Las reivindicaciones básicas del movimiento pensionista se pueden reducir en: ninguna pensión por debajo de los 1.080 €, la defensa de un sistema público de pensiones, actualización anual en base  al IPC de todas las pensiones y la retirada del factor de sostenibilidad.

El próximo 15 de enero se cumplirá un año desde que el movimiento pensionista ocupó por primera vez las calles. En aquel momento, pocos -por no decir nadie– sospechaban del recorrido de este movimiento y de su capacidad para poner sus reivindicaciones en la agenda política.

Estas reivindicaciones buscan acabar con la pobreza originada por los recortes que se han producido en la última década en el sistema de pensiones. A riesgo de ser tachados de simplista, las reivindicaciones básicas del movimiento pensionista se pueden reducir en: ninguna pensión por debajo de los 1.080 €; la defensa de un sistema público de pensiones; actualización anual en base  al IPC de todas las pensiones; y la retirada del factor de sostenibilidad.

Al gobierno Vasco siempre le han gustado las EPSV. Ante estas peticiones, el Gobierno Vasco, con el PNV a la cabeza, ha propuesto la universalización de los planes de pensiones privados como solución a la problemática de las pensiones. Otro dirigente del PNV, en este caso Unai Rementería, lanzó su posición favorable a extender las EPSV a través de que una parte de los salarios, concretamente un 6%, de las personas asalariadas se destine a complementar las pensiones públicas. Por último, el PNV ha llevado esta propuesta al Pacto de Toledo, ámbito donde ha tenido una buena acogida.

Sin embargo, esta actitud del PNV y del Gobierno Vasco no es nueva, ya que las EPSV fueron reguladas por primera vez en el año 1983. Desde entonces en la Comunidad Autónoma Vasca han acumulado 24.700 millones de euros (cifra que supone un 33,7% del PIB, al tiempo que en el Estado español esta cifra apenas llega a un 9,5% del PIB). A partir de entonces se ha implementado y extendido el modelo de las EPSV ligadas al empleo en grandes sectores como por ejemplo son Elkarkidetza (para el funcionariado municipal y foral), Itzarri (para el funcionariado del Gobierno Vasco) o Geroa (que comenzó para los y las trabajadoras a las que se les aplica el convenio del metal de Gipuzkoa y luego se extendió a muchos de los grandes convenios provinciales de Gipuzkoa).

A pesar de todos estos datos, 35 años después vemos que esta alternativa no ha resuelto el problema de la dignificación de las pensiones. A quienes exponen las EPSV como solución al problema se les olvida que este modelo favorece sobre todo a aquellas personas que tienen los salarios más altos. Basta observar el dato de que solo el 25% de las personas que declaran ingresos inferiores a 30.000€ abren una EPSV, frente al 63% entre quienes declaran ingresos superiores.

De igual manera, se les olvida que cerca del 60% de las EPSV corresponde al modelo individual, es decir, no vinculado al empleo. En la mayoría de los casos seducidos por las beneficiosas condiciones que ponen los bancos al realizar un préstamo hipotecario o por la ventajosa política fiscal con la que se incentivan. Con estos datos cabría preguntarse si esa cantidad sería igual sin la beneficiosa política fiscal que tienen las EPSV o si sería igual si los bancos y las cajas de ahorro no premiarán la constitución de EPSV al realizar una hipoteca.

No podemos olvidar que los bancos y las compañías aseguradoras son las máximas beneficiarias de estos productos financieros. Hay que señalar que sólo un 16% de este dinero se invierte en la CAV, el resto se destina al mercado financiero y especulativo sin ningún tipo  de control ético.

Hay otras alternativas. ESK siempre ha mantenido una posición contraria a la figura de las EPSV vinculadas al empleo. Nos opusimos en su día a Elkarkidetza, a Itzarri o a Geroa, ya entonces veíamos el lado perverso e insolidario de los planes de pensiones privados. Mientras algunos sindicatos corrían a estar en los consejos de administración, desde ESK se interpuso una demanda judicial reclamando las aportaciones a las EPSV como salario diferido, desgraciadamente los juzgados no nos dieron la razón. Hoy en día sería un buen momento para que el conjunto de las organizaciones sindicales hiciera una reflexión y saliera de esos consejos de administración, finalizando así una legitimación tacita de las EPSV.

Desde ESK pensamos que las pensiones complementarias privadas suponen un ataque al modelo de pensiones públicas ya que lo único que pretenden es crear una barrera de contención para seguir recortando el modelo público de pensiones. Igualmente, al no ser las EPSV universalizables, siempre van a primar a las capas más pudientes de la sociedad generando más desigualad y pobreza.

Es primordial el hecho de garantizar un sistema de pensiones público, universal y digno. Y ello está en manos de nuestros gobernantes. Es cuestión de voluntad política. De igual manera que en su momento realizaron políticas fiscales premiando la creación de EPSV (por tanto, a los sectores más favorecidos de la sociedad), pueden implementar políticas fiscales que permitan un mayor y mejor reparto de la riqueza, al tiempo que se pueden instaurar medidas presupuestarias que garanticen unas pensiones públicas dignas. Nunca ha habido tanta riqueza como ahora, el problema no viene de que no haya dinero, sino de su reparto.

De igual forma, hay que acabar con las medidas que favorecen unos menores ingresos en las cotizaciones a la Seguridad Social como son las bonificaciones empresariales o las tarifas planas, así como destopar las cotizaciones de los salarios más altos.

Otro ámbito donde es necesario actuar para garantizar un modelo público es el mundo laboral, ya que difícilmente se van a poder garantizar las pensiones futuras con las cotizaciones del actual modelo laboral. Es perentorio acabar con la actual precariedad y temporalidad que caracteriza las relaciones laborales y, robándoles la reivindicación al movimiento de   pensionistas, exigir un SMI de 1.200€ que conlleve unas cotizaciones suficientes para apuntalar el sistema público de pensiones.

Todo ello permitiría garantizar un sistema público y universal de pensiones dignas y no obligaría a recurrir a alternativas que priman a los sectores más favorecidos de la sociedad.