Ante la decisión del PNV y el PSE de posponer para septiembre el tramite parlamentario de la reforma de la RGI desde ARGILAN-ESK queremos decir:

  • Seguimos exigiendo la retirada definitiva de la proposición de ley de la RGI presentada por el PNV y el PSE.
  • No podemos celebrar su retraso cuando la única razón del PNV y el PSE para retrasar la tramitación es evitar la derrota parlamentaria y dar tiempo a que al Partido Popular se le pase el enfado de Madrid y en ningún caso existe voluntad de rectificación en el contenido de la propuesta.
  • Que cuando una propuesta es nefasta para la ciudadanía vasca, porque ni acaba con la pobreza y la exclusión, ni con el maltrato de Lanbide y que, por el contrario, traería consigo mucha más pobreza, el objetivo de la oposición parlamentaria de izquierdas no debería de ser el retraso del tramite de la reforma para intentar negociar a la “txikita” sino, exigir su retirada y no posibilitar que siga viva la propuesta.
  • Por ultimo, reivindicamos que sea el contenido de la ILP “por los derechos sociales”, aun siendo conscientes a nuestro entender de los límites de sus propuestas, la base para cualquier negociación que intente lograr una ley que acabe de verdad con la pobreza y exclusión social en la Comunidad Autónoma Vasca.

 

Desde ARGILAN-ESK llevamos muchos años reivindicando una reforma radical de la RGI dirigida a solucionar sus principales carencias:

  • Acabar con la pobreza. Lograr que nadie que sea pobre se quede sin acceder a la RGI o que nadie que acceda a ella siga siendo pobre. Según la Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 2016 (EPDS-2016) del Gobierno Vasco, hay 60.000 personas que, estando en riesgo de pobreza, no perciben la RGI; y otras 63.000 que, percibiéndola, siguen siendo pobres.
  • Acabar con la exclusión, promoviendo medidas de inclusión social y laboral concebidas como derechos independientes de las prestaciones económicas de garantía de rentas.
  • Acabar con la actual gestión que se viene haciendo por parte de la administración vasca de la RGI/PCV/AES. Basta ya de criminalizar, humillar, ocultar datos y, hacer la vida imposible, por parte de Lanbide, a las personas solicitantes y perceptoras de las prestaciones.

 

Para ARGILAN-ESK la Propuesta de Ley para reformar el sistema de garantía de ingresos y la inclusión social, presentada por el PNV y el PSE, el pasado 27 de abril, no responde, en absoluto, a ninguno de los tres objetivos que acabamos de señalar: Ni acaba con la pobreza y la exclusión, ni con el maltrato de Lanbide. Por el contrario, traerá consigo mucha más pobreza, porque:

  • La limitación a una unidad de convivencia (UC) por vivienda expulsará de las prestaciones de RGI/PCV/AES a miles de UC (familias y personas individuales) que se ven obligadas a compartir piso para hacer frente a la carestía de este bien básico.
  • La desvinculación definitiva de la RGI con respecto al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) provocará que, en años futuros, su insuficiente subida, e incluso su reducción, sea más sencilla. Desde que la RGI perdió, de facto, esta vinculación con el SMI en 2012, la cuantía de su recorte en estos siete años ha ascendido al 13,5%.
  • La Renta de Garantía Complemento de Ingresos de Trabajo se va a recortar en su cuantía aumentando así la pobreza de los trabajadores y trabajadoras precarias.
  • Se mantendrán los controles y la persecución a la que Lanbide somete a las personas perceptoras, añadiendo, por ejemplo, la huella digital obligatoria, por más que se sepa que es, además de discriminatoria e indeseable, ilegal por contravenir los derechos a la protección de datos.
  • Aunque es verdad que habrá UC que saldrán beneficiadas (las que cuentan con más de 3 miembros y las monomarentales) su beneficio, en ningún caso, evitará que sean muchas más las que resulten perjudicadas al perder su derecho a las prestaciones de RGI y PCV por no tener medios para vivir solas en una vivienda.

 

Para lograr una ley que acabe con la pobreza, los cambios que para ARGILAN-ESK tendría que abordar una nueva Ley de la RGI/PCV/AES, deberían ser los siguientes:

  • Igualar el importe de la RGI al 100% del SMI.
  • Rebajar el tiempo de empadronamiento previo para percibir la RGI y PCV a 1 año.
  • Otorgar a las AES la consideración de derecho subjetivo.
  • Dejar la edad para cobrar la RGI y la PCV en los 18 años.
  • Avanzar en la individualización del derecho a la RGI-PCV, siempre garantizando las necesidades de supervivencia (umbral de pobreza) de cada una de las personas convivientes, así como la distribución igualitaria de estas prestaciones.
  • Garantizar que los estímulos al empleo (Renta de Garantía Complemento de Ingresos de Trabajo), además de ser ilimitados en el tiempo, no resulten tan escasos que le lleven a la gente que los percibe a caer en la trampa de la pobreza, abandonando los empleos para quedarse sólo con la RGI-PCV.
  • Separar radicalmente el derecho a la inclusión de la RGI-PCV-AES. El derecho a la inclusión, además de ser independiente del derecho a la garantía de rentas, deberá tener dos modalidades diferenciadas, la de la inclusión social y la de la inclusión laboral.
  • Dirigir el régimen sancionador hacia el objetivo de combatir el escasísimo fraude existente en este sistema de garantía de ingresos (0,3% según datos del Gobierno Vasco), e impedir que Lanbide actúe, como hasta ahora, sancionando con la pérdida de las prestaciones a personas que cometen pequeñas faltas burocráticas en el cumplimiento de sus requisitos y obligaciones.
  • La gestión de las prestaciones deben sufrir un cambio radical, entre otras cuestiones:
    • Se deben acortar al máximo todos los plazos actualmente vigentes de que dispone la administración frente a la persona solicitante y/o perceptora.
    • Cuando la administración no conteste en plazo, sólo funcionará el silencio administrativo positivo.
    • La administración no podrá volver a exigir la entrega de documentación que ya ha sido aportada y, tampoco, aquella que puede recabar internamente de otras administraciones con las cuales tiene conexiones telemáticas.
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