El 9 septiembre del 2025, Argilan-ESK hemos comparecido en el Parlamento Vasco sobre la Ley de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda, Suelo y Urbanismo, y hemos solicitado la retirada total de la Disposición Adicional Cuarta , así como la ejecución de políticas de vivienda que realmente atiendan a las personas más vulnerables.

« Exigimos la  retirada total  de la Disposición Adicional Cuarta y políticas de vivienda que realmente atiendan a las personas más vulnerables »

 

A continuación , reproducimos la intervención completa de nuestros compañeros Julen Torres e Iñaki Uribarri:

 

Buenos días.

Comenzaré presentando nuestra organización. Argilan-ESK es una organización que lucha contra la pobreza y la exclusión en Euskadi. Formamos parte del sindicato ESK y llevamos más de 25 años trabajando desde dos enfoques: la acción social (campañas y denuncias para mejorar las políticas vascas contra la pobreza) y la asesoría a personas que solicitan prestaciones sociales de Lanbide, los Servicios Sociales Municipales y Etxebide.

Quienes comparecemos hoy somos Julen Torres, graduado social, e Iñaki Uribarri, licenciado en Ciencias Económicas. Agradecemos a EH Bildu haber propuesto nuestra participación en esta Comisión.

Nuestra presentación tiene dos partes:

1. Una propuesta concreta sobre la Disposición Adicional Cuarta de la ley, cuya eliminación total pedimos a todos los partidos.
   
   
2. Una reflexión sobre por qué esta futura ley no servirá prácticamente para nada en cuanto a mejorar los graves problemas de vivienda de las personas pobres con las que trabajamos.

 

1. Sobre la Disposición Adicional Cuarta

La Exposición de Motivos de esta ley tiene 8 páginas, pero solo dedica 7 líneas a presentar la Disposición Adicional Cuarta. Dice literalmente: "La presente Ley incluye una modificación de la Ley del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos con el fin de actualizar y clarificar la mencionada ley según la reciente jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco".

¿Qué cambios introduce esta disposición?

Lo más importante: incluye en el artículo 13 (sobre domicilio) de la Ley 14/2022 la misma redacción del artículo 2.2 del Decreto 173/2023, que había sido anulado por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco el 28 de noviembre de 2024.

Lo fundamental que dice es que no se considera domicilio el uso sin título válido de una vivienda o alojamiento.

Esta sentencia fue resultado de una demanda que interpusimos tres organizaciones: Berri-Otxoak, el Sindicato Socialista de Vivienda de Euskal Herria y Argilan-ESK. Queríamos anular varios artículos del decreto que, desde nuestro punto de vista, impedían disfrutar del derecho a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) o expulsaban de él a quienes ya lo tenían.

El impacto real de estos cambios

Tras la sentencia, Lanbide publicó (después del 4 de febrero de 2025) una instrucción en su manual interno: "No se podrá denegar o extinguir la prestación por aplicación del artículo anulado. Las unidades de convivencia se determinarán con el empadronamiento, libros de familia y declaraciones responsables".

Denunciamos que Lanbide se niega a hacer públicos estos manuales, tan importantes para que las personas conozcan cómo se aplica la legislación.

Datos preocupantes. Analizando las estadísticas de Lanbide, vemos que:

• Total de unidades perceptoras de RGI:
  • Enero 2023: 49.442
  • Diciembre 2024: 57.986
  • Julio 2025: 58.705
    
    
• Hogares con múltiples unidades de convivencia:
  • Enero 2023: 15.118 (31% del total)
  • Diciembre 2024: 9.246 (16% del total)
  • Julio 2025: 9.449 (16% del total)

Esta caída brutal muestra que Lanbide ha ganado su batalla contra las viviendas ocupadas por varias unidades de convivencia, incluso cuando ya no se necesita contrato de alquiler para tener derecho a la RGI.

Nuestra denuncia

El PNV y el PSE deberían haber propuesto esta enmienda directamente a los artículos correspondientes de la Ley 14/2022, permitiendo el debate parlamentario. En su lugar, la han "colado" en una ley de vivienda para evitar cualquier discusión sobre cómo funciona la nueva legislación de la RGI.

 

 

2. Sobre la Ley de Vivienda: un pesimismo justificado

Cuando debatimos en Argilan-ESK sobre esta propuesta de ley y las cientos de enmiendas presentadas, nos invade un pesimismo que no conseguimos quitarnos. Todas nuestras reflexiones tienen un contenido negativo.

Un problema que hemos dejado crecer

Parece mentira que hayamos dejado llegar el problema de la vivienda al estado actual. Argilan-ESK nos consideramos parte del problema: teníamos que haber sido más ambiciosos en nuestras denuncias y movilizaciones contra unas administraciones incapaces que se escudaban en programas minimalistas.

La pobreza encubierta: un problema histórico

Las Encuestas de Pobreza y Desigualdades Sociales del Gobierno Vasco detectaron desde el principio la "pobreza encubierta": personas jóvenes (18-44 años, especialmente 18-36) que querían emanciparse pero no podían porque caerían en la pobreza. Las causas eran el desempleo, el trabajo precario y siempre los precios de la vivienda.

En los últimos 35 años, el precio de la vivienda ha sido siempre uno de los factores clave de la pobreza encubierta. En el Sociómetro de julio de 2025, por primera vez desde 2008, el 51% de los encuestados sitúa la vivienda como su mayor preocupación social.

Datos que invitan a la reflexión

En la CAPV existen 1.075.076 viviendas. De ellas, 43.000 están desocupadas (en 2023 eran 70.000).

Distribución por hogares:

• 2024: 30,9% hogares de 1 persona
• 2025: 31,4% hogares de 1 persona
• Previsión 2039: 3 de cada 4 viviendas ocupadas por hogares de una sola persona

¿Es realista atender este tipo de demanda sin hacer una reflexión que vaya más allá de deseos individualistas?

 

 

Propuesta final: Políticas específicas para personas pobres y excluidas

Para la gente pobre y excluida, la vivienda es mucho más urgente que para otros colectivos. Las políticas públicas deberían tener la misma vocación que tuvo la Ley 18/2008, que creó la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) como derecho subjetivo, separándola de las ayudas limitadas por presupuesto.

Ahora que las PCV se vuelven marginales, sustituidas por la Prestación Económica de Vivienda (PEV) que depende de los presupuestos de la Consejería de Vivienda, deberían garantizar que toda la gente pobre y excluida sin vivienda la tenga.

Esto obligará a:

1. Modificar los requisitos actuales para ser perceptor de la PEV.
   
   
2. Que Lanbide no ponga más obstáculos a quienes se ven obligados a compartir vivienda.

En resumen: Exigimos la retirada total de la Disposición Adicional Cuarta y políticas de vivienda que realmente atiendan a las personas más vulnerables.