Las grandes empresas con poderosos intereses económicos, con la ayuda de las instituciones que lo permiten, siguen apostando por los mega proyectos destruyendo los recursos naturales y el entorno rural, agravando de esta forma la crisis ecológica. Te animamos a participar el 13 de abril en la manifestación en Azpeitia.

 

 

«  Hego Euskal Herria hoy es un enorme digestor fósil e industrial  dependiente de una circulación incesante de mercancías a nivel global y de una distribución desequilibrada de los beneficios »

 

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Atravesamos una crisis ecosocial muy profunda. A nivel ecológico nuestros campos se empobrecen por el monocultivo, nuestros ríos contaminados fluyen menos caudalosos y la nieve se retira del Gorbea y los Pirineos. A nivel social son cada vez más las personas que tienen dificultad para llegar a fin de mes, que pasan frío, calor y viven en penumbras porque no pueden afrontar las facturas de la luz y el gas. Mientras tanto, la guerra se extiende por el mundo. Miles de personas en busca de refugio mueren en el Mediterráneo. La extrema derecha y el militarismo adquieren fuerza en toda Europa. El modelo de sociedad de Euskal Herria está en tela de juicio. Lo inconcebible se ha hecho cotidiano y la crisis es ya nuestra nueva normalidad.

 

¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

La apuesta por el crecimiento económico, por la mercantilización de todo bien y servicio, por los combustibles fósiles y por la globalización capitalista ha fracasado. Además, ha constituido un modo de vida estructuralmente injusto e insostenible. Hego Euskal Herria hoy es un enorme digestor fósil e industrial. Su buena salud depende de una circulación incesante de mercancías a nivel global y de una distribución desequilibrada de los beneficios. Nuestra riqueza, monopolizada y desigualmente repartida, sería imposible sin el extractivismo y la opresión en el Sur global, sin la logística y el transporte a nivel internacional basado en combustibles fósiles baratos y contaminantes, sin la destrucción ecológica causada por los procesos industriales y sin la exportación permanente de bienes de consumo como el automóvil (protagonista en la crisis climática y que representa algo más del 25% del PIB de nuestro País).

Todo lo expuesto nos hace a la vez dependientes y vulnerables. Dependientes porque este modo de vida es imposible sin todas esas personas y todos esos territorios a los que expoliamos. Y vulnerables, ya que cualquier desestabilización de todas esas gigantescas cadenas impediría sostener las demandas, que no necesidades, de nuestro territorio y de sus habitantes. A su vez, este modo de vida es injusto e insostenible. Injusto porque nunca podrá generalizarse a nivel global ni sostenerse sin una relación jerárquica entre mujeres y hombres, ni con el resto de pueblos del mundo; por no hablar de una explotación y desigualdad social intramuros cada vez más grande. E insostenible, ya que nuestra obsesión por el crecimiento no es separable de una necesidad voraz de cada vez más energía, ni a una destrucción ecológica cada vez más acelerada (climática, pero no solo).

 

¿Qué soluciones se nos ofrecen?

Por todas partes escuchamos hablar de transiciones verdes y digitales, cambios tecnológicos que dejarían intactos estos modos de vida y, al mismo tiempo, nos sacarían del atolladero en el que nos encontramos. Al ritmo de esta música, en Hego Euskal Herria entramados empresariales, oligopolios energéticos y partidos políticos han puesto a punto su propio plan de adaptación y lo han plasmado en Leyes autonómicas de Cambio Climático. Primero en el Parlamento de Navarra (Ley Foral 4/2022) y recientemente, en el de Vitoria-Gasteiz (Ley 1/2024). Partiendo de un diagnóstico que hasta cierto punto podríamos compartir, nos proponen soluciones parciales, reduccionistas y engañosas, al establecer como punto de partida mantener unos niveles de consumo que sobrepasan de largo la biocapacidad de nuestro planeta. Nos hablan de descarbonización cuando en realidad se refieren a la electrificación de la economía y a la externalización de las emisiones contaminantes a otras latitudes donde no se perciban sus consecuencias. A poco que rascamos, vemos que los compromisos de reducción del consumo energético no son tales, no vienen acompañados de mecanismos concretos y el objetivo de descarbonización se reduce a las emisiones netas, limitadas al ámbito autonómico o estatal. Todo queda reducido en la práctica a una carta blanca para el desarrollo de macropolígonos renovables y su infraestructura asociada por parte de los poderes económicos.

