID coronavirus
Foto: El Correo

 

Los sindicatos ELA, LAB, CCOO, ESK y UGT denunciamos la eliminación de estos refuerzos ya que sigue vigente el Estado de Alarma y los centros escolares permanecen cerrados, por lo que la situación que determinó su aplicación permanece inalterada.    

 

Dotación insuficiente

Si la Diputación no rectifica las personas menores tuteladas en estos recursos de protección sólo contarán con la atención de 1 persona, que es el personal previsto para atender las eventualidades que surjan cuando deben asistir a clase (enfermedad, visitas a médicos y cualquier incidencia que surja). Esta dotación es manifiestamente insuficiente y supone dificultades añadidas para garantizar el bienestar y la protección de las y los menores de edad y, en definitiva,  supone que la calidad de tutela sea inadecuada. Es contradictorio que se decreten ayudas para la conciliación de padres y madres, mientras en los centros de tutela responsabilidad de la Diputación se recorten los medios para atender a los menores. Lo razonable sería aumentar los medios ya que en esta situación la exigencia en lo físico y en lo emocional para las personas trabajadoras de estos centros es mayor, no sólo por el riesgo sobre la salud a la que están sometidas, también por las medidas de prevención que se deben respetar y que, en algunos casos son difíciles de llevar a cabo, si no imposibles, como mantener la distancia de seguridad (convivencia en espacios reducidos, falta de espacio para realizar aislamientos adecuados…).

 

Restrición de derechos a menores

Con este recorte de personal se priva a los menores, así mismo, de las salidas diarias a las que tienen derecho; no se puede cumplir con las medidas establecidas, es materialmente imposible atender a quienes quieran salir a pasear y a quienes deseen o deban permanecer en el recurso; ni siquiera se les va a garantizar la asistencia a las citas médicas que tengan establecidas.

A nuestro entender con estos recortes la Diputación incumple la legislación que protege a los menores tutelados. Así el artículo 34 del Real Decreto 131/2008 regulador de los recursos de acogimiento residencial para la infancia y la adolescencia en situación de desprotección social establece que, “las personas profesionales tendrán derecho a disponer de los medios necesarios para garantizar la prestación del servicio de acuerdo con los requisitos materiales, funcionales y de personal, regulados en el mencionado decreto y a que las administraciones públicas competentes velen por dicho cumplimiento en el marco de sus competencias de gestión”. Así mismo el artículo 103 establece que “los turnos de trabajo deberán organizarse de tal modo que garanticen tanto la adecuada atención de los menores como el trabajo de las personas profesionales en condiciones laborales adecuadas”. Evidentemente, con las restricciones previstas, no es posible atender de modo adecuado a los menores.

 

La economía por delante a la atención a las personas

La Diputación, con esta medida, ha vuelto a poner por delante los intereses económicos a la adecuada atención de las personas, en este caso menores, lo que, si cabe, lo hace más grave aún; por supuesto deja en evidencia, una vez más el lugar real que para esta Diputación ocupan los servicios sociales y la protección de las personas más vulnerables. Servicios esenciales que siguen estando en el último lugar en la agenda de nuestros políticos y no tienen ninguna voluntad de darle un tratamiento adecuado y merecido; entienden que con los aplausos de las 8:00, las personas que se dedican a estas actividades, se deben dar por bien pagadas. Las personas trabajadoras de servicios sociales han demostrado, durante esta crisis, que son plenamente conscientes de su responsabilidad social, aportando toda la fuerza de su trabajo y mostrando su disponibilidad para hacer frente común a la situación, personas que prestan servicio a una administración que no está a la altura.

Por todo ello ELA, LAB, CCOO, ESK y UGT, con el 100% de representación en las empresas afectadas, exigimos a la Diputación Foral de Álava que rectifique su decisión y reponga los refuerzos, al menos, en los mismos términos establecidos desde el inicio del confinamiento.

 

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