La plantilla de GSS realizará el 14 y 15 de noviembre dos jornadas de huelga contra la extinción de contratos y la precariedad.

 

El pasado 7 de noviembre la empresa GSS Line Solutions comunicó a la representación legal de las y los trabajadores el inicio de un período de consultas para la extinción de aproximadamente 90 contratos, entre ellos los vinculados al servicio de “Fidelización y Retención” que han venido prestando para la empresa Euskaltel.

Que este sector esté regulado por un convenio colectivo de ámbito estatal que no recoge el derecho a subrogación de la plantilla deja complentamente desprotegidas a estas trabajadoras, que sufren continuos cambios de empresa en la prestación de servicios.

Un colectivo mayoritariamente compuesto por mujeres, en el que además de jornadas parciales, salarios muy bajos y condiciones absolutamente precarias, se ven abocadas a una absoluta inestabilidad laboral, encadenando innumerables contratos en el mejor de los casos. Si a ello unimos las dificultades para la conciliación y la necesidad en algunos casos de trabajar en más de una empresa a la vez para tener un salario que les permita vivir, el escenario es devastador.

 

La irresponsabilidad tanto empresarial como institucional nos lleva a estas situciones extremas.

Los primeros, por parte de las subcontratas y empresas matrices que no exigen ni tan siquiera unas mínimas garantías de empleo y sólo se mueven en base a sus beneficios, y los segundos que desprotegen a las plantillas asumiendo que las condiciones se regulen desde España y no desde un marco propio que nos permita negociar condiciones dignas y garantizar la estabilidad laboral.

La plantilla de GSS realizará este jueves y viernes dos jornadas de huelga, dando comienzo así a las movilizaciones previstas para este período de consultas, en el que debemos exigir a GSS Line el mantenimiento de empleo, a Euskaltel la inclusión de cáusulas que garanticen la continuidad de las plantillas que prestan servicios para su compañía y subcontratadas a terceros, y a las instituciones responsabilidad respecto al marco en el que se regula la negociación colectiva, abriendo paso a ámbitos provinciales y autonómicos en los que tengamos capacidad de decisión.

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