ESK rechaza en su conjunto el anteproyecto de reforma de la Ley de Garantía de Ingresos presentado por el go-bierno PNV-PSE. Con su propuesta el gobierno sigue condenando a decenas de miles de personas residentes en la CAPV a vivir en la pobreza.

 

El Gobierno Vasco da por buena la pervivencia de la pobreza en la comunidad autónoma

La principal conclusión que obtenemos del análisis del proyecto de ley que se va a tramitar en el parlamento es que quienes nos gobiernan quieren mantener la existencia de la pobreza en nuestra sociedad.

Estamos ante un proyecto a través del cual se quiere convertir en estructurales los actuales recortes en las cuantías de la RGI. El nuevo esquema de la prestación que se propone hace que no se vaya a saber con certeza las cuantías de la misma, generando confusión e indefensión.

La señora Mendia, con un abultado salario público, quiere hacernos creer que alguien puede vivir de mane-ra autónoma con poco más 700€ al mes; hay que tener la cara muy dura.


Se sigue apostando por un modelo absolutamente fracasado

El actual sistema de garantía de ingresos ha sido objeto de constantes reformas y recortes desde el año 2000. Además, esta prestación económica para proteger a las personas empobrecidas, está sometida a la constante presión por expulsar gente del sistema producto de la manera en la que Lanbide realiza la ges-tión del mismo. A día de hoy más de 30.000 personas empobrecidas se quedan fuera de la protección social. El proyecto de ley no contiene ni una sola medida para aumentar la cobertura de la RGI.

Además, se sigue sin querer dar pasos para concebir la renta de garantía de ingresos como un derecho individual.  El acceso o no al sistema de garantía de ingresos se sigue condicionando al concepto de Unidad Convivencial, una figura que sólo existe en las ‘leyes de pobres’. Según la misma cualquier persona que conviva con otra y tenga un mínimo atisbo de relación afectivo-sexual con ésta queda automáticamente en situación de dependencia económica con respecto a la misma. Este sistema condena especialmente a las mujeres a seguir asumiendo una situación de vulnerabilidad económica con respecto a sus parejas.

Por otra parte, esta concepción familiarista de la protección social sigue descargando sobre las familias la responsabilidad de amortiguar la pobreza, provocada por la precariedad laboral que sufren, especialmente, las personas jóvenes. Sin una rebaja general del acceso a la RGI hasta los 18 años, y sin retirar los requisi-tos adicionales que deben cumplir las personas menores de 29 años para acceder a la prestación social, el Gobierno Vasco seguirá condenando a las personas jóvenes a no poder emanciparse.


Se profundiza en la estigmatización y criminalización de la pobreza

Coincidiendo con el inicio de los trámites parlamentarios relacionados con el proyecto de ley de garantía de ingresos se filtró a prensa el supuesto mayor caso de fraude nunca detectado en la RGI. Se contribuye a generar una situación de alarma social y de criminalización de las personas pobres, que haga posible que en el plano político sean asumibles planteamientos totalmente contrarios a los derechos civiles y a los procedimientos administrativos. Estamos ante un proyecto de ley repleto de cuestiones sujetas a interpretación y desarrollo normativo por parte del gobierno en todo lo que se refiere a derechos de las personas. Se genera un escenario de insegu-ridad jurídica en el que la administración siempre va a tener la última palabra.

Por el contrario, el texto es especialmente detallado en todo aquello referido a las competencias inspectoras y sancionadoras de la administración. Se llega, incluso al punto, de obligar a las personas a renunciar a la inviolabilidad de su domicilio por el hecho de recibir la prestación o de dotar de la consideración de autoridad pública a las y los trabajadores de Lanbide. Decía el otro día la Sra. Mendia que Lanbide no es la policía, se le olvido decir, que su propuesta es que así lo sea.

Es absolutamente intolerable que dirigentes políticos y asesores nombrados a dedo con sueldos de miles de euros mensuales se crean con la altura moral suficiente como para presuponer que toda persona pobre es una defraudadora en potencia y que por tanto, debe ser contralada hasta en lo más íntimo de su vida.


ESK ha decidido no comparecer en el parlamento de Gasteiz para trasladar su lectura res-pecto del proyecto de ley.

ESK entiende que método elegido por el parlamento es totalmente contrario a los mínimos democráticos. PNV y PSE quieren dar la imagen de que se está dando cauce a la participación social en este trámite, cuan-do lo que se pone encima de la mesa es una mera operación de blanqueo. Por todo ello, hemos tomado la decisión de no participar de ese simulacro de comparecencia parlamentario. ESK seguirá peleando por la dignidad de todas las personas, tengan o no empleo remunerado, en todos los espacios en los que ello es posible.




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