• 28 septiembre

    • 11:00 h. concentración frente al Gobierno Vasco de Bilbao.

    • Denuncia en los centros de trabajo en Nafarroa.

  • 29 septiembre

    • 18:30 h. manifestación desde Autobuses en Iruñea.

 

Cuando el curso 2018-2019 no ha hecho más que empezar queremos denunciar que la siniestralidad laboral en Euskal Herria ha empeorado de manera sustancial. Según los datos, aumenta más que la actividad económica, y en lo que llevamos de año ya han fallecido 50 personas, de ellas 34 en la Comunidad Autónoma del País vasco y 16 en Navarra. La mitad de todas estas muertes se ha producido en el plazo de los últimos tres meses; muchas de ellas situación de precariedad extrema o en circunstancias que se podían haber evitado con facilidad. A estas alturas del año han muerto más personas en su puesto de trabajo que en el mismo periodo de 2017.

Por otra parte, las muertes por accidente de trabajo solo son la punta del iceberg. Numerosos accidentes laborales no constan en las estadísticas oficiales; es el caso de personas autónomas, cooperativistas, transportistas o siniestros in itinere. Con frecuencia los empresarios, con la complicidad de las mutuas y para soslayar responsabilidades, encubren u ocultan los accidentes de trabajo. En otras ocasiones, son las trabajadoras y trabajadores en situación precaria quienes se ven imposibilitadas de efectuar denuncias.

Además, el subregistro de enfermedades profesionales es escandaloso. Según determinadas fuentes, por cada persona muerta en accidente de trabajo fallecen 35 a consecuencia de enfermedades profesionales. En la CAPV sin embargo, en los últimos cinco años solo se han registrado 25 casos de cáncer relacionados con la actividad laboral,  ninguno en 2017. Está claro que los datos no tienen nada que ver con la realidad, qué decir en el caso de las enfermedades que se producen en los sectores feminizados.

 

Pero ¿qué está ocurriendo?

  1. En el fondo del problema subyace la precariedad y la mala calidad del empleo, que se han convertido en estructurales en las relaciones laborales: reformas laborales, retroceso en condiciones de trabajo, eventualidad, contrataciones a tiempo parcial, ritmos de trabajo excesivos… Así, la mitad de los accidentes laborales se produce en los dos primeros meses, y un tercio de las muertes, en las subcontratas.
  2. El gasto público en salud laboral es demasiado bajo. Solo un 0,01% del presupuesto total de la CAPV se destina a esta partida, y una buena parte sirve para garantizar la actividad de determinados agentes sociales en esta materia.
  3. Las instituciones públicas se desentienden. No quieren enfrentarse con los intereses empresariales, y aun cuando las infracciones son constantes, no hay control ni sanciones ejemplarizantes. Aunque la competencia de Inspección de Trabajo fue transferida, la ratio de su personal sigue siendo la mitad de la media europea. Por otra parte, frecuentemente resulta más rentable para las empresas pagar sanciones que implantar medidas eficaces.
  4. En la medida en que las empresas dan prioridad a sus beneficios, la desinversión en los centros de trabajo es absoluta. Con el pretexto de la crisis, lo destinado a medidas de seguridad es irrisorio. Se enriquecen a costa de la salud de las personas trabajadoras.

 

¿Qué exigimos?

  1. Empleo digno y de calidad, que garantice el derecho a volver con vida a casa. Esta es una de las principales responsabilidades de las instituciones públicas, sobre todo en su ámbito.
  2. Cambio radical de las políticas de salud. Se debe romper con las políticas de concertación social que se han revelado ineficaces, incrementar los recursos económicos destinados a salud laboral y destinarlas a políticas reales.
  3. Mayor control sobre las empresas. La mayor parte de accidentes mortales son consecuencia de atrapamientos o caídas. Para hacer seguimiento de las actividades peligrosas es imprescindible que  los recursos humanos de la Inspección de Trabajo y de Osalan se equiparen con la media europea.
  4. Combatir el fraude en torno a las enfermedades profesionales. Para ello es necesario desarrollar un ámbito propio de protección social en la CAPV.

 

Los sindicatos ELA, LAB, ESK, STEILAS, EHNE e HIRU trabajamos de manera conjunta para dar una respuesta unitaria a los accidentes laborales.

Los instrumentos más eficaces de que disponemos para cambiar la situación son la movilización y la acción sindical. Por ello, llamamos a la clase trabajadora y a toda la sociedad a participar en esta movilización, que se desarrollará bajo el lema “NO MÁS ACCIDENTES LABORALES, LA PRECARIEDAD MATA”.   

 

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