El 30 de enero nos sobran las razones para la huelga general. Hemos acordado impulsar una dinámica de movilizaciones en demanda de medidas que garanticen unas condiciones laborales, pensiones y vida dignas.

 

 

El movimiento de pensionistas de Hego Euskal Herria lleva ya dos años movilizándose todas las semanas por unas pensiones dignas, y en un momento de su trayectoria han planteado rebasar el estricto ámbito de las pensiones y llegar más allá en sus reivindicaciones.

Hace ya seis años que numerosos sindicatos y agentes sociales elaboramos, mediante un proceso participativo, una carta que recoge los derechos sociales de la ciudadanía. Y, desde entonces, se han venido organizando actos en favor de los derechos citados. Ahora, debido al reciente planteamiento, el movimiento de pensionistas ha llegado a un punto de confluencia con el movimiento de la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria.

En vista de las circunstancias, creemos necesario dar un salto en la lucha por las condiciones de trabajo, las pensiones y una vida dignas. Hemos concluido que tenemos tres certezas comunes: por una parte, las pensiones son un asunto que afecta a todos/as, tanto a pensionistas actuales, como a futuros; por otra parte, la lucha por unas condiciones laborales dignas es algo ineludible; y por último, es necesario garantizar los derechos sociales.

A fin de cuentas, hemos de construir un modelo socio-productivo que ponga la vida en el centro, y que priorice el cuidado y la sostenibilidad del planeta. Los ejes principales de ese modelo son el reparto de la riqueza, el liderazgo del sector público, la universalidad de los derechos, la normalización del euskara, la ordenación del equilibrio territorial según las necesidades de la sociedad (sector primario, infraestructuras, sector de mercancías y transporte...).

Así las cosas, hemos decidido poner límites a la precarización de las condiciones de trabajo y de vida, precarización que se ha disparado en las últimas decadas con el pretexto de la crisis. Asímismo, hemos acordado impulsar una dinámica de movilizaciones en demanda de medidas que garanticen unas condiciones laborales, pensiones y vida dignas.

 

Tabla de Reivindicaciones

Derogación de los recortes de las pensiones aprobados en las reformas de 2011 y 2013:

  • Jubilación a los 65 años.
  • Jubilación anticipada a los 61 años con 30 años de cotización. Reducción de los coeficientes reductores.
  • Extensión de la reducción de la edad de jubiliación a nuevos sectores por su naturaleza especialmente penosa y peligrosa, como el transporte.
  • Tomar 15 años en consideración para calcular la pensión.
  • Garantizar el poder adquisitivo de las pensiones (subida por lo menos como el IPC)
  • Eliminación del factor de sostenibilidad de las pensiones.

 

Otras medidas sobre pensiones:

  • Pensión mínima de 1.080 euros.
  • Garantizar la financiación del sistema de pensiones vía cotizaciones sociales e impuestos.
  • No penalización del cómputo de cotizaciones en los contratos a tiempo parcial. Cómputo día trabajado igual a día cotizado.

 

Dejar sin efecto de las reformas laborales de Zapatero y Rajoy:

  • Ultraactividad indefinida de los convenios colectivos.
  • Garantizar la prioridad aplicativa de los convenios territoriales sobre los estatales.
  • Impedir que un convenio de ámbito inferior pueda empeorar las condiciones de uno de ámbito superior.
  • Dar marcha atrás en los recortes de derechos laborales.

 

Otras medidas sobre el empleo y pensiones:

  • Acabar con la brecha salarial y de pensiones entre hombres y mujeres.
  • Salario Mínimo de 1.200 euros mensuales.
  • Promoción del empleo estable y persecución del actual fraude en la contratación.
  • Reducción de la jornada a 35 horas sin reducción de salario.
  • Eliminación de las jornadas parciales impuestas especialmente a las mujeres
  • Garantizar el derecho a la subrogación en el empleo subcontratado.
  • Reversión de los recortes aplicados en los servicios públicos y desarrollo de los mismos.
  • Garantizar la no discriminación contractual en función del sexo, lugar de origen, ideología, identidad sexual, diversidad funcional o actividad económica.
  • Eliminación de toda fórmula contractual de precarización (régimen especial de empleadas de hogar, falsos autónomos, uberización,…)
  • Establecimiento de cláusulas sociales en las subcontratas de la administración.
  • Derecho a volver con vida al trabajo. Ampliar las plantillas de Inspección de trabajo hasta homologarlas con la media de la Unión Europea y establecer un plan de acción radical contra los accidentes laborales y las enfermedades profesionales.
  • Los trabajos domésticos y de cuidados serán dignificados y dispondrán de derechos iguales al resto de empleos.

 

Garantía de derechos sociales

  • Garantizar el derecho por ley a que todas las personas en situación de dependencia tengan garantizada la cobertura de la misma por un servicio público, universal y gratuito.
  • Establecimiento de la RGI y RG en el 100% del SMI, con un aumento del 50% del SMI para el caso de las unidades convencionales de dos personas y de un 50% adicional para las de 3 o más componentes.
  • Garantizar por ley el derecho a acceder a una vivienda de alquiler social, en los términos establecidos en la ILP de la Carta Derechos Sociales de EH.

 

Marco propio de Relaciones Laborales y Protección Social

  • El derecho de trabajadoras y trabajadores de Euskal Herria a decidir la mejor manera de garantizar el sistema público de pensiones y unas pensiones dignas.
  • Derecho a decidir nuestro propio modelo de relaciones laborales así como un marco propio de negociación colectiva sin ningún tipo de injerencia.
  • Instar a las instituciones de la CAPV y Navarra a que asuman sus responsabilidades y tomen las medidas necesarias para avanzar en ese camino, mediante acciones como:
    1. Complementar por Ley la pensión mínima a 1.080 euros a través de los presupuestos del Gobierno Vasco y del Gobierno de Navarra.
    2. En relación al empleo público (directo o subcontratado): establecimiento del salario mínimo de 1.200 euros y de la jornada máxima de 35 horas; garantía de aplicación, como mínimo, del convenio sectorial del territorio, así como de otras cláusulas sociales.
    3. Aprobar la ILP promovida por la CDS sobre la RGI y el derecho a la vivienda.
    4. Aprobar una Ley contra la brecha salarial, la discriminación y la violencia machista en el ámbito laboral.

 

Asimismo, exigimos a la patronal de la CAPV y de Navarra que renuncien a la precarización de las condiciones laborales y den respuesta a las reivindicaciones laborales recogidas en este documento.

 

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