Basta ya de recortes para las personas empobrecidas.

 

El Gobierno Vasco no apuesta por una RGI que acabe con la pobreza en Euskadi

 

Terminamos el pasado diciembre con la ruptura de un posible acuerdo presupuestario para 2019 entre el Gobierno Vasco y EH Bildu. Nos alegramos de esta ruptura. Se trataba de un mal acuerdo en cuya negociación nunca debería haber entrado EH Bildu.

Hemos comenzado el año con una prórroga presupuestaria que intentará ser enmendada por parte del Gobierno Vasco con una “ley de medidas presupuestarias urgentes para el año 2019”. En concreto han presentado una propuesta que recoge: una subida salarial para los funcionarios y funcionarias del 2,25%; una mejora del 2,25% de la financiación pública destinada a la enseñanza privada y una subida de la RGI (Renta de Garantía de Ingresos) del 3,5% y del 4,5% en el caso de las y los pensionistas perceptores de esta prestación, propuesta esta que, en el caso de las personas pensionistas, se queda incluso muy por debajo de lo ofertado por el PNV y el PSE en la negociación presupuestaria del pasado diciembre.

Esta propuesta de subida es una miseria comparada con el gran retroceso que ha sufrido la RGI desde que el Gobierno Vasco de Patxi López (PSE-PSOE) la recortara en los Presupuestos de 2012 un 7%, recorte mantenido por los sucesivos gobiernos del PNV-PSE y, sobre todo, desde que el posterior gobierno de Urkullu  decidiera año a año desvincularse de la cláusula existente en la legislación de la RGI, que obligaba a que el importe de la RGI alcanzara el 88% del SMI (Salario Mínimo Interprofesional) y el 100% en la de pensionistas.

La propuesta del Gobierno Vasco de incrementar la RGI hasta 667€ está muy lejos de los 924 € que debería alcanzar esta prestación si se hubiera mantenido el índice del 88% del SMI aplicando la “Ley para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social”. En el caso de las personas pensionistas los 765 € que el GV propone, deberían ser 1.050 € (100% del SMI). En definitiva, se mantiene un enorme recorte del 37%, que en euros mensuales significa 257 € para la RGI básica y 285 € para la RGI de pensionista.

La conclusión es evidente. Desde 2012, cénit de la pasada Gran Recesión 2008-2013, la gente más vulnerable de nuestra sociedad, personificada en las personas perceptoras de la RGI, ha sido la más maltratada por los sucesivos gobiernos de la CAPV y sus consiguientes presupuestos. Cuando ha cambiado el ciclo económico, como ha ocurrido en el último quinquenio, en lugar de avanzar algo en la recuperación de sus prestaciones, cosa que ha ocurrido con la mayoría de colectivos sociales, su situación ha seguido degradándose.

De nuevo el Gobierno Vasco da la espalda a las personas más empobrecidas desaprovechando así la ocasión de presentar una propuesta que sea capaz de acabar con la pobreza. Deja en la cuneta a las 318.000 personas, una gran mayoría de mujeres, que están en riesgo de pobreza en el año 2018, un 14,5% de la población.

De hecho, tenemos que recordar que la “Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 2016” del propio Gobierno Vasco, señala que hay 60.000 personas, que estando en situación de pobreza grave no perciben la RGI y, otras 63.000 personas (47% del total de perceptores/as), que percibiéndola siguen siendo pobres y, por tanto, el objetivo de cualquier propuesta en torno a la RGI debería ser dar la vuelta a esta situación: lograr que nadie que sea pobre se quede sin acceder a la RGI o que nadie que acceda a ella siga siendo pobre.

Estos días acudiremos a un cruce de declaraciones entre los partidos políticos que componen el Gobierno Vasco y la oposición en las que por desgracia no se debatirá del fondo de la cuestión, cómo acabar con la pobreza, sino que buscarán cómo situarse mejor cara a las próximas citas electorales. 

Nuestro camino es otro. El año 2017 las plataformas contra la exclusión social, entre ellas Argilan-ESK, bajo la iniciativa “NO TRAGAMOS” mantuvimos una huelga de hambre de 19 días con la reivindicación de que se retiraran estos mismos recortes, recogiendo el apoyo y compromiso de innumerables organizaciones sociales, sindicales y políticas que conforman una mayoría social de este país. Plantar cara a esta enorme injusticia exige volver a activar la solidaridad de las decenas de organizaciones que nos hemos agrupado en los últimos años en defensa de una RGI capaz de acabar con la pobreza y volver a sacar nuestra protesta a las calles.

 

Más noticias

29 muert@s en 2019

en accidentes laborales