La adjudicación de viviendas de alquiler público en la Llanada Alavesa viene siendo un atropello en los últimos meses. Solicitamos que se acepten las alegaciones presentadas en Alokabide.

 

 

La adjudicación de viviendas de alquiler público en la Llanada Alavesa viene siendo un atropello en los últimos meses. Alokabide está presionando a posibles adjudicatarios de Agurain y Araia para aceptar sus propuestas, a pesar de las gestiones administrativas realizadas por esas personas para rechazar esas viviendas de alquiler que les supondrían una serie de perjuicios. Como consecuencia, Etxebide, excluye de sus listas a todas estas personas al rechazar las viviendas. La cosa no iría a mayores si no fuera por la normativa de Lanbide al respecto de la RGI; el hecho de salir de las listas de Etxebide hace incumplir los requisitos para poder percibir la RGI y la PCV.

Muchas ciudadanas y ciudadanos nos inscribimos en Etxebide como solicitantes de vivienda, bien por cumplir con ese requisito para la RGI o en la creencia de que sería una vía asequible para encontrar vivienda en alquiler. Sin embargo, deben pasar varios años desde la inscripción en Etxebide hasta que se nos adjudica un piso de esa naturaleza. En este tiempo, en muchas ocasiones, hemos conseguido una vivienda, en buenas condiciones, a veces amueblada, a veces a un buen precio, en la que nos encontramos asentados, con relaciones de vecindad establecidas, conocimiento y adaptación a los recursos de la zona (escolares, médicos, comerciales, sociales,...), de modo que un cambio de alojamiento solo supondría perjuicios. Las viviendas que ofrece Alokabide no tienen muebles en muchas ocasiones y, entre otras cosas, hay que pagar el alta de los suministros. En resumen, la vivienda adjudicada puede ser una buena opción si se mira únicamente a la renta, pero la realidad es que tampoco se trata de ningún chollo. En estos casos, se opta muchas veces por renunciar a la vivienda protegida, con el consiguiente riesgo de salir del listado de Etxebide durante un tiempo.

Se da la circunstancia de que si esa persona o familia es perceptora de RGI, la renuncia a la vivienda de protección supone la extrema penalización de suspensión o extinción de la PCV y de la RGI. Hasta hace en la Llanada Alavesa, era aceptado por Alokabide/Etxebide un recurso a esta adjudicación donde se constatase que existe un perjuicio económico para la persona adjudicataria. Resulta difícilmente entendible que la persona no pueda decidir, tras sopesar las ventajas e inconvenientes de una vivienda u otra, dónde residir, sobre todo si hay un listado ingente de personas demandantes de vivienda de alquiler público.

 

Situaciones sangrantes

Somos testigos de situaciones sangrantes, en que la persona o familia se ve obligada a salir de su domicilio, debiendo endeudarse para pagar una fianza, dar de alta los suministros de luz, gas, agua, comprar muebles, cambiar a hijas e hijos de centros escolares, etc.,  desestabilizando y provocando en muchos casos un claro retroceso en el proceso de inclusión social de estas personas.

Entendemos que la RGl y la PCV se instauran en nuestra CAPV como un dispositivo de lucha contra la exclusión social, partiendo de las personas y de sus necesidades sociales e intentando adaptarse a las mismas. Por ello, creemos que el permitir que la persona elija su alojamiento, siempre que ello no suponga un coste extra a la Administración, estaría plenamente avalado por los principios que rigen esta prestación económica.

 

Alegaciones a Alokabide

Por todo ello, solicitamos que acepten los escritos de alegación que personas de la Llanada Alavesa han hecho llegar a Alokabide, en las cuales se explican las circunstancias personales que les hacen pedir el rechazo a la adjudicación de una vivienda de alquiler público.

Finalmente, decir que vamos a luchar porque el Gobierno Vasco cambie el actual reglamento de Etxebide/Alokabide, haciéndolo más flexible, de forma que pueda adaptarse a las circunstancias de personas a las que la obligación de aceptar una vivienda les genera más gastos y dificulta su vida cotidiana.

 

Firmantes: Argilan-ESK, Elkartzen, Ongi Etorri Errefuxiatuak Araba y Plataforma por los Derechos Sociales de Gasteiz (PDS), compuesta por diversas organizaciones sociales y los sindicatos ESK, ELA, LAB y STEILAS. Además, de alcaldes de la zona, como el de Zalduondo o Araia y la mayoría de los y las representantes de la Cuadrilla de Llanada Alavesa.

 

Más noticias

40 muert@s en 2019

en accidentes laborales