Este desarrollo alimenta el mito de que las renovables industriales permiten sustituir otros usos energéticos, a la vez que mantener los niveles de consumo actuales. Por ahora, funcionan más como una extensión de la producción fósil que como una sustitución real de las fuentes de energía primaria. Queda así fuera del debate y de los planes de transición toda mención explícita a los cambios estructurales que deben de acompañar el desarrollo tecnológico, así como toda mención a las palancas más poderosas para poder materializar sus objetivos: los modelos de alimentación y de transporte; sólo este último responsable de más del 40% del consumo energético de nuestro territorio.

En definitiva, mientras se perpetúan los privilegios de una élite económica, nos prometen falsas soluciones sin asumir lo que éstas requerirían: poner radicalmente en cuestión a la oligarquía empresarial energética, romper con el imperativo de crecimiento económico, transformar rotundamente nuestro modelo productivo y energético, y profundizar en la democratización de nuestros territorios.

 

 

« Necesitamos  cambiar los deseos  capitalistas para hacer que quepan en nuestra tierra »

 

¿Qué proponemos?

Necesitamos dejar de engañarnos y poner en marcha con urgencia un proceso de decrecimiento organizado de abajo a arriba. Solo así seremos capaces de hacer simultáneamente tres cosas que necesitamos:

  1. frenar la crisis climática a través de una descarbonización y desfosilización real de nuestra producción;

  2. trabajar por la regeneración ecológica a la par que reintegramos nuestra economía en la biosfera; y,

  3. garantizar vidas justas, igualitarias y autónomas para nuestro pueblo y todos los pueblos del mundo.

Entendemos que nuestra responsabilidad no es preguntarnos cómo vamos a garantizar que las empresas sigan consumiendo energía y materiales y acumulando capital. O cómo vamos a sostener los consumos energéticos y de materiales de grandes aglomeraciones urbanas que, de forma insostenible, concentran cada vez mayor población, consecuencia de las decisiones políticas que silenciosamente se van tomando. La responsabilidad principal que tenemos como movimiento popular las habitantes de Euskal Herria es otra: defender la vida y el territorio.

Consideramos que la única posibilidad de hacer frente a la actual destrucción capitalista es reorganizarnos socialmente para salir de la trampa en la que hemos caído. Tenemos que reconstruir modos de vida que dejen de pensar cuánto territorio es necesario para cubrir los actuales deseos capitalistas y entender que lo que necesitamos es cambiar esos deseos para hacer que quepan en nuestra tierra. Por ello, al desarrollo ciego de megaproyectos renovables corporativos, proponemos un modelo en defensa de la vida, un modelo de decrecimiento para Euskal Herria que se realice en base a los siguientes ejes de intervención:

  1. Debemos partir de las capacidades de nuestro territorio para después pensar en qué tipo de vidas puede sostener. La base de nuestra economía deben ser el aprovechamiento de los flujos renovables y la producción de alimentos, escapando de la actual dependencia fósil y mineral. Debemos concertar estrategias de transformación de nuestros modos de vida que hagan efectiva la reducción de nuestro consumo en claves de justicia redistributiva, de un impulso fuerte de la agroecología y de una apuesta por garantizar y priorizar el autoconsumo universal, comunitario, democrático y a pequeña escala. Eso supondrá necesariamente poner en cuestión el actual modelo urbano e industrial y comenzar a trabajar por su transformación.

  2. El actual desarrollo renovable no persigue reemplazar el papel de las fósiles. Los megaproyectos renovables saturan los nodos de la red y requieren de grandes tendidos eléctricos para desalojar la energía producida. Ello, a su vez, contribuye a generar un gran mercado energético para dar cabida a toda tecnología que pueda competir en coste, desde las nucleares francesas a los ciclos térmicos de Marruecos. Frente a ello, para abandonar los combustibles fósiles proponemos una relocalización productiva en equilibrio con los recursos locales, pero diversificando las estrategias energéticas más allá de la electrificación. La electricidad jugará un papel clave en la descarbonización de algunos sectores, pero el actual plan de desarrollo no es capaz de dar solución a la urgente y necesaria descarbonización de sectores como el alimentario, el industrial y el transporte.

  3. Cualquier nuevo marco energético que se plantee debe ser compatible con una urgente y rotunda regeneración ecológica, un pilar base para enfrentar los efectos de la crisis climática. Esta tarea sigue pendiente. A pesar de discursos ambivalentes que señalan la necesidad de cubrir esta doble vertiente, los planes energéticos actuales se reducen acríticamente al desarrollo de grandes megaproyectos. Así, la actual transición energética queda reducida a la promoción de enormes extensiones fotovoltaicas y torres eólicas de más de 200 metros coronando nuestros montes. Esto supone una afección directa en la avifauna y una amenaza a la biodiversidad causada por la fragmentación directa de los ecosistemas.

