Rechazamos los 60 despidos en Vicinay y un nuevo ERTE hasta 2027, y exigimos garantías para el empleo y la continuidad industrial. Las instituciones tienen responsabilidad en la defensa del tejido industrial.

 

« El futuro de Vicinay debe construirse sobre la base de la  recuperación de la actividad »

 

El Comité de Empresa de Vicinay manifiesta su rechazo a la Intención de la dirección de despedir a 60 personas trabajadoras y aplicar un nuevo ERTE al resto de la plantilla. Considera inaceptable que, una vez más, sean los trabajadores Y trabajadoras quienes tengan que asumir las consecuencias de los problemas de actividad de le empresa.

La plantilla lleva años soportando ERTE, largos periodos de inactividad y sacrificios económicos para contribuir al mantenimiento de la empresa Y de su actividad industrial. Sin embargo, lejos de consolidarse una solución que garantice su futuro, la dirección vuelve a plantear medidas que amenazan el empleo y aumentan la incertidumbre sobre la continuidad de Vicinay.

La situación resulta todavía más preocupante si se tiene en cuenta que el nuevo ERTE se plantea hasta agosto de 2027, prolongando la incertidumbre de una plantilla que ya ha soportado largos periodos de inactividad y ha consumido parte de su protección por desempleo. ¿Qué ocurrirá cuando finalice ese expediente si no se ha recuperado la carga de trabajo? Los trabajadores y trabajadoras no pueden quedar atrapados en una sucesión de ERTE que termine desembocando en nuevos despidos.

 

Profunda preocupación

La entrada de Dámaso Quintana en la empresa estuvo acompañada de decisiones y compromisos que se justificaron por la necesidad de garantizar el futuro de Vicinay y evitar su liquidación. Entre las medidas aceptadas por la plantilla se encontraba la congelación salarial para los años 2027 y 2028, con el argumento de contribuir a la continuidad de la empresa.

Menos de un año después, la dirección vuelve a plantear la destrucción de empleo y la aplicación de nuevas medidas que trasladan las consecuencias de la situación empresarial a quienes ya han soportado importantes sacrificios. Esta evolución genera una profunda preocupación y abre interrogantes sobre los resultados de aquella operación, los compromisos adquiridos y las garantías que se establecieron para proteger el empleo y la actividad industrial.

 

 

Recursos públicos

La preocupación es aún mayor si se tiene en cuenta que el Gobierno Vasco y las diputaciones han destinado 15 millones de euros a la empresa. Esta aportación de recursos públicos hace todavía más necesario conocer cuáles eran los objetivos de la operación, qué compromisos se asumieron y qué garantías existen para el mantenimiento de la actividad industrial y de los puestos de trabajo.

Si la finalidad de esta operación era garantizar el futuro de Vicinay, mantener la actividad industrial y proteger el empleo, resulta difícil entender cómo se ha llegado, en tan poco tiempo, a plantear 60 despidos y un nuevo ERTE hasta agosto de 2027. El respaldo de las instituciones públicas no puede desligarse de las consecuencias que las decisiones empresariales tienen sobre la plantilla y el futuro industrial de la zona.

  

Transparencia

La dirección justifica esta situación, entre otras cuestiones, por la pérdida de un pedido que representaba aproximadamente tres meses de carga de trabajo. El Comité de Empresa considera necesario poner esta circunstancia en su contexto: la pérdida de un pedido de esa duración no puede convertirse, sin una explicación más amplia y detallada de la situación productiva y comercial, en la justificación automática para despedir a 60 personas y aplicar un nuevo ERTE al resto de la plantilla.

La dimensión de ese pedido y sus consecuencias deben analizarse junto con la cartera de trabajo existente, las previsiones comerciales, los nuevos proyectos en los que trabaja la empresa y las alternativas disponibles para recuperar la actividad. Resulta fundamental conocer por qué la pérdida de una carga de trabajo de tres meses conduce a plantear medidas de semejante alcance y qué soluciones se han valorado antes de poner en peligro tantos puestos de trabajo.

El Comité de Empresa considera que la pérdida de actividad no debe conducir automáticamente a una nueva reducción de plantilla. La empresa necesita carga de trabajo, inversión y un proyecto Industrial que permita recuperar la actividad y ofrecer estabilidad a medio y largo plazo, en lugar de trasladar nuevamente las dificultades a los trabajadores y trabajadoras.

Asimismo, la situación actual plantea interrogantes sobre el papel que desempeñan los terrenos de la empresa en las decisiones sobre su futuro y sobre los objetivos de la operación impulsada por Dámaso Quintana. Sin dar por demostrada la existencia de intereses ajenos a la actividad industrial, el Comité considera fundamental que exista transparencia sobre el desarrollo de la operación y sus consecuencias para la plantilla.

 

 

Incertidumbre

El Gobierno Vasco y las diputaciones, como instituciones que han destinado recursos públicos a la empresa, tienen una responsabilidad evidente en el seguimiento de esta operación y en la defensa del tejido industrial. La aportación de 15 millones de euros hace especialmente relevante conocer qué resultados se esperaban, qué compromisos se adquirieron y cómo se está garantizando que el futuro de Vicinay esté vinculado a la continuidad de su actividad productiva y de su empleo.

La situación no afecta únicamente a las 60 personas que podrían perder su puesto de trabajo. También genera incertidumbre para el resto de la plantilla y para el conjunto del entorno industrial de Sestao y Ezkerraldea. La pérdida de empleo industrial tiene consecuencias que van más allá de la propia empresa y repercute en las familias, la economía local y el tejido productivo.

 

Futuro de Vicinay

El Comité de Empresa considera que el futuro de Vicinay debe construirse sobre la base de la recuperación de la actividad, la llegada de nuevos pedidos, la inversión productiva y el mantenimiento del empleo. Los sacrificios realizados durante años por los trabajadores y trabajadoras deben servir para contribuir a la continuidad de la empresa, no convertirse en el precedente de nuevas medidas que pongan en peligro sus puestos de trabajo.

Por todo ello, el Comité de Empresa mantiene su rechazo a los 60 despidos y al nuevo ERTE, y defiende una salida que garantice la continuidad industrial de Vicinay y el futuro de toda la plantilla. La destrucción de empleo no debe presentarse como un desenlace inevitable sin valorar las alternativas existentes y las consecuencias sociales que tendría.

¡En defensa del empleo, de la actividad industrial y del futuro de toda la plantilla!

¡En Vicinay no sobra nadie!

COMITÉ DE EMPRESA DE VICINAY