Las pensiones complementarias privadas suponen un ataque a la defensa de unas pensiones públicas dignas; al no ser universalizables generan muchas más desigualdades que las pensiones públicas; las grandes beneficiarias de las pensiones complementarias son las entidades financieras que gestionan sus fondos.

 

 

Desde siempre le han gustado. Las reguló, por primera vez, hace 35 años (en 1983), nada menos, y reformó la ley con una nueva en febrero de 2012, siendo Patxi López Lehendakari, tardando tres años y medio en sacar el decreto regulador de dicha Ley (Decreto 203/2015, de 27 de octubre).

Cuando el PSE-PSOE llegó al poder en la Comunidad Autónoma Vasca (2009-2012), pareció decidido a corregir los importantes elementos perversos que afectaban a la regulación de la previsión social voluntaria vascongada, intentando buscar un modelo que permitiera universalizar un sistema de pensiones privadas colectivas, siguiendo el ejemplo de la EPSV GEROA, que había nacido en Gipuzkoa en 1996, bajo el paraguas del Convenio Colectivo del Metal de aquella provincia, y que se fue extendiendo a casi todos los sectores con negociación colectiva.

 

El documento de Patxi López

En julio de 2011, un documento publicitado por el Lehendakari Patxi López planteaba, de cara a la modificación de la Ley de EPSV de 1983, temas como los siguientes:

  • Desde su creación en 1983, las EPSV se han convertido en uno de los instrumentos más ofertados por las entidades financieras por sus ventajas fiscales: el 10% de los declarantes bonificados se benefician del 41% de las bonificaciones y el 25% se apropian del 70% de estas. Por supuesto esta gente es quien más capacidad de ahorro tiene para aportar a las EPSV.
  • La rentabilidad de las EPSV ha venido siendo escandalosamente baja.
  • El único beneficiario real de las EPSV son las compañías de seguros y la banca que las gestionan.
  • Es necesario eliminar las bonificaciones fiscales de las EPSV porque se han convertido en una estrategia para la elusión fiscal.
  • Hay que crear un Fondo de Pensiones Complementario que reduzca las situaciones de privilegio que afecta a diferentes colectivos y que sea capaz de extenderse entre todo tipo de ciudadanos.
  • El Gobierno Vasco debe unificar las dos EPSV que integran al personal trabajador de las instituciones públicas de la CAV: Elkarkidetza (agrupa a los empleados municipales y forales desde los años ochenta del siglo pasado) e Itzarri (agrupa a los trabajadores y trabajadoras dependientes del G.V., como Osakidetza, Enseñanza, Ertzaintza, etc., desde 2005).
  • Al margen del sector público López defendía las virtudes de GEROA, universalizándola en los 3 territorios a través de la negociación colectiva y de las adhesiones individuales para personas autónomas y profesionales.
  • La alternativa a la bonificación fiscal de las EPSV sería convertir los gastos fiscales en aportaciones directas del Gobierno Vasco al capital de cada ciudadano que tuviera una EPSV. De esta forma, la bonificación que iba al consumo pasaría directamente a la futura pensión.

 

Las cosas están así

Estas orientaciones fueron olvidadas y la realidad de las EPSV en la CAV es que han seguido evolucionando con todos sus defectos de origen, lo que no ha impedido que su desarrollo haya sido muy importante. Con datos de diciembre de 2017, este sería el cuadro que se puede pintar sobre la Previsión Social Complementaria vascongada:

  1. Patrimonio de las EPSV: 24.700 millones de euros (33,7% del PIB; en el Estado español este porcentaje es del 9,5% del PIB, la media de la Unión Europea el 36% y la de los países de la OCDE el 85,3% del PIB).
  2. El patrimonio antes señalado se desdobla en 13.139 millones de euros correspondientes a las EPSV de empleo y 11.680 millones de euros a las EPSV individuales.
  3. El 49,2% de la población activa de la CAV cuenta con alguna EPSV.
  4. La aportación media anual de las personas que tienen alguna EPSV fue en 2017 de 2.000 €.
  5. Según un estudio reciente de la Federación de EPSV de Euskadi, su objetivo sería llegar a que las pensiones públicas supusieran el 80% de la pensión total de jubilación y el 20% se pudiera cubrir con una pensión complementaria privada. Para alcanzar este porcentaje se exigiría cotizar a una EPSV el 7% del salario durante 40 años.

El Lehendakari Urkullu oficializó, hace pocas semanas, su apoyo a extender las pensiones complementarias privadas a través de las EPSV y señaló el porcentaje del 6% del salario (a medias entre la parte patronal y la parte trabajadora) como un importe aceptable para conseguir un buen complemento de las pensiones públicas que considera que serán cada vez más menguantes en el futuro. El Gobierno Vasco ha abierto la caja de los truenos con este tema porque está muy interesado en plantear, en forma de globo sonda y de cortina de humo, una iniciativa que le coloque a la ofensiva ante la reivindicación de una pensión mínima de jubilación de 1.080 € mensuales que, desde el pasado mes de enero viene haciendo el movimiento de pensionistas, cuya movilización continua muy potente.

ESK siempre hemos mantenido una posición contraria a los planes complementarios de pensiones de carácter colectivo, tipo EPSV de la modalidad de empleo. Nos opusimos en su día a Elkarkidetza, a GEROA, a Itzarri y a los diversos planes de empresa. Hasta ahora, la experiencia nos está dando la razón en los argumentos que usamos. Por cierto, una parte de ellos los recogía el documento del Lendakari Patxi López de 2011, que antes hemos citado. Estos argumentos son telegráficamente, los siguientes: las pensiones complementarias privadas suponen un ataque a la defensa de unas pensiones públicas dignas; no hay ninguna garantía de conseguir futuras pensiones complementarias suficientes (por el deterioro creciente del empleo y por la falta de garantía de obtener buenas rentabilidades financieras a largo plazo); las pensiones complementarias al no ser universalizables generan muchas más desigualdades que las pensiones públicas; las grandes beneficiarias de las pensiones complementarias son las entidades financieras que gestionan sus fondos.

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