  4. Desde muchas instancias se plantea que el desarrollo de un modelo de grandes instalaciones renovables en manos de empresas transnacionales es compatible con el autoconsumo de base comunitaria. Si bien se puede dar una coexistencia anecdótica, las necesidades de infraestructura eléctrica y las inversiones que requieren, así como las instituciones para su gobernanza, son incompatibles en el medio plazo. En la actualidad la palpable asimetría en el desarrollo del modelo megaproyectos respecto al comunitario, nos hace denunciar ese discurso como funcional al modelo de megaproyectos corporativos, suponiendo la primacía de los intereses del capital sobre los de la ciudadanía.

  5. La urgencia por la descarbonización está llevando a asumir que no podemos priorizar entre la reducción del consumo, el desarrollo de instalaciones renovables de gran escala y fomentar el autoconsumo. Consideramos que esto supone un gran error. En ausencia de un programa político de prioridades, los actuales mecanismos de planificación energética y los recursos a disposición de los distintos actores reducen la transición a un desarrollo ilimitado de los megaproyectos corporativos. De esta manera, el desarrollo del autoconsumo queda limitado a la iniciativa individual y la necesidad de reducir el consumo, a mero discurso. Frente a esta evidencia, defendemos la necesidad de nuevos mecanismos de planificación que partan de una limitación territorial del consumo y de un fomento del autoconsumo de distintas escalas como eje vertebrador de la política energética en nuestro pueblo.





  6. Es importante que la transición ecológica no se haga, como en la actualidad, a costa de la democracia, sino que sirva para impulsarla. En vez de negar las voces de los municipios y concejos, como hace la Ley Tapia, los PSIS en Navarra o la Directiva europea de aceleración de proyectos, debemos de ponerlas en el centro. La democracia no puede ser un arreglo cosmético a unos desarrollos a gran escala que vienen impuestos en forma y número. Frente a ello, proponemos una consulta previa libre e informada de las comunidades afectadas como medio vinculante; así como aplicar de manera efectiva el principio de precaución frente a cualquier desarrollo.

  7. Nuestro actual modo de vida imperial se encuentra en la base de la situación actual, pero no podemos olvidar que la responsabilidad no se encuentra igualmente repartida. Mientras muchas personas se esfuerzan por llegar a fin de mes (siendo las mujeres uno de los grupos no hegemónicos más afectadas), las energéticas o la banca acumulan beneficios récord y siguen acaparando la deuda futura con la financiación del European Green New Deal. Ante este reparto desigual de responsabilidades, toca poner en cuestión esta organización estructural y las relaciones asimétricas que la sostienen y frenar en seco la destrucción del territorio, base de la vida, a manos de actores políticos y empresariales.

  8. La transformación socioeconómica que nos impone la actual situación de crisis, debe entenderse como una oportunidad para poner a la ciudadanía en su base. Este potencial democratizador no puede ser un añadido sobre el actual modelo energético, sino que éste tiene que ser transformado para que sea un principio rector del mismo. Esto nos debe llevar a cuestionar la pertinencia de los actuales actores, procedimientos e instituciones del sistema energético. Apostamos por una relocalización de la producción que acerque la producción al consumo. Se trata de algo fundamental para responsabilizar y empoderar a la ciudadanía en relación al modelo energético que quieren para sus territorios.

  9. El impacto medioambiental está condicionado por el tipo de desarrollos: distintas tecnologías tienen impactos diferenciados. A esto hay que añadir que los desarrollos corporativos a gran escala tienen un impacto cualitativamente distinto y que, además, concentrado en partes del territorio supone su sacrificio. Los desarrollos a menor escala permiten distribuir los impactos acercándolos a los modos de consumo que los justifican siendo una base mucho más sensata y eficiente para una transición energética justa.

  10. El desarrollo de megaproyectos renovables corporativos viene a veces justificado en clave de soberanía energética. Es fundamental no olvidar que los megaproyectos imponen el papel vertebrador de las líneas de alta tensión para su desalojo. Estas líneas de alta tensión son operadas de forma externa por Red Eléctrica de España, que impone las condiciones de operación; mientras que el MIBEL (Mercado Ibérico de la Electricidad) establece las condiciones de explotación económica. La explotación, control y gestión es ejercida externamente con el objetivo de maximizar el beneficio económico de la energía, que queda reducida a mera mercancía. Cualquier proyecto de transición energética que busque construir soberanía, requiere impulsar redes de baja tensión que permitirían una gestión local de la energía y contribuir a la desmercantilización de la misma.

 

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