Argilan-esk hemos colaborado con CECU ( Federación de consumidores y usuarios), junto a otros colectivos y organizaciones a nivel estatal, en la elaboración de un documento que reclama una tarifa social que resuelva la pobreza energética de muchas personas en situación de vulnerabilidad.
"En este documento se pretende hacer una recopilación de las condiciones mínimas que debería tener una tarifa social si queremos convertirla en instrumento de respuesta frente al asistencialismo del bono social, que como hemos visto no reúne las condiciones adecuadas para dar soluciones definitivas y que permitan dar cobertura a todas las personas que lo necesitan"
Impulsar una tarifa social que resuelva la pobreza energética se ha convertido un objetivo, ya que a día de hoy. El bono social es la única herramienta de protección para los colectivos más vulnerables, pero ha demostrado que no es efectiva, a pesar de las modificaciones a las que ha sido sometida.
Sus carencias son:
1.- No cubre las necesidades de la población en situación vulnerable. Actualmente existen 1.253.538 beneficiarios (datos CNMC julio 2022), frente a 3,5 millones en carencia material y social severa (datos “Estrategia Nacional contra la pobreza energética”).
2.- No transforma ni altera el precio de la energía. Ante la crisis por las subidas de precios asume estos aumentos incrementando el porcentaje de descuento a los beneficiarios.
3.- No contempla ni transforma las necesidades energéticas reales del beneficiario, solo las estandariza para tomar valores que sirvan para determinar el porcentaje de descuento y la cantidad de energía bonificada.
4.- Es una medida asistencialista, sin intención de resolver situaciones, que “concede” un descuento en la factura, pero solo si el beneficiario lo pide.
En este documento se pretende hacer una recopilación de las condiciones mínimas que debería tener una tarifa social si queremos convertirla en instrumento de respuesta frente al asistencialismo del bono social, que como hemos visto no reúne las condiciones adecuadas para dar soluciones definitivas y que permitan dar cobertura a todas las personas que lo necesitan.
Para ello se organiza un grupo de trabajo entre las organizaciones sociales con las que estamos en contacto y que trabajan el tema de la pobreza energética y sus posibles soluciones. Tras los debates entre los distintos colectivos se decide enviar una encuesta incluyendo todos los matices y aportaciones recogidas entre los participantes. El objetivo es recopilar las diferentes opiniones que nos ayudarán a definir de manera colectiva cuáles serían esas condiciones mínimas que convertirían la tarifa social en una herramienta de respuesta a la pobreza energética